Christine Lagarde
Christine Lagarde - AFP

El FMI alerta de que las comunidades incumplen el déficit cada vez que hay elecciones

El organismo pide a Hacienda que fije objetivos autonómicos diferenciados y reclama aplicar la Ley de Estabilidad con mayor rigor

MadridActualizado:

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy arrancó a finales de 2011, achacó las subidas de impuestos aprobadas para 2012 a la «herencia recibida» del anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en forma de un déficit disparado al 9,3% del PIB, tres puntos más de lo comprometido. Gran parte de este agujero en las arcas públicas procedía de las comunidades autónomas, que ese año habían celebrado elecciones en trece regiones, además de las generales. Para que el Gobierno central pudiera controlar la sostenibilidad fiscal de comunidades y ayuntamientos -y la suya propia- se aprobó la Ley de Estabilidad en 2012, con el beneplácito de organismos internacionales. La norma desarrollaba el artículo 135 de la Constitución que fija el equilibrio de las cuentas públicas. El control fiscal sería una realidad.

Cinco años después el problema sigue lejos de resolverse: el Fondo Monetario Internacional (FMI) recoge en su último informe sobre la economía española que «el último ciclo electoral fue el primer test» para la Ley de Estabilidad «y expuso viejas y nuevas grietas, del régimen fiscal territorial. En particular, apunta al «pobre historial de cumplimiento» de las regiones.

«Como conjeturábamos, la frecuencia de incumplimiento parece incrementarse durante los años de elecciones autonómicas y generales entre comunidades alineadas políticamente con el Gobierno central, con fuertes preferencias regionalistas» y con más diputados en el Congreso, concluye el FMI, que a continuación incide en que la variable que marca la diferencia es el periodo electoral.

Un hecho que era vox populi, que las administraciones en campaña se permiten mayores alegrías para gastar y olvidan reducir el déficit, se plasma en un epígrafe especial de varias páginas elaborado por el FMI dentro del informe que hace cada año sobre España desde que pidió el rescate bancario. Todo un mensaje del organismo al Gobierno y a las regiones.

Según la institución con sede en Washington, desde 2003 a 2015 siempre que hubo elecciones se incrementaron los incumplimientos, al margen de quién gobernara o de si había crisis o no. Cuando se celebraron comicios generales o autonómicos un 60% de las comunidades rebasaron el objetivo de déficit, mientras que en los años que no había comicios el porcentaje de regiones díscolas bajaba al entorno del 40%. Cuando las comunidades son del mismo color político que el Gobierno central, el grado de incumplimiento se vuelve a disparar al 55% y cuando no, baja a algo más del 40%.

Si hay urnas hay gasto, pero no todas las regiones son iguales. El FMI sugiere que en los incumplimientos son más frecuentes entre las comunidades más grandes, con mayor influencia política y menor autonomía fiscal.

Las alarmas están justificadas. Pese a que redujeron su desequilibrio, las comunidades volvieron a registrar un déficit dos veces mayor al objetivo en 2015, año de elecciones regionales y generales. Si el límite fue del 0,7% del PIB, las regiones acabaron con un agujero del 1,66%. Así, España incumplió el déficit en dicho año y estuvo a punto de recibir una multa de la Comisión Europea al tener un desfase del 5,1% en lugar del 4,2% apalabrado.

Con este panorama, el FMI detecta dos problemas: la falta de control del Ministerio de Hacienda sobre las administraciones y el propio sistema de financiación autonómico, que supone en sí «un riesgo para cumplir».

Como ya hizo hace unos meses la Comisión Europea, el FMI denuncia la «aplicación limitada» de la Ley de Estabilidad y pide más rigor para asegurar que «durante las elecciones, especialmente en época de bonanza» se cumpla el déficit. El organismo reclama aplicar las acciones preventivas que prevé la ley, como un mayor control sobre las regiones y a través de sus planes económicos. Si las administraciones no corrigen la situación, el FMI abre la puerta a ir «escalando a mecanismos correctivos y coercitivos», es decir, multas e incluso la intervención de Hacienda sobre comunidades y ayuntamientos.

Asimismo, el organismo subraya las disputas mantenidas entre varias administraciones con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). «Los problemas con la Autoridad Fiscal siguen obstaculizando el cumplimiento y la disciplina fiscal», señala el informe. La Airef -que nació a petición del propio FMI -ha tenido choques sonados con algunas comunidades y con el propio Ministerio de Hacienda, al que acusó ante la Audiencia Nacional de «vulnerar su independencia».

Rescate autonómico

El FMI también sostiene que la gravedad de la crisis ha hecho que las metas fijadas por Hacienda que en principio eran factibles, para algunas regiones se hayan vuelto «inviables». Por ello, pide que haya objetivos diferenciados de déficit temporales para las comunidades, como propuso la Airef. La posición fiscal de las regiones es muy dispar: hasta noviembre cuatro alcanzaron superávit (País Vasco, Canarias, Baleares y Asturias) mientras que tres duplicaron el objetivo anual de déficit (Extremadura, Murcia y Cantabria). Entre 2013 y 2015, el FMI señala a Cataluña y Valencia como grandes incumplidoras y a Canarias y Galicia como las que mejor cuadraron sus cuentas.

La falta de disciplina de mercado sobre las comunidades, que se financian a bajo coste gracias al Estado, también eleva el incumplimiento, por lo que el FMI pide al Gobierno que endurezca la condicionalidad de estos préstamos para que las regiones saneen su situación. A medio plazo, el FMI reclama que el nuevo sistema de financiación acabe con el rescate autonómico.