La ampliación del Canal de Panamá, la obra del siglo que puede dar pérdidas

Con más de cien años de antigüedad, el Canal de Panamá estuvo administrado por Estados Unidos hasta diciembre de 1999. En esa fecha cedió la gestión a Panamá , en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, que reconocieron en 1977 la soberanía del país sobre su territorio. En 2006, el Gobierno de Panamá aprobó la primera ampliación de la historia del canal tras convocar un referendo entre los panameños que contó con el apoyo del 77,8% de los votos. Sin embargo, más del 50% de la población se abstuvo.

Tres años más tarde, el GUPC, constituido por la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, obtuvo la licitación del proyecto de la ampliación , basado en la construcción del tercer juego de esclusas. El precio fue de 3.118 millones de dólares. Inicialmente.

Después de varias licitaciones más (proyecto CAP-4 de excavación de 6,1 kilómetros del nuevo cauce), el grupo subcontrató en mayo de 2011 a la italiana Cimolai para construir las nuevas 16 compuertas de 33 metros, las de mayor altura , y de apertura lateral rodante. Un año más tarde, se desarrollaron varios conflictos que estuvieron cerca de suspender la obra.

El 16 de enero de 2012 se produjo un paro de seis días de cerca de 6.000 obreros que obligó a paralizar la construcción . Los empleados reclamaban el pago de horas extras, mejoras salariales y contar con días libres. Aunque ya se habían producido dos huelgas similares con anterioridad, esta fue la que tuvo mayor repercusión. El conflicto se solventó con un aumento del 13% en el sueldo de los trabajadores, pero tres meses más tarde hubo nuevos paros como forma de protesta por el fallecimiento de un trabajador en la obra. Se garantizaron mejoras en la seguridad y la ampliación se retomó.

Fue en julio de ese mismo año cuando se produjo una de las mayores disputas en el proyecto. El GUPC presentó una reclamación ante la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que pedía ampliar el plazo para finalizar las obras y una compensación de 588 millones de dólares por los atrasos, sobre todo el vertido de cemento en las esclusas.

En diciembre de 2013 se repitió una nueva reclamación económica del GUPC, en este caso de 850 millones de dólares . La imposibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades panameñas provocó que el grupo suspendiera las obras el 5 de febrero de 2014, al tiempo que el presidente del país , Ricardo Martinelli, exigía a los gobiernos de España e Italia que las empresas del GUPC continuaran trabajando en la ampliación. Después de varios encuentros, a finales de febrero se logró un acuerdo que permitió retomar los trabajos.

La tranquilidad no duró mucho en el Canal, ya que una huelga general indefinida convocada por el principal sindicato de la construcción panameña provocó una nueva paralización de los trabajos. Los paros estuvieron vigentes durante 15 días, con unas pérdidas aproximadas al millón de dólares diario .

Si bien en verano de 2014 se estableció diciembre de 2015 como fecha para finalizar la obra, una anomalía en una pared de la nueva esclusa y nuevos retrasos en los pagos obligaron a retrasar esta fecha. No fue hasta marzo de 2016 cuando el administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano , anunció de forma oficial que la ampliación de la vía interoceánica será inaugurada el 26 de junio.

Por el camino, Sacyr ha estimado unos sobrecostes superiores a los 2.300 millones de euros para el grupo liderado por la constructora. Unas cifras que provocan que la obra más ambiciosa del siglo XXI ofrezca, a un mes de su inauguración, dudas sobre su rentabilidad.