Alud de impagos en alquileres comerciales

Porque cada vez son más los establecimientos que deciden no pagar las rentas. Una problemática que va en aumento y que por el momento no tiene solución. El Gobierno aprobó en primavera una moratoria que permitía a los inquilinos de grandes tenedores de locales comerciales aplazar el alquiler hasta cuatro meses después del fin del estado de alarma. Este venció en junio, por lo que la moratoria caducó el pasado mes de octubre.

Es cierto que el Ejecutivo volvió a decretar el estado de alarma hace poco más de un mes, pero tal y como explica el director de asesoría jurídica de la consultora inmobiliaria Tecnotramit, David Viladecans, «no ha habido una nueva ley en este periodo que amplíe estas moratorias a nivel nacional». Por eso los impagos han crecido con fuerza este mes . Ante esta situación, algunas regiones como Cataluña o Andalucía han decidido abordar el problema por su cuenta y han aprobado medidas específicas para su territorio.

Las empresas también están intentando poner soluciones al problema. Grandes propietarios e inquilinos llevan meses negociando condonaciones y moratorias, una realidad que según fuentes de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) «ha contenido el repunte de los impagos producido en este periodo».

«Hemos ido más allá que el Gobierno en cuanto a planes de ayuda al retail, que además ha tenido una regulación más dura que otros sectores identificándole como un entorno de mayor riesgo de contagio, cuando se han realizado enormes esfuerzos para implantar medidas sanitarias que han supuesto significativos costes adicionales», sostienen desde la asociación.

El problema es que en muchas ocasiones el propietario del establecimiento es un particular. Y después de nueve de pandemia, la negociación es cada vez más tensa. El Gobierno, en estos casos, aprobó aplazamientos «temporales y extraordinarios» de un mes. «Los impagos están dejando con el agua al cuello a propietarios que tienen en estas rentas su principal fuente de ingresos», explica Viladecans.

El asesor jurídico asegura que muchos de estos inquilinos prefieren dejar de pagar y que sean los tribunales los que resuelvan la situación. Tal y como informó ABC, algunos juzgados están aplicando la cláusula «rebus sic stantibus» (de fuerza mayor) en estos casos, lo que abre la puerta a condonaciones o quitas forzosas . Uno de los casos paradigmáticos fue el protagonizado por una discoteca madrileña que, al no poder desarrollar su actividad por las restricciones, quedó eximida del pago del 100% del alquiler por un juez.

«De momento lo que se está admitiendo son suspensiones temporales, pero la cláusula está por desarrollar. Hasta que estas sentencias no lleguen a las audiencias provinciales no se sabrá su recorrido», puntualizan desde Tecnotramit. La directora de retail de Laborde Marcet, Angela Sánchez, asegura que acudir a los tribunales en una situación como esta es «un arma de doble filo» si el empresario quiere mantener su actividad en el local. «Los juzgados no están por la labor de obligar al propietario a realizar quitas y tener el local sin alquilar, por lo que si se quiere continuar en el establecimiento es imprescindible negociar. La mayoría de los que acuden a los juzgados son inquilinos que tienen intención de traspasar el local o dejar de desarrollar su actividad en él», afirma.

Pese a que el conflicto entre propietarios e inquilinos se recrudece, el Gobierno está priorizando otras acciones. Hace algunas semanas hubo voces dentro del Ejecutivo que reclamaron más medidas en este ámbito, pero han sido acalladas. La propia ministra de Comercio, Reyes Maroto, aseguró en la entrevista concedida a ABC este domingo que es muy difícil «intervenir en un mercado muy opaco donde hay mucha economía sumergida».