Las autonomías desbocan su gasto en sueldos mientras la economía se desinfla

Los gobiernos regionales dedican a pagar nóminas 9.300 millones de euros más que hace cinco años

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Los gobiernos autonómicos volvieron a disparar sus gastos de personal el año pasado, y ya llevan cuatro seguidos engordando esta factura que le cuesta al bolsillo de los españoles más de 77.000 millones de euros al año. Lejano queda aquel ajuste que impuso la recesión económica, cuando la crisis puso al desnudo las críticas debilidades de un gasto público que comprometía la sostenibilidad del sistema. El ajuste no solo fue fugaz en el tiempo sino en su efecto, porque el ahorro que se consiguió ya ha sido fulminado por completo. Y es que, cinco años después de que las autonomías dejaran de estar a dieta, su gasto en sueldos ya es mayor que el que llegaron a acumular antes de que se apretaran el cinturón.

En 2018, los gobiernos regionales se gastaron en personal un total de 77.395 millones de euros, según las cuentas certificadas por la Intervención General del Estado. Es una cifra sin precedentes, un récord histórico. Nunca antes se habían gastado tanto en sueldos las comunidades autónomas. Y a esta escalada no se le atisba freno a corto plazo. Menos aún tras la subida salarial aprobada por el Gobierno en diciembre, que entró en vigor el 1 de enero y que supone para este año un incremento del 2,5% para los empleados públicos.

Las subidas salariales llegan tras años en los que también se han incrementado las plantillas. El resultado de conjunto es una escalada en los costes de personal que recuerda a la que se produjo antes de que estallara la crisis: tanto tiempo llevaban aumentando el gasto en sueldos, y a tal velocidad, que los gobiernos regionales no empezaron a apretarse el cinturón hasta 2010, tras dos años de recesión. Y, ahora, la fuerte expansión de ese gasto público ya empieza a coincidir con un panorama inquietante: la desaceleración.

Baleares, Cataluña y Andalucía son las tres autonomías que más han disparado sus gastos de personal desde 2014

La economía se está desinflando peligrosamente. Con este panorama, ¿la escalada de los costes de personal de las autonomías es un nuevo exceso? «Rotundamente, sí», responde el experto Rafael Pampillón, economista del IE Business School. El cuadro macroeconómico -explica- no solo hace que sea especialmente inoportuna esta escalada del gasto público estructural, sino que lo convierte en sí mismo en una incoherencia. Y es que -argumenta- no tiene sentido que «con una tasa de inflación interanual rondando el 1% -el 1,3% en marzo-, el sueldo de los empleados públicos vaya a crecer un 2,5%». Como tampoco considera coherente «que, en el último año (2018), mientras el empleo en el sector privado ha crecido un 2,7%, en el sector público las plantillas se han agrandado en una tasa descomunal del 4,4%». Y todo esto -indica Rafael Pampillón- cuando el mercado laboral está mostrando claros síntomas de agotamiento, la afiliación a la Seguridad Social crece a un ritmo tremendamente menor que hace un año, el PIB lleva meses perdiendo fuelle, el consumo muestra una acusada debilidad y, por ejemplo, un indicador básico como el ahorro «está en mínimos históricos».

Evolución desproporcionada

La escalada de los gastos de personal en el sector público regional es un fenómeno recurrente. Y su escalada es desproporcionada si se compara, por ejemplo, con cómo ha evolucionado la inflación. Así, en los últimos quince años, las administraciones autonómicas han engordado su gasto en sueldos un 66%, pese a que en el mismo período la inflación ha crecido un 31% y la población activa del país ni siquiera ha aumentado un 15%. En los cinco últimos años, más de lo mismo: España ha perdido población activa -unas 200.000 personas en edad y condiciones de trabajar-, pero los costes de personal de los gobiernos autonómicos se han incrementado un 13,74%, cinco veces más que lo que ha subido el IPC.

