Las aseguradoras quieren bajar la tasa con que se financia su fondo de garantía

El planteamiento no es baladí porque afectará al precio de las pólizas que pagan los clientes. Una pequeña parte de la prima de los seguros de coche, hogar, vida y decesos, entre otros, se destina a financiar ese Consorcio, entidad que en caso de una catástrofe como un terremoto o un siniestro sufraga los daños que las aseguradoras no cubren , y que da cobertura básica a consumidores a los que las compañías privadas se niegan a asegurar.

La situación de superávit de ese fondo permitió ya el año pasado rebajar ese recargo, por ejemplo, entre un 28% y un 50% en el caso de las pólizas de vehículos . Así, por ejemplo, los turismos pasaron a abonar 2,1 euros, los camiones 9, los vehículos industriales 10,5 y los conductores de motocicletas abonan ahora 0,3 euros. Además, el recargo para el fondo del seguro oblitario bajó del 2% al 1,5% de la prima .

La situación patrimonial del Consorcio, debido a la baja siniestralidad por no ser España un país de grandes catástrofes naturales y a la reserva de beneficios —gana más de 300 millones al año—, sigue mejorando año a año. Al cierre de 2015, último dato disponible, el CCS acumulaba 8.135,6 millones de reserva de estabilización para los riesgos asegurados, y el fondo para la liquidación de entidades superó los 1.866 millones de euros.

Esa holgada posición hace pensar a las compañías aseguradoras que hay margen para una reducción adicional. De esta forma se compensaría la creación de la tasa con la que se financiará la nueva autoridad independiente de seguros, que de una forma u otra acabará repercutiéndose en las pólizas, aunque el impacto de estos recargos es cuestión de unos pocos euros.

Lo previsible es que esa tasa de financiación de la nueva Dgsfp que abonarán las compañías irá en función de la cuota de mercado de cada grupo asegurador . En concreto, y según el planteamiento de la industria, la definición de ese recargo debería tener en cuenta el volumen de primas de no vida y de vida-riesgo de cada aseguradora, y las provisiones técnicas en el caso del negocio de vida-ahorro. Así el sector se aseguraría que no se genera una distorsión de la competencia por tipo de producto.

Las compañías de seguros no serán las únicas que contribuirán a la financiación de la nueva institución, sino que lo lógico es que alcance a todos los sujetos supervisados. Esto, como ya avanzó también ABC en exclusiva, obligaría también a las gestoras de planes de pensiones y a los mediadores — agentes exclusivos y corredores de seguros — a pagar el organismo supervisor.

La creación de un organismo supervisor independiente, especializado y financiado por las propias compañías, sacando a la Dgsfp de la órbita del Ministerio de Economía, era una vieja aspiración del sector asegurador y una demanda continua a España de organismos como el FMI .

El Gobierno ha decidido abordarla en esta legislatura y en el marco de una reforma más amplia del modelo regulador y supervisor que incluirá la escisión de la actual CNMC en dos autoridades y la puesta en marcha de una agencia de protección del consumidor financiero . Esta reforma, pactada ya por el PP con Ciudadanos, está aún en una fase muy incipiente. Economía lanzó el proyecto a consulta pública en marzo, pero aún no hay noticias del anteproyecto de ley. Esto hace pensar que difícilmente el nuevo modelo se ponga en marcha antes de final de año.