Los asesores fiscales perciben un uso electoral de los impuestos autonómicos

En la presentación de la XVI edición del estudio «Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017» , elaborado por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), el órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas, se ha puesto de manifiesto cómo las Comunidades Autónomas han hecho uso de su capacidad normativa en los tributos que tienen cedidos, produciéndose muchos cambios en las distitas figuras, aunque, eso sí, con requisitos muy concretos, lo que tiene un efecto secundario claro: «dificulta el control» , advierten los Asesores. Además, en muchos casos las deducciones se pueden aplicar a colectivos muy pequeños y «tienen una importancia económica individual y colectiva muy reducida», asegura el informe.

Tanto es así que «en algunos casos es muy probable que la recaudación del impuesto no llegue a cubrir los costes derivados de su establecimiento y recaudación», concreta. Según ha advertido Pich, «aprobar impuestos vale mucho dinero y provoca conflictos a nivel judicial que también conllevan un gasto». Por ello, ante la actual estructura fiscal autonómica, con 79 impuestos propios y el anuncio de nuevos impuestos medioambientales, urge una «revisión en profundidad del sistema, excesivamente complejo ».

En este sentido, Pich se ha mostrado muy partidario de la «necesaria reforma del sistema de financiación autonómica» porque el actual «no es transparente» y los resultados que arroja son «arbitrarios, manteniendo unas diferencias que no se explican por las necesidades de gasto». El informe, de hecho, tacha al actual sistema de «espeso e incomprensible» y que «fomenta debates territoriales e institucionales estériles» .

La apuesta de los Economistas pasa por la supresión del Impuesto de Patrimonio y una mayor igualdad, al menos en lo que se refiere a los tipos mínimos, en el de Sucesiones . Y es que, en el caso concreto de este impuesto, así como en el de Patrimonio, las diferencias entre las Comunidades son abismales . Así, por ejemplo, para el caso de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, las diferencias oscilan entre Andalucía, en la que se pagan 164.049,35 euros y Canarias, en la que solo se abonan 134,23 euros, al tenerlo bonificado en un 99,99%.

La situación se repite en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio. Mientras que en Madrid -que sigue manteniéndose como un oasis fiscal con respecto al resto de las comunidades - el pago es cero, al estar completamente bonificado, para un patrimonio de 800.000 euros en Aragón se pagan 1.164,37 euros. La diferencia es aún mayor en el caso de los patrimonios de 4 millones y de 15 millones, siendo en este caso Extremadura la región donde más se paga por este gravamen en ambos casos, con 59.919,56 euros y 418.155,6 euros, respectivamente.

Menor es la diferencia en lo que al impuestos sobre la renta se refiere. El informe realiza una comparativa de lo que pagan los contribuyentes por IRPF en las diferentes comunidades autónomas y concluye que para una renta de 45.000 anuales, el coste previsto para este año se eleva a 9.891,33 euros en Extremadura, mientras que en Madrid no supera los 9.306,29 euros.

«Hay que hacer tipos mínimos y a partir de ahí que cada uno se espabile» , ha apuntado Pich, al tiempo que el presidente del Reaf, Jesús Sanmartín, ha subrayado que «lo que recauda de verdad son los grandes impuestos, tampoco hay que hacer piruetas, ya que Sucesiones recauda relativamente poco». «Los grandes impuestos nutren gran financiación al Estado y las autonomías», ha agregado.

Según desvela el documento, la mayor parte de los ingresos impositivos de las CC.AA. corresponden a la participación en los grandes impuestos y sólo en el IRPF tienen alguna capacidad normativa . En concreto, los ingresos impositivos por los grandes impuestos supone el 83,36%, distribuido entre el IRPF (35,7%), IVA (31,62%) e Impuestos Especiales (16,04%).

No obstante, las desigualdades entre regiones oscilan, en el caso del IRPF y según las rentas, entre el 6% y el 21%, mientras que en el caso de Transmisiones Patrimoniales pueden variar las máximas entre el 40% y el 67% y en Actos Jurídicos Documentados son de hasta el 100%. Igualmente, en el Impuesto de Patrimonio y el de Sociedades las diferencias pueden ser «radicales».

Como fuere, el color del Gobierno también tiene un efecto sobre la deriva fiscal de la Comunidad . Según la comparativa elaborada por el Reaf, sólo tres autonomías subieron los impuestos en 2016, si bien los tres estaban gobernados por alianzas del PSOE y Podemos. Se trata de Castilla La Mancha, que ha endurecido el impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales Onerosas. También Extremadura, con alzas en el Impuesto sobre el Patrimonio, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados. Y, por último, la Comunidad Valenciana (gobernada por PSOE, Compromís y Podemos), donde se han subido el IRPF a las rentas superiores a los 110.000 euros anuales (aunque simultáneamente se han bajado para las rentas bajas y medias), así como Sucesiones y Donaciones.