Meritxell Batet, entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, reunida con los consejeros de Presidencia de las CC.AA.
Meritxell Batet, entonces ministra de Política Territorial y Función Pública, reunida con los consejeros de Presidencia de las CC.AA. - JAIME GARCÍA

Las autonomías ya son 30.000 millones de euros más caras que hace seis años

Desde que acabó la crisis han elevado el gasto público un 17% y han disparado la factura de la deuda

ZaragozaActualizado:

Las autonomías van ya por su sexto año de escalada de gasto público. Sin interrupción, desde 2013, cada año que pasa gastan miles de millones de euros más que el anterior. El cinturón que se apretaron forzosamente durante la crisis hace tiempo que está olvidado en el armario del sector público español. Las autonomías ya son 30.000 millones de euros más caras que hace seis años. En 2018 necesitaron del orden de 31.000 millones más para hacer frente a todos los desembolsos en los que se habían embarcado, y esa escalada del gasto sigue subiendo peldaños durante el presente año.

El ejercicio pasado, el sector público autonómico sumó un gasto no financiero de 180.768 millones de euros - 77.000 de ellos en sueldos-. Y, además, los gobiernos regionales tuvieron que desembolsar 32.740 millones para cumplir con sus prestamistas, para pagar los vencimientos de deuda -que cada vez son más abultados-. Esos vencimientos se pagan con más deuda y, encima, cada año se tiene que pedir prestado un dinero extra con el que enjugar el déficit.

Con crisis y sin ella, los gastos de los gobiernos regionales son sistemáticamente mayores que los ingresos. Fruto de la bonanza económica que arrancó en 2014, la recaudación de las autonomías ha aumentado considerablemente. Pero solo una parte de esos ingresos extra se han usado para reducir el déficit; el resto se los ha tragado la expansión del gasto público en el que las autonomías se embarcaron precozmente en 2014, con las primeras brisas de recuperación tras la larga crisis económica.

Números rojos continuos

Esa concatenación sistemática de números rojos ha dejado un agujero de 252.000 millones de euros desde el año 2000. Ni en lo mejor del «boom» económico dejó de haber déficit en los gobiernos autonómicos. Haya más o menos recaudación, el conglomerado público de las autonomías siempre gasta más de lo que ingresa. Basten tres botones de muestra: en el año 2003, en plena expansión económica, las autonomías se anotaron un déficit de conjunto de 3.834 millones de euros; en 2011, con la crisis cayendo a plomo y poniendo al desnudo los excesos del gasto estructural acumulado por los gobiernos regionales, su déficit dejó una cifra récord de 54.811 millones; y en 2018, tras cinco años de crecimiento económico y de ingresos públicos al alza, las autonomías volvieron a hacer corto con lo que habían recaudado y generaron otro déficit de 2.810 millones de euros.

Mientras haya déficit seguirá aumentando la deuda pública. Y ésta hace tiempo que se mueve en niveles preocupantes, por los riesgos económicos que conlleva.

El precio de la deuda

La consecuencia de esa escalada de la deuda -que empezó a cabalgar al galope en los años del «boom» inmobiliario- se nota cada vez más en las arcas autonómicas, que tienen que endeudarse año tras año para pagar las amortizaciones obligatorias de su particular hipoteca. La preocupante evolución de esta «factura» de la deuda deja datos demoledores: en el año 2004, los gobiernos autonómicos apenas tuvieron que desembolsar 2.000 millones de euros para abonar todos sus vencimientos de deuda; en 2013, ese «recibo» ascendió a 18.350 millones; y en 2018 se elevó hasta los 32.740 millones de euros. Es la consecuencia de la persistente práctica de gastar al debe y de forma creciente.

Hace 15 años, los gobiernos regionales dedicaron 2.000 millones a pagar vencimientos de deuda. El año pasado, casi 33.000 millones de euros

Las amortizaciones forzosas de deuda (vencimientos) ya suponen más del 17% de todo el gasto anual ejecutado por las autonomías -al que hay que añadir lo que cuestan los intereses-. Y esas amortizaciones nunca logran aliviar la deuda acumulada, porque se pagan con más deuda, a la que además se suma el dinero extra que se tiene que pedir prestado cada año para enjugar el déficit recurrente que genera el gasto ordinario de las administraciones regionales. Gasto, por cierto, que deja un escasísimo margen a la inversión pública de los gobiernos autonómicos, que sigue por los suelos.

Hace ya muchos años que las inversión está a la cola de las prioridades de gasto de los ejecutivos regionales. Es la parte dirigida a construir equipamientos, mejorar redes de carreteras, levantar colegios, mejorar instalaciones sanitarias... Cuando llegó la crisis, la tijera entró de lleno en el capítulo de inversiones. Pero hace tiempo que quedó atrás aquella recesión y el esfuerzo inversor continúa en mínimos. Lo que sí crece con soltura es el gasto estructural y, en particular, el de personal: las administraciones autonómicas se gastaron el año pasado en sueldos 8.400 millones de euros más que en 2013, un aumento del 16% en cinco años.

Creciente gasto estructural

Desde que acabó la crisis, las autonomías han elevado el gasto público global en torno a un 18%. Entre 2013 y 2018 aumentaron el gasto no financiero un 16,8%, y sigue creciendo: entre enero y mayo de este 2019 ha sido un 2,7% superior al del mismo período de 2018, según las últimas cuentas oficiales publicadas hasta la fecha.

Si se mantiene esta tendencia, las autonomías gastarán este año unos 185.000 millones de euros, del orden de 5.000 millones más que el pasado. Eso sin contar los más de 30.000 millones de euros que tendrán que desembolsar, de nuevo, en vencimientos de deuda.

El déficit recurrente de las comunidades autónomas ha dejado un agujero acumulado de 252.000 millones de euros desde el año 2000

Entre los expertos varían las opiniones ante el incremento del gasto público en el que están incurriendo los gobiernos autonómicos desde que pasó la crisis. El profesor Juan Velarde es de los que más insisten en la necesidad de contener el gasto público de las autonomías, para que no acabe siendo insostenible. Otros justifican abiertamente el repunte del gasto y, en línea con las tesis de los responsables políticos regionales, piden al Estado que les transfiera más fondos para financiar mejor la sanidad y la educación, las dos grandes competencias que son muy intensas en personal y en gasto. Y luego están los que, desde posiciones intermedias, no ven excesivamente preocupante el ritmo al que ha aumentado el gasto público de las autonomías desde que acabó la crisis, pero advierten que hay que meter en cintura el endeudamiento.

Riesgos a la vista

El economista Ángel de la Fuente, de Fedea, cree que, en estos seis últimos años, el aumento del gasto no financiero de las autonomías no ha sido excesivo si se tiene en cuenta la contracción que registró durante la crisis y la marcha de la economía. «Cuando explotó realmente el gasto público de las autonomías fue entre los años 2000 y 2009», afirma. Pero, aunque las cuentas de los gobiernos regionales han mejorado en los últimos años al calor de la bonanza económica, advierte que «siguen siendo frágiles».

Son vulnerables a una eventual recesión y mantienen debilidades «preocupantes», como que «sigan generando déficit cuando estamos en el mejor punto del ciclo económico». Y ese déficit engorda la deuda. «Si hay una recesión, la situación volverá a ser apurada, porque las autonomías tienen mucha deuda y poco margen», afirma Ángel de la Fuente, y subraya que «la situación de Cataluña y Valencia es especialmente preocupante por sus altos niveles de endeudamiento».