La Airef propone una renta mínima estatal compatible con el trabajo que costaría 3.500 millones

El organismo matiza la propuesta de UGT y CC.OO, que costaría hasta 9.800 millones, y la desvincula de estar en el paro para no servir de desincentivo al empleo

MadridActualizado:

La Autoridad Fiscal ha evaluado la propuesta de UGT y CC.OO. de establecer una renta mínima de 426 euros al mes a los desempleados de larga duración para reducir la pobreza extrema. El organismo calcula en un informe encargado por el anterior Gobierno de Rajoy que la propuesta de los sindicatos costaría de 7.200 a 9.800 millones de euros, reduciría la pobreza extrema (es decir, las personas que cobran menos de 4.489 euros al año, el 30% de la renta mediana) un 28%, mejoraría la distribución de renta en un 4% y beneficiaría a 1,1 millones de personas. España tiene 2,8 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza severa y, con una tasa del 7% de la población, solo Rumanía supera a nuestro país en este indicador dentro de la UE (cuya media es del 3,5%).

Sin embargo, la Autoridad Fiscal ha encontrado áreas de mejora en la Iniciativa Legislativa Popular de las centrales, que firmaron 700.000 personas para que el Congreso la aprobara. En primer lugar, los sindicatos ponían como condición para cobrar esta prestación que el beneficiario llevase doce meses inscritos como demandante de empleo antes de pedirla, «lo que excluye a potenciales beneficiarios en situación de pobreza extrema, al tiempo que supone un desincentivo a reincorporarse al mercado laboral».

Para combatir que el que cobre esta renta no deje de buscar trabajo, proponen atender al nivel de renta y no a la situación de paro, de forma que se pueda compatibilizar el cobro de la renta con un empleo y piden que se centre en los hogares de menor renta. Desde la Airef señalan que la prestación se reduciría al recibir un salario, pero que aún así al beneficiario le saldría rentable buscar empleo, ya que así percibiