Lo que las autonomías esconden

Los problemas financieros de las autonomías españolas, hasta hace poco grandes desconocidas para los mercados internacionales, han pasado al primer plano de sus preocupaciones. Al gran volumen de deuda que acumulan se han sumado los temores a que no haya la suficiente transparencia en sus ejecuciones presupuestarias y puedan acabar aflorando un desequilibrio financiero mucho mayor del admitido, lo que complicaría gravemente nuestro irrenunciable compromiso europeo de equilibrar las cuentas públicas.

Hace unas semanas, era el Fondo Monetario Internacional el que advertía sobre el problema autonómico, pero también lo han hecho analistas y economistas, preocupados porque tras las elecciones se produzca una cascada de rectificaciones para aclarar que la salud de las finanzas autonómicas es peor de lo que sugieren las estadísticas oficiales. La incertidumbre sobre la deuda regional, junto con el limitado crecimiento económico, es lo que ha llevado a la escuela de negocios IMD a relegar a España al puesto 35 en el ránking de competitividad mundial.

Los ajustes que llegan

Las interrogantes sobre si España es capaz de cumplir sus objetivos de déficit este año (6% del PIB) crecen entre expertos y economistas dentro y fuera de nuestras fronteras, por lo que el fantasma de la exigencia de nuevos ajustes y sacrificios a los ciudadanos después de hoy parece que está más cerca y no tanto por el incumplimiento de los objetivos por parte del Estado como de las administraciones territoriales, convertidas a día de hoy en una seria amenaza para la estabilidad . Una amenaza que puede ir a más, lo que dependerá de «lo que se esconda debajo de la alfombra tras las elecciones», según coinciden los economistas consultados por Empresa.

Y lo ocurrido en Cataluña con el cambio de gobierno hace temer que la historia pueda repetirse en otras muchas comunidades autónomas después de hoy. El nuevo gobierno convergente de Cataluña detectó un déficit que prácticamente duplicaba el que había declarado el tripartito . Si esto ocurre en otras autonomías, la necesidad de poner en marcha nuevas y temidas medidas de ajuste puede ser más que inminente teniendo en cuenta también que España volvería a la primera linea de fuego, a estar en el punto de mira de los mercados, lo que entrañaría serios riesgos y resucitaría los temidos fantasmas de la crisis de deuda.

Según se asegura en un estudio realizado por Freemarket Corporate Intelligence el rápido crecimiento de la deuda pública que hasta ahora ha estado oculta podría salir a la luz tras las elecciones y los cambios de gobierno. Los cálculos de esta consultora que dirige el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, son que hay alrededor de 5.200 entes autonómicos y locales con un endeudamiento no incorporado a las cuentas oficiales de alrededor de 26.400 millones de euros. Este endeudamiento «extraoficial» es una estimación a la baja, puesto que solo incluye, según el citado informe, el de las empresas públicas y no se han computado ninguno del resto de los compromisos fuera de balance (contratos de leasing, avales, préstamos alemanes...) dado que no hay forma de conocer sus cifras y que, a la vista de lo que sucedió en Cataluña, «tiene serias posibilidades de alcanzar importes millonarios».

Cifras de infarto...

En el informe «Una estructura territorial insostenible: Las autonomías y los ayuntamientos después del 22M», Freemarket estima que si se incluyese la «deuda extraoficial» en el presupuesto de las administrasciones territoriales, la deuda total de las mismas crecería un 17,5%. Si se toman sólo las comunidades, sería un 15% y, si se acotase únicamente las haciendas locales, sería del 25,6%. Es por estas cifras por lo que el endeudamiento de las empresas dependientes de las administraciones territoriales se han convertido en un problema, sobre todo en los últimos años. Ya representa el 2,5% del PIB y la situación financiera de estas empresas es de suspensión de pagos en un porcentaje cercano al 90%, por lo que la posibilidad de incremento del déficit en cada una de las autonomías por este motivo han cobrado fuerza en los últimos meses.

Siete de las catorce comunidades autónomas que hoy celebran elecciones incumplieron el objetivo de déficit impuesto por Economía (2,4%) para el pasado ejercicio. Baleares, Murcia, Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Lo que se traduce en que no han pasado el examen del departamento que dirige Elena Salgado y tendrán que presentarse a una recuperación, probablemente en junio, para sacar adelante sus planes de reequilibrio presupuestario y... volver a tener autorización para emitir nueva deuda, una tabla de salvavidas para muchas de ellas. Y los números parecen probarlo: durante los últimos 25 años, el endeudamiento de las administraciones periféricas se ha multiplicado por veinte y su participación en el PIB ha pasado de ser un 2,7% en 1984 a un 14,2% en 2010

No hay que perder de vista, además, que el endeudamiento de las administraciones territoriales es más caro y ha crecido más que el del Estado. En promedio, durante la fase alcista del ciclo, la prima de riesgo de las emisiones de deuda realizadas por las administraciones territoriales era de entre 40 y 80 puntos básicos superior a la pagada por el Gobierno central, lo que lleva a asegurar que los mercados han confiado menos en la capacidad de disciplina presupuestaria de las comunidades autónomas.

Que las regiones hayan tenido que recurrir, y de forma reiterada, al mercado de deuda para encontrar financiación da una idea de la gravedad del problema. La guerra del pasivo desatada entre las entidades financieras también llega a los bonos regionales, que han de ofrecer condiciones no menos atractivas para captar los recursos necesarios. Esto se traduce en un incremento de los costes financieros, por lo que este modelo de financiación mejora la liquidez, pero acarrea más gastos a su vencimiento.

Cataluña ha sido la región que más ha recurrido a la deuda, con remuneraciones de entre el 4% y el 5%. En octubre emitió en torno a 3.000 millones de euros, y unos 3.100 entre abril y mayo.

...facturas sin pagar...

La deuda ha tenido en las regiones españolas un crecimiento exponencial, como también lo han tenido los impagos. Tradicionalmente para todas las empresas, contratar con la Administración Pública en cualquiera de sus niveles (estatal, autonómico y local) era un valor seguro. La Administración siempre pagaba... hasta 2009. La deuda por impagos de facturas de las administraciones periféricas podría estar entre los 30.000 y los 40.000 millones, lo que sumado a los 26.400 millones de deuda oculta, arroja un resultado demoledor.

Después de la llegada al gobierno de la Generalitat, tras ganar las elecciones, la nueva administración de CiU se encontró un pastel de facturas que el anterior ejecutivo dejó sin pagar, cuyo importe supone el 6,5% de la deuda oficial de Cataluña, según Freemarket, que no duda en asegurar que esto «no es una excepción» y que «parece que será la tónica general tras las elecciones de hoy».

La situación ha llegado a unos niveles que el Ministerio de Economía decidió que los municipios que a 31 de diciembre de 2009 tuviesen una deuda superior al 75% de sus ingresos no podrían endeudarse este año. Al intentar computar qué ayuntamientos no podían hacerlo resultó un listado de 310 que durante este ejercicio tienen prohibido endeudarse, al menos de forma teórica. Como casos curiosos citar el de Almensilla, un pueblo andaluz que con un presupuesto inferior a 3 millones tiene una deuda superior a los 23,5 millones, es decir, un 801,2% de sus ingresos o Alhabia, también de Andalucía, cuyos ingresos también superan el millón de euros y su deuda asciende a los 3,5 millones, es decir un 300% de los ingresos. El listado podría ser interminable... ninguno de los municipios superaría un simple examen de economía doméstica.

La crisis ha puesto de manifiesto la insostenibilidad del modelo de organización territorial, que conduce a un crecimiento explosivo del binomio déficit/deuda, un modelo en el que es posible gastar y endeudarse sin soportar el coste de subir los impuestos porque alguien, un tercero, pagará el agujero. Y el problema radica en que en un escenario de cierre o semicierre de los mercados financieros y con una economía paralizada, las administraciones periféricas tienen dificultades crecientes para obtener recursos para cubrir su endeudamiento y aquellas con mayores niveles de deuda pueden llegar a una situación de insolvencia. El farolillo rojo está encendido.

...y una reforma pendiente

¿Qué hacer? Lo primero, una revisión radical del sistema de financiación de las haciendas autonómicas y locales. Los expertos consultados demandan reglas presupuestarias que garanticen la disciplina y la estabilidad financiera de comunidades autónomas y ayuntamientos. Coinciden en que sin un marco normativo de esa naturaleza existe el riesgo de que un comportamiento irresponsable de los gobiernos periféricos desestabilice las finanzas del Estado.