La antigua cúpula de Novacaixagalicia ingresa en prisión por las prejubilaciones millonarias

Los ex altos cargos de la caja gallega condenados son José Luis Pego , que recibió 8,7 millones como indemnización; Óscar Rodríguez Estrada (0,24 millones) y Gregorio Gorriarán (5,3 millones), a los que se atribuyó los delitos de administración desleal y apropiación. Además, el tribunal condenó al expresidente Julio Fernández Gayoso y el asesor laboral de la entidad Ricardo Pradas como cooperadores necesarios para la fijación de esas cuantías, y absolvió a Javier García de Paredes, que había devuelto los 5,6 millones que recibió tras su cese.

A los cinco condenados la Audiencia impuso en octubre de 2015 la pena de dos años de cárcel, la devolución de las cuantías defraudadas y una multa económica. El pasado septiembre el Tribunal Supremo no solo ratificó ese fallo, sino que concluyó que esas penas eran «exiguas» por la gravedad de la conducta de los banqueros. Los cinco pidieron la suspensión de la condena, pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal se la ha denegado y ayer mismo los envió a la cárcel.

Lo habitual es que en caso de una condena de dos años los afectados no entren en prisión si no cuentan con antecedentes penales, como es el caso. Es lo que sucedió, por ejemplo, con los antiguos gestores de Caixa Penedés, que también se atribuyeron pensiones irregulares millonarias y fueron condenados, pero no llegaron a entrar en prisión . Sin embargo, en este caso la gravedad de los hechos ha llevado a la Audiencia Nacional a imponerles a estos banqueros el cumplimiento efectivo de la pena de prisión.

En esa decisión ha influido, según fuentes judiciales, el hecho de que ninguno de ellos ha devuelto por ahora las cuantías —14 millones— que se les reclamaba en la sentencia de octubre de 2015 . Además, el tribunal especializado tiene en cuenta que tienen todavía causas pendientes con la Justicia.

Pero sobre todo ha pesado la valoración que al Supremo acaba de hacer de las penas y que considera que se quedaban cortas a la vista de los hechos enjuiciados. La Audiencia les condenó en 2015 por un delito de administración desleal, en concurso con uno de apropiación indebida , al considerar probado que perjudicaron a la entidad en beneficio propio: mejoraron sus contratos de alta dirección ante su previsible salida, pues se adjudicaron esas cuantías cuando ya conocían la mala salud financiera de Novacaixagalicia y consciente de que previsiblemente sería relevados en sus cargos. Además, aprobaron esas cuantías en plena crisis económica.

El Supremo, al ratificar la sentencia, añadió que esos hechos no se podían considerar «meros excesos o abusos», y acusó a los condenados de ejecutar «inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal» a través, dijo, «de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de su facultades de administración».

Pego, Gorriarán y Estrada firmaron unos contratos de alta dirección nueva en 2010, en plena fusión de las dos cajas gallegas que dieron lugar a Novacaixagalicia, y cuando el grupo ya había reclamado 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para afrontar esa integración y cubrir sus debilidades financieras. Menos de un año después, en el otoño de 2011, la entidad nacionalizada por el Banco de España, y posteriormente, en 2012, apuntalada con más dinero público en el marco del rescate bancario español.

Hasta la fecha, el rescate de Novacaixagalicia, entidad vendida después a Banesco y rebautizada como Abanca, ha costado al erario público 8.269 millones, más otros 511 millones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) .