La atomización de la empresa española, un hándicap para competir

El tejido empresarial español se encuentra formado por 3,24 millones de empresas activas, de las que tan sólo el 0,7% cuenta con más de 50 trabajadores, frente al 3% de Alemania o el 1,2% de media de la Unión Europea.

El hecho de que nuestras empresas sean más pequeñas no supone solo que vendan menos, que por supuesto lo hacen, sino que tienen una productividad y una competitividad inferiores a las de sus homólogas de Francia, Alemania o Reino Unido. En productividad, España se encuentra 10 puntos porcentuales por debajo de los tres países mencionados. Esto supone que, además , les suponga más esfuerzo la internacionalización, lo que se traduce en que la facturación del exterior sea diez puntos porcentuales inferior a la media de las empresas del Viejo Continente.

Juan Corona, director general del Instituto de Empresa Familiar (IEF), aseguraba hace unos días que «si las empresas españolas no logran reducir el gap del tamaño con sus homólogas europeas, este tenderá a aumentar ya que, además, supondrá una menor inversión en I+D+i y menos estabilidad en general para la inversión. No hay que olvidar el dato de que España crea y destruye empresas más rápidamente que el resto de países, lo que demuestra que el modelo no es sostenible. La mitad de las empresas españolas desaparece a los tres años mientras que las europeas lo hacen de media en 4 años».

Con todos estos datos sobre la mesa, el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Ignacio Osborne, asegura que «España ha acometido una serie de reformas urgentes para combatir la grave crisis económica vivida desde 2008 y ahora, superada en gran medida esa situación, es un buen momento para hacer reformas de calado a largo plazo en las que tenemos que estar todos juntos: Gobierno, partidos políticos, sindicatos, empresarios y sociedad civil en su conjunto».

En materia de reformas, precisamente, los empresarios familiares lanzaron hace unos días 50 propuestas para hacer una serie de cambios transversales en el país, que van desde la educación, la fiscalidad, el mercado laboral, las Administraciones Públicas y de regulación en general, y todas con el objetivo de favorecer el crecimiento y la creación de empleo.

Uno de los principales cambios que proponen es en el sistema educativo del país, dado que tenemos la tasa de abandono escolar más elevada de la Unión Europea. Corona asegura que «la educación es un problema de Estado, por lo que requiere un pacto de Estado que de solución al problema y no un cambio de normativa cada vez que cambia el partido político que está en el Gobierno, lo que en la práctica ha generado un modelo muy poco estable y cambios continuos».

Como se ha repetido hasta la saciedad en los últimos años desde numerosos estamentos, cualquier mejora del sistema educativo en España pasa por el fomento de la formación profesional, que ahora solo supone el 45% del destino de los estudiantes en nuestro país, frente al 59% de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y al 68% de media de la Unión Europea. A nadie se le escapa que cuanto mejor es el capital humano más tamaño logran las empresas.

La legislación laboral es otra de las eternas reclamaciones de los empresarios, y más concretamente su flexibilización. Los empresarios familiares proponen un contrato fijo único que aglutine las actuales modalidades de indefinido, circunstancias de la producción y obra o servicio determinado, con indemnización creciente en el tiempo. Al mismo tiempo abogan por la flexibilización del contrato a tiempo parcial, con una regulación más abierta, donde el número de horas anuales se pueda repartir a lo largo del ejercicio en función de las necesidades de la producción.

En la misma línea, piden facilitar la movilidad geográfica y funcional y seguir profundizando en medidas de flexibilidad interna de las empresas que permitan no sólo evitar despidos sino, en general, mejorar la capacidad de organización y condiciones del trabajo, adaptándose a las condiciones específicas del trabajador o del propio funcionamiento de la empresa, como la temporalidad o las cargas de trabajo.

Respecto a la Administración, y para garantizar el buen uso del dinero público, las empresas familiares piden la implantación de auditorías privadas, al tiempo que plantean la colaboración del sector privado en la prestación de servicios públicos.