Ese fuerte crecimiento del gasto salarial de las autonomías tiene un gran impacto en el agregado del gasto público español. Primero, por la abultada participación que el capítulo de personal tiene en los presupuestos regionales; y, en segundo lugar, porque las autonomías son las administraciones públicas que más gastan en sueldos -gestionan dos competencias muy intensivas en mano de obra, la sanidad y la educación públicas-. Además, como todo coste estructural en el sector público -y así lo demuestran el presente y el pasado inmediato- es sencillo aumentarlo, pero cuesta reducirlo.

Severo mordisco al PIB

El gasto de personal de las autonomías consume más del 6% de la riqueza del país en términos de PIB. Dicho de otra forma: seis de cada cien euros que es capaz de generar la economía española se van en pagar los sueldos del sector público autonómico. Y ese es el promedio nacional, porque hay comunidades en las que los costes de personal de los gobiernos regionales propinan mordiscos mucho más severos en el PIB de esos territorios.

El caso más extremo es Extremadura, donde los sueldos del sector público regional suponen prácticamente el 12% del PIB de esa comunidad. Le siguen Castilla-La Mancha y Andalucía, donde el coste de personal de sus administraciones autonómicas se llevan, respectivamente, el 8,7% y el 8,55% del PIB de esas regiones. En Murcia alcanzan el 8,29% del PIB, y el 8,06% en Cantabria y Asturias. Aunque de forma más discreta, el gasto de personal en términos de PIB también es superior a la media en Galicia, Castilla y León, Canarias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana, según los datos recogidos y certificados por la Intervención General del Estado.

Tras el paréntesis que impuso la crisis, esta escalada del gasto lleva subiendo peldaños desde 2014 de forma ininterrumpida. Las autonomías tardaron dos años en ponerse a dieta cuando llegó la recesión, pero apenas había empezado a remontar el PIB y ya estaban aumentando otra vez sus costes de personal. Con mayor o menor intensidad, es una vorágine a la que se han sumado todos los gobiernos regionales. De hecho, en 2018 solo Castilla y León logró congelar su gasto en sueldos; eso sí, después de haberlo aumentado un 8,7% en los tres años previos.

Extremadura es la que más dedica a sueldos públicos: se tragan casi el 12% de todo el PIB de la región

En perspectiva más amplia, contando el último cuatrienio, las tres autonomías que más han disparado sus gastos de personal han sido, por este orden, Baleares, Cataluña y Andalucía. El caso de la Generalitat catalana resulta especialmente chocante, porque esa escalada de los costes de personal se produce pese a la penosa situación de sus cuentas públicas, zarandeadas por los excesos de sucesivos gabinetes de corte soberanista y sostenidas desde hace años a base del sistemático auxilio financiero del Estado. En cuanto a Andalucía, también es significativo que esté aumentando a tal ritmo su gasto en sueldos siendo, como es, una de las tres regiones que más consumen en sueldos públicos en proporción a su PIB.

En estos cuatro últimos años, el sector público balear ha disparado su gasto de personal un 21,8%, récord absoluto en el panorama autonómico. Cataluña los ha incrementado un 17,7% y Andalucía un 15,1%. La Comunidad Valenciana, por su parte, los ha aumentado un 14,3%. Y entre un 10% y un 14% los gobiernos regionales de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, Galicia y Madrid.

Las que más gastan

En cifras absolutas, Andalucía y Cataluña son las dos comunidades autónomas que más gastan en sueldos públicos. Entre las dos concentran la tercera parte del coste de personal que suman entre todos los gobiernos regionales. Así, Andalucía dedicó el año pasado 13.812 millones de euros a pagar las nóminas y las cotizaciones sociales de todos los que están asalariados en su sector público autonómico. Y la Generalitat catalana tuvo que desembolsar por el mismo concepto 12.174 millones de euros.

Tanto Andalucía como Cataluña son, también, dos ejemplos palmarios de orondos entramados autonómicos. Ambos gobiernos regionales no solo suman una gruesa administración, sino también una larga, cara y controvertida lista de organismos, entes, empresas públicas, fundaciones y consorcios de lo más diverso.