La Audiencia Nacional no ve estafa en la venta de preferente de Caja Madrid y archiva el caso

El juez tenía sobre la mesa querellas contra directivos y las cajas por estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas en emisiones de preferentes entre 1999 y 2009 por 4.740 millones de euros. Lo que Andreu debía esclarecer no es si se vendieron de forma irregular, sino si los gestores emitieron este producto «para paliar, retrasar u ocultar» la insolvencia de ambas entidades. El auto considera que en las emisiones anteriores a 2008, los gestores no solo podían conocer el derrumbe futuro de las cajas, sino que «los preferentistas obtuvieron sin problema la ganancia prevista». Por eso la instrucción se centra en la única emisión posterior a esa fecha, la de Caja Madrid de 2009 por 3.000 millones.

Andreu asume como propios los argumentos de la Fiscalía, que reconoce que los clientes «han sido los principales perjudicados por las compras» de esas preferentes , animados por los empleados de las sucursales, que no les explicaron, «presentuamente» y en muchas ocasiones, el producto de una forma adecuada . El Ministerio Público se muestra «consciente de la importancia del problema» que afecta a múltiples ciudadanos en toda España, que sin duda «se sienten engañados».

Aun así, el auto descarta que exista estafa según la normativa penal, al no demostrarse que los gestores tuvieran ánimo de engañar y que conocieran el derrumbe económico que iba a impedir a los miles de pequeños inversores cobrar su inversión. «Resulta difícilmente sostenible la existencia de una plan preconcebido orquestado» , dice. Es más, el fallo señala que de existir delito, en él estarían implicados la CNMV y el Banco de España por cuanto autorizaron expresamente la emisión.

El juez ha archivado el caso a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público , en un informe, argumentó que la entidad no buscó engañar a sabiendas a los inversores. «Tal posibilidad no era siquiera fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después», alegó la acusación pública en el escrito.

La investigación, que se abrió en junio de 2013 tras una querella del partido político de UPyD, no practicó ninguna diligencia en el último año, recuerda en el auto el magistrado, que da por agotado el plazo máximo para la instrucción. La decisión es recurrible ante el propio juez, en un recurso de reforma, y después ante el Tribunal Supremo .

El auto rechaza además «que los comerciales de las entidades recibieran intrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados», y señala que en general los test de idoneidad «se formalizaron por lo general adecuadamente» . El estallido de la crisis en 2008 cerró los mercados y los inversores institucionales dejaron de comprar las preferentes, lo que llevó a las cajas a colocarlas entre pequeños ahorradores.

Andreu explica que a partir de ese momento la CNMV estrechó la vigilancia, impuso más obligaciones de información y ordenó a Caja Madrid auditar la emisión de 2009. Ante algunas deficiencias en su venta, pero no incumplimientos, el supervisor recomedó a la caja tomar medidas, entre ellas mejorar el test. La CNMV dio por subsanadas esas deficiencias.

«El mencionado cumplimiento no es incompatible con la existencia de numerosas reclamaciones de inversores que manifiestan haber recibido una información verbal contradictoria con los documentos que firmaron», dice el auto, que concluye que «ha podido haber graves deficiencias en la comercialización y que incluso han podido primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes» . Así, Fiscalía y juez, al tiempo que exculpan a los directivos y niegan que presionasen a la red para vender esos títulos, apuntan a un eventual interés de los empleados por vender preferentes para mejorar sus bonus.

Por eso el auto recalca en varios párrafos que los preferentistas pueden ver satisfechas sus reclamaciones en la vía civil. Hasta ahora, Bankia, heredera de esas entidades, ha devuelto 1.697 millones por sentencias judiciales a unos 33.000 inversores, y 1.126 millones a más de 132.800 mediante el artribaje que puso en marcha.