Y, como no podía ser de otra manera, la fiscalidad también ocupa un lugar destacado entre las recomendaciones de los empresarios familiares pero no para reducirla, que sería lo más habitual, sino para simplificarla. En concreto, proponen «revisar todo el conjunto de tributos que afectan a las empresas para eliminar aquellos sin relevancia recaudatoria y que dificultan el crecimiento, simplificarlo y dotarlo de una estabilidad de la que ahora carece. Actualmente las continuas modificaciones legislativas y las numerosas normas estatales, autonómicas y locales hacen prácticamente imposible el conocimiento de todas ellas, con los costes que ello implica. Además proponemos que se analice la posible integración de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social y que se realicen inspecciones conjuntas, con el objetivo de dar un mayor impulso a la lucha contra el fraude».

¿Y qué opina el Gobierno de todas estas peticiones? Pues desde el Ministerio de Economía se trabaja desde hace meses en un estudio en el que se analizarán las dificultades más importantes que enfrentan las pymes para crecer, desarrollarse y consolidarse como empresas. Los aspectos que se analizarán están dentro de las áreas en las que, precisamente, piden reformas el Instituto de Empresa Familiar (IEF) ya que se trata de temas fiscales, laborales, regulatorios y de auditoría.

Este estudio se encarga por parte del Ejecutivo después de que instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieran el foco en este asunto. En concreto, el organismo con sede en Washington aseguró hace unos meses que «en España la baja productividad sigue siendo un reto fundamental a medio plazo ya que el panorama empresarial del país está dominado por la empresa pequeña que suele, además de no exportar tanto, ser menos productiva e innovadora que las empresas de otros países europeos».

La institución multilateral añadía que «las reformas laborales y de los mercados de producto han contribuido a mejorar la competitividad de las empresas españolas, y se estima que añadirán alrededor de 0,5 puntos porcentuales al crecimiento anual de la productividad durante los próximos cinco años. Si bien el crecimiento de la productividad es más elevado que antes de la crisis, habría que incrementarlo más para que España siga registrando a medio plazo un crecimiento del PIB real superior al 2%». Además el FMI recomendaba acelerar la Ley de Unidad de Mercado y avanzar en la esperada liberalización de los servicios profesionales, aplazada en varias ocasiones, apoyar la innovación por medio de inversión privada en I+D, que es baja en comparación con la de otros países europeos, y mejorar la eficacia en el gasto público.

El presidente de la Confederación Española de las Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Antonio Garamendi, reivindicó hace unos días la función social del empresario, ya que, aseguró, las empresas crean el 90% del empleo, lo que las hace imprescindibles para el crecimiento de la economía. Durante la presentación del informe «Top 50 de la empresa mediana española», Garamendi defendió también una menor carga fiscal para las empresas que permita mejorar la competitividad de la economía. El estudio ha sido elaborado por el Círculo de Empresarios, cuyo presidente, Javier Vega de Seoane, destacó que «uno de los problemas que tiene España es la dimensión de la empresa, puesto que solo el 0,1% es grande (más de 250 trabajadores) y solo el 0,6% es mediana».

En cuanto a la fiscalidad, insistió en que es una de las principales trabas con las que se encuentran los empresarios y que provoca que en España haya una menor vocación empresarial, algo en lo que coincidió Vega de Seoane, que destacó que el país está «muy mal posicionado en los índices de competitividad fiscal». El presidente del Círculo ha pedido al Ejecutivo «que no se siga concentrando en ordeñar a las mismas vacas», mientras que Garamendi ha lamentado que España es el país de los derechos «donde lo tienen que pagar todo los ricos, pero que siempre se pregunta quiénes son esos ricos». Entre 2010 y 2014, las compañías del Top 50 que elabora el Círculo de Empresarios han experimentado un crecimiento acumulado de ventas de un 37%, por encima del 2% que corresponde al conjunto de las empresas medianas, hasta alcanzar una facturación de 5.800 millones de euros en 2014. El 50% de estas compañías han repetido en la clasificación, mientras que otras 25 se han incorporado por primera vez, y de estas últimas algunas eran pequeñas empresas en 2010.