Industria confirma que cada hogar pagará 20 euros por la reantenización de la TDT

El secretario de Estado de Telecomunicaciones anuncia una "simplificación fiscal" pero no una rebaja tributaria a los operadores de telefonía del país

SANTANDER Actualizado:

Ya había avanzado el Gobierno que el nuevo "apagón" de la Televisión Digital Terrestre (TDT) lo sufragarán por completo los consumidores. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, y como ya informó este diario, ha cifrado este jueves en unos 20 euros por hogar el coste que deberá asumir cada hogar del país por cambiar o resintonizar su antena como consecuencia del llamado "dividendo digital", proceso por el cual parte de las frecuencias que hoy usan las televisiones para retransmitir serán asignadas a las operadoras de telefonía para que presten conexiones móviles de alta calidad (4G).

Calvo-Sotelo ha explicado que las dos únicas formas que contemplaba el Ejecutivo popular para abordar la renovación de las instalaciones de los 1,2 millones de viviendas que se verán afectadas eran bien cargar esa factura a los ciudadanos vía impuestos bien que los propios usuarios la afronten directamente contratando por su cuenta a un istalador profesional, opción finalmente elegida.

En todo caso, la cantidad final a abonar dependerá del tipo de vivienda (unifamiliar o comunidad de vecinos), así como de la antigüedad del inmueble y de la instalación.

"Lo van a pagar los españoles, así que lo que importa no es el cómo sino cuánto se va a pagar", ha dicho en Santander, durante el XXVI Encuentro de las Telecomunicaciones, organizado por Ametic y la UIMP, el secretario de Estado, que asegura que ese coste será "muy inferior" al previsto inicialmente. Defendía así que la factura del plan del "dividendo digital" del actual Gobierno, estimada en unos 300 millones de euros, es inferior al programa diseñado por el Ejecutivo socialista, que estimaba su coste en 800 millones. Calvo-Sotelo ha garantizado además que la factura del próximo "apagón", que prevé que se produzca dentro de 5 o 6 años, sea también inferior.

Para ello, el gabiente de Rodríguez Zapatero había comprometido a costear el proceso parte de los 1.650 millones de euros que ingresó con la subasta de las frecuencias que serán entregadas a los operadores móviles. El Gobierno de Mariano Rajoy empleó esos recursos en reducir parte del déficit público actual.

Simplificación fiscal a las "telecos"

La imposibilidad de destinar fondos de las arcas públicas a este asunto obliga al Ministerio de Industria a trasladar su coste a los usuarios. Con igual argumento, Calvo-Sotelo ha rechazado la posibilidad de acometer una rebaja fiscal a los operadores de telefonía, que han solicitado por ejemplo, y con el objetivo de fomentar las inversiones, la supresión del canon para financiar a RTVE y las tasas por uso del dominio público, por ejemplo.

"Una de las ideas que barajamos de cara a la nueva Ley General de Telecomunicaciones es una simplificación de la fiscalidad de los teleoperadores, pero hablar de una reducción en estos momentos no es posible", ha dicho Calvo-Sotelo, quien ha avanzado que "probablemente ese mes" la norma será llevada al Consejo de Ministros para su aprobación.

El regulador único, en un mes

También en las "próximas semanas" se llevará al Parlamento el proyecto de integración de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en el nuevo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aglutinará a los reguladores de competencia, la energía, las telecomunicaciones y el servicio postal, ahora organismos independientes. El próximo mes será el Consejo de Ministros el que apruebe ese traspaso, ha avanzado el secretario de Estado.

Donde si parece estar de acuerdo el Ministerio de Industria con el sector es en la necesidad de abordar la situación legal y fiscal de provvedores de contenidos y servicios de internet, como Whatsapp, Skype y Google, que los operadores califican de "privilegiada" y piden que se regule. Al respecto, Calvo-Sotelo ha explicado que este asunto ya está siendo discutiendo tanto en la Unión Europea como en la OCDE y que de tomarse alguna decisión se hará a nivel internacional. "Somos partidarios de estudiar el asunto pero lo que no se puede hacer es tomar medidas a nivel nacional y de forma unilateral, fundamentalmente porque no sirven de nada", ha dicho.