Asuntos Internos asegura que Villarejo no se sirvió de bases policiales para espiar a Del Rivero

«Entre la documentación relacionada con la ejecución del Proyecto Wine no se había identificado con claridad (al contrario de lo que sí sucede y se ha podido constatar en otros proyectos de investigación/inteligencia objeto de investigación en diferentes piezas separadas) aquella que pudiera haberse obtenido de ficheros policiales, habiéndose acreditado, por el contrario, que parte de la información comercializada por Cenyt se había obtenido de archivos ajenos al Cuerpo Nacional de Policía , algunos de ellos públicos y otros de carácter restringido en la medida en que afectaban a derechos fundamentales de terceros (en particular, derecho al secreto de las comunicaciones)», reza el documento que obra ya en la causa, al que ha tenido acceso ABC.

El escrito de Asuntos Internos resalta que Villarejo ya «venía obteniendo con carácter habitual» informaciones como el tráfico de llamadas de una persona. Eso implica, a su juicio, que tenía acceso a dichos datos, lo cual atribuyen que se llevaba a cabo a través de su socio el también comisario Enrique García Castaño , que «disponía del contacto habitual con las compañías telefónicas».

Sin embargo, en todo caso, las peticiones que realizaba el comisario Villarejo no obedecían a ninguna investigación oficial cuyo acceso a registros telefónicos viniera avalado por un juez. Se explica que «no se disponía de autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales» que se requiere en todos estos tipos de supuestos.

Esta pieza separada número 21 del caso Tándem por las actividades llevadas a cabo por y con Villarejo abarca los años 2011 y 2012. Se trataba de frustrar una alianza de Sacyr con la petrolera mexicana Pemex que habría permitido a Del Rivero tomar el control del accionariado de Repsol , donde Caixabank era accionista de referencia. El precio, 389.400 euros, a cambio de los cuales se hicieron seguimientos y se recogieron tráficos de llamadas y datos privados de Del Rivero y otros implicados en la acometida empresarial con Pemex.

Así las cosas, en la causa están imputados, más allá de los distintos exjefes de Seguridad de las compañías, los por entonces presidentes de Caixabank y Repsol, Isidro Fainé y Antonio Brufau . Ambos declararon en sede judicial hace varias semanas, descargando responsabilidades sobre sus jefes de Seguridad.