Sede de Lukoil en Moscú. /Archivo
Sede de Lukoil en Moscú. /Archivo

Anticorrupción acusa a uno de los propietarios de Lukoil de pertenecer a la mafia rusa

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EUROPA PRESS |
MADRIDActualizado:

La Fiscalía Anticorrpución sostiene en su escrito de acusación de la denominada 'Operación Avispa' que Zakhar Kalashov -uno de los propietarios de la petrolera rusa Lukoil, que negocia la adquisición del 30% de Repsol YPF- es un "ladrón en ley" de la mafia rusa. Pide para él 12 años de cárcel por los delitos asociación ilícita y blanqueo de dinero.

El escrito, que fue presentado el pasado 28 de octubre, sostiene que Kalashov poseería una parte significativa de una de las sociedades más grandes rusas de petróleo, es decir, la empresa Lukoil y estima que su fortuna supera los 200 millones de euros. Parte de su patrimonio son numerosos inmuebles en varias localidades españolas y de Estados Unidos, así como en Moscú (Rusia) y Tbilisi (Georgia).

En la documentación que obra en la causa se constata que Kalashov estaba relacionado con el también imputado Tariel Oniani, que habría hecho cargos junto a su cónyuge en una cuenta del banco SBS que fueron sufragados por Lukoil.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Kalashov, que utilizaba los alias de 'Shakro el Joven' y 'Shakro el Kurdo', tenía desde 1980 el título mafioso de "ladrón en la ley", otorgado por los líderes de las principales organizaciones criminales de la ex Unión Soviética. Según la Fiscalía, entre 2002 y 2006 fue jefe de varios grupos que operaban en Georgia y Moscú (Rusia) con los nombres de 'Solntsevo', 'Solntsevskaya' o 'Hermandad de Solntsevo' y 'Domodedovo'.

Protección criminal a empresarios

A pesar de que no tenía "trabajo ni medios lícitos suficientes para tener patrimonio alguno", el informe del fiscal sostiene que Kalashov era "uno de los ladrones en la ley de mayor influencia en la criminalidad organizada gestada en la antigua Unión Soviética", gracias a lo cual contaba con una cantidad de bienes "sobresaliente". Como ejemplo, la Fiscalía destaca que disponía de una tarjeta de crédito elaborada con titanio cuyas condiciones previas en Estados Unidos requerían gastar al año más de 200.000 euros.

Entre los acusados también se encuentran el hombre de confianza de Kalashov, Oleg Vorontsov; su abogado, Alexander Gofhstein; el también presunto miembro de la organización mafiosa Konstantin Asatiani y el funcionario español de Hacienda Carlos Antonio Fernández Asensio, que presuntamente colaboró con ellos en las actividades de blanqueo.

Entre las labores que, según el fiscal, desarrollaban las organizaciones que estaban a su cargo estaban las de ofrecer protección criminal a empresarios de distintos sectores a los que se garantizaba el asesinato de sus competidores, controlar los principales casinos de Moscú o lograr lo que denomina "optimización de las condenas", en referencia a la prestación de favores a representantes de las fuerzas de orden público y los órganos judiciales a cambio de reducir las penas de sus allegados.

Al menos desde 2003 la organización contaba con varios miembros en España que utilizaban las citadas sociedades para invertir el dinero ilícitamente conseguido en la compra de inmuebles en las provincias de Alicante y Málaga, que en algunos casos les llegaron a costar 730.000 euros.

Una vez detenido, Kalashov intentó mejorar su situación en España, como demuestra una conversación telefónica que se le grabó en la que proponía regalarle al juez de Vigilancia Penitenciaria "iconos sencillos", dado que había sabido que los coleccionaba.

Blaqueo en España

En la segunda fase de la 'Operación Avispa', en la que se incluye esta petición de pena, la Fiscalía Anticorrupción solicita entre 3 años y 10 meses de cárcel y 12 años y 2 meses para 12 presuntos miembros de la mafia georgiana, a los que acusa de la comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y falsedad de documento mercantil.

El Ministerio Público sostiene que la organización de Kalashov generó entre 2003 y 2006 "importantes cantidades de dinero" que se obtenían del tráfico de drogas y armas, los asesinatos por encargo, la extorsión, el contrabando y el control de los principales casinos de la Federación Rusa. Estas sumas, posteriormente, se blanqueaban en España a través de varias sociedades creadas al efecto.

En concreto, la Fiscalía solicita 12 años y 2 meses de cárcel y una multa de más de 32 millones de euros para Kalashov y penas menores para sus subordinados: 9 años y 3 meses para Konstantin Asatiani y Oleg Vorontsov, 7 años y 9 meses para Mikhail Mdinarazde, 7 años y 4 meses para Carlos Antonio Fernández Asensio, 7 años y 3 meses para Alexander Gofshtein, 6 años para Angel Blanco Yáñez y María Flor Casado, 5 años y 1 mes para Juan Manuel Cantarero, 4 años y 10 meses para Alexander Minin y Natalia Serova, y 3 años y 10 meses para Olena Gotsulenko.

Además, pide el sobresimiento de la causa contra los imputados Mari Cruz Blanco Yáñez e Ignacio Ballesteros, al no haberse acreditado que conocieran las actividades del grupo, y solicita la disolución de las sociedades que la organización controlaba en España para blanquear el dinero (Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Mijas Invest Development, Investa Development, Megabetta V&N, Mijas Paradise Business Development y SDI Desarrollos Inmboliarios Estepona).

La segunda fase de la 'Operación Avispa' se desarrolló en noviembre de 2006 y finalizó con el ingreso en prisión incondicional de Vorontsov, Gofhstein, Asatiani y Fernández Asensio. A estas detenciones se unió la de Kalashov, que fue arrestado en Dubai en mayo de 2006 y posteriormente extraditado a España. En la primera fase, que se produjo en junio de 2005, la Policía detuvo a 28 personas, entre los que se encontraban 22 'capos' de las mafias de la antigua URSS acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En esta actuación se realizaron 41 registros y se bloquearon más de 800 cuentas bancarias pertenecientes a 42 entidades bancarias distintas.