Alud de peticiones en el fondo de rescate del Gobierno a cuatro meses de su fin

Así las cosas, la SEPI dispone hasta el 31 de diciembre para resolver todos los expedientes en cola, según lo dispuesto por Bruselas, que es la que tendrá la última palabra sobre una posible prórroga. La Comisión Europea ha venido avalando durante el último año las extensiones de los mecanismos de apoyo de los Gobiernos comunitarios a sus economías, pero aún se desconoce su criterio de cara al próximo año.

De hecho, el Gobierno ya prorrogó el mecanismo en marzo ante el aluvión de peticiones recibidas durante los primeros meses de 2021 y los retrasos en los expedientes ya acumulados del año anterior. En este sentido, la propia SEPI reconoce en las cuentas del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, a las que ha podido tener acceso este periódico, que al cierre de 2020 esperaba otorgar ayudas por un valor de 3.000 millones de euros, «un 66% en forma de préstamos participativos y ordinarios y el resto en forma de capital». Sin embargo, la realidad es que al finalizar el año pasado el organismo únicamente formalizó la operación de rescate a la aerolínea Air Europa , a la cual desembolsó los 240 millones del préstamo participativo -de los 475 millones en total-. Esta partida es el único gasto que figura en su balance del año de la pandemia.

Porque la tarea está siendo más ardua de lo proyectado inicialmente, cuando a principios de julio del año pasado el Gobierno anunciaba a ‘bombo y platillo’ su instrumento estrella para salvar a las grandes empresas y, con ellas, a miles de empleos.

Desde entonces la SEPI y el Consejo de Ministros solo han aprobado cinco rescates. El de Air Europa por 475 millones; la de la agencia de viajes también vinculada al grupo Globalia, Ávoris, por 320. Además de los de Duro Felguera (120), Tubos Reunidos (112,8) y Plus Ultra (53). Unos préstamos que suman un total de 1080,8 millones, apenas el 10% del capital total del fondo (el 23% del solicitado) dotado con un montante de 10.000 millones de euros.

A la espera permanecen empresas de todos los sectores, que reclaman algo más de 3.000 millones de euros. La que más capital requiere al fondo es la siderúrgica Celsa , que pide 700 millones. También Abengoa, con 249 millones o Técnicas Reunidas, la última en anunciar su petición, con 290. Una buena parte de las solicitudes corresponde al sector hotelero. Así, Hotusa pide 200 millones; Hesperia 55; Room Mate 52; Soho 32 y Abba 30. Otras grandes compañías turísticas como Wamos (75 millones ), la aerolínea Air Nostrum (103) o el grupo de transportes Juliá (37) también pide fondos.

Un atranque que tiene su origen en la crisis desatada en el seno del holding público tras el rescate a la aerolínea vinculada a empresarios chavistas, Plus Ultra. Las ayudas a esta compañía desataron una ola de denuncias desde los partidos de la oposición que acabaron en los tribunales con acusaciones al consejo gestor de la SEPI de malversación y prevaricación, como fue en el caso de la denuncia de VOX que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Una demanda que posteriormente desató el bloqueo a la llegada del préstamo participativo de 34 millones a la aerolínea, medida cautelar que finalmente desbloqueó el juez sustituto del mismo juzgado madrileño la semana pasada.

Pero la huella de la polémica provocó que funcionarios de la SEPI se negaran a seguir firmando más expedientes ante posibles demandas como sucedió con la aerolínea, lo que desembocó en más de cuatro meses sin la aprobación de nuevos rescates. La minsitra de Hacienda -ministerio del que depende la empresa pública-, María Jesús Montero, quiso hacer entonces borrón y cuenta nueva nombrando a Belen Gualda como nueva presidenta de la SEPI a finales de marzo. Hasta entonces, el organismo y el propio consejo gestor del fondo venían pilotados por Bartolomé Lora , vicepresidente de la entidad, que asumió los poderes de la SEPI conservando la misma posición, tras la dimisión en 2019 de su expresidente, Vicente Fernández, procesado en el caso de la mina de Aznalcóllar por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando formaba parte de la Junta de Andalucía.

Con el mismo objetivo de acelerar los trámites, la SEPI puso el pasado martes como director del fondo para empresas estratégicas al ex de Abanca y actual director de negocios de Sepi Desarrollo Empresarial (Sepides), Julián Mateos . Un nombramiento al que también sumarán nuevos recursos humanos en las próximas semanas, según la SEPI.