El aumento de la economía sumergida por la crisis amenaza la recaudación

Las prioridades y los problemas cambian y es muy probable que este orden vuelva a alterarse en la próxima encuesta fiscal del organismo en verano. Todas las crisis económicas suelen venir acompañadas de un repunte de la economía sumergida y no parece que la recesión en la que ya está España vaya a ser la excepción.

La recaudación, ya maltrecha en tiempos de crisis, es la gran amenazada. En la anterior crisis ocurrió que en la época de vacas flacas aumentó con fuerza la economía sumergida , que posteriormente retornó a la oficialidad en tiempos de bonanza, lo que indica el fuerte componente ligado a las estrecheces económicas. Ello redunda en que cuando comenzó la crisis, la recaudación se desplomó mucho más de lo que lo hizo el PIB nominal y, cuando volvió el crecimiento, los ingresos aumentaron con más fuerza que la propia economía , incluso habiendo deflación y con rebajas de impuestos incluidas.

Mientras las rentas brutas de los hogares crecieron un 4,2% en 2008, las bases imponibles -es decir, la parte sujeta a gravamen- se desplomaron un 3,6%. Esto se repitió año a año: en 2009, las rentas bajaron un 1,7% y las bases, un 3,1%; en 2010 mientras las rentas se redujeron un 2,1%, las bases lo hicieron un 4,5%. Junto a la destrucción de actividad, una parte de la economía dejó de declararse ante las dificultades. Posteriormente, en la recuperación ocurrió lo contrario: en 2014 las rentas de los hogares aumentaron un 0,3%, pero las bases lo hicieron un 1,7%. En 2017 las rentas de las familias aumentaron un 4,2% y, las bases, un 5,3%.

Ahora, cuando la economía se zambulle en la recesión, la mecánica puede ser similar, aunque haya ciertas diferencias. Un informe de ING para inversores señalaba a España como uno de los países que más iban a sufrir por el golpe de la crisis del coronavirus y apuntaba como uno de los factores la economía sumergida. «Los trabajadores en B no tienen protección social y tienen más dificultades para acceder a las medidas aprobadas», señalaban, apuntando que España, tras Grecia, Polonia, Italia, Portugal y Bélgica, era uno de los países europeos con más economía sumergida, con cerca del 20% del PIB .

Según las series del profesor de economía e investigador del Instituto de Banca y Finanzas en la universidad Johannes Kepler de Linz, Friedrich Schneider, España pasó en 2008 de tener una economía sumergida del 18,4% del PIB al 19,5% en 2009, porcentaje que iría bajando los siguientes años.

«La sensación es que en 2008 el fraude fiscal aumentó a lomos de la crisis. Ahora, la situación es distinta, ya que se ha producido una destrucción de la economía sumergida mayor que de la oficial por dos factores: porque todas las operaciones se han hecho con tarjeta por razones sanitarias y esa información la tiene Hacienda; y porque el confinamiento ha afectado de forma brutal a la economía sumergida, sobre todo cuando se limitó el cierre a actividades esenciales. A partir de aquí, con la desescalada es posible que la economía sumergida aumente de nuevo en una situación de crisis», señala el inspector de Hacienda, Francisco de la Torre.

En las previsiones del Gobierno, sin embargo, la recaudación se reduce un 5% cuando en las mismas estimaciones el PIB nominal se va a hundir un 10,1%. La bajada de ingresos que prevé Hacienda es de 25.700 millones. Unas previsiones que ya han motivado un tirón de orejas de la Autoridad Fiscal, que cree que los ingresos caerán 20.000 millones más a lo pronosticado por el Ejecutivo. El director de Fedea, Ángel de la Fuente, eleva esa cifra al entorno de los 80.000 millones de caída total.

Dos medidas pueden alterar este previsible incremento de la economía sumergida. Por un lado, el proyecto de ley de lucha contra el fraude que el Ejecutivo quiere aprobar en breve. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , señaló hace una semana que la intención del Gobierno es acelerar la tramitación de un borrador de norma que reduce el umbral de deuda tributaria con el que saldrán en la lista de morosos los contribuyentes que deben 600.000 euros, y no un millón, al Fisco como hasta ahora, además de que se les permitirá pagar para no salir. También penalizaba el «software de doble uso» y, entre otros aspectos, introducía reducciones a aquellos que paguen antes sus sanciones.

«Es un proyecto poco ambicioso. Entre las novedades positivas está que los declarantes de sus bienes en el exterior incluyan las criptomonedas y que se penalice utilizar cajas registradoras sin el sello de la Agencia Tributaria, para perseguir la contabilidad en B», describe el inspector de Hacienda, José María Peláez, quien reclama medidas adicionales como permitir que los empleados de la Agencia Tributaria puedan actuar de incógnito o el pago a confidentes, como reclama la propia Organización de Inspectores de Hacienda del Estado.

Junto a ello, el Gobierno va a aprobar otra medida que tendrá especial incidencia en el comportamiento de la economía sumergida, como el ingreso mínimo vital. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, señaló que el diseño de la renta mínima tratará que reduzca la economía sumergida.

«Si es compatible con un mínimo de ingresos, entonces puedes declararlos, un incentivo a no engrosar la economía sumergida. Quizá, por la renta mínima haya personas que no estén dispuestas a trabajar de cualquier cosa en negro. El riesgo que se ha visto en este tipo de rentas es que fomentan la economía sumergida y reducen oportunidades de trabajo , pero en una situación como la actual, que no hay empleo, esto no se da. Hay cierto consenso para hacer una renta de emergencia», considera De la Torre. Como fuere, Peláez cree que pese a permitir compatibilizar cierto mínimo de ingresos con la renta, el incentivo está en no declarar a aquellos que superen el umbral por el que se pierda el ingreso mínimo, por lo que aumentará la economía sumergida.

La Agencia Tributaria señala en su plan estratégico que si se parte de que la economía sumergida supone un 11,2% (en base a una de las estimaciones de Schneider, que hizo un cálculo alternativo en base a una metodología macro «más realista») y descontando que mucha de la misma son actividades ilegales que no se podrían transformar en economía oficial , además de que la Agencia Tributaria gestiona el 50% de los ingresos públicos, cree que «solo» podría recaudar un 1,18% del PIB, lo que supone unos 14.160 millones de euros.

Con la desescalada, la economía sumergida volverá a repuntar ante la debilidad de la actividad y el reto será ofrecer alternativas al fraude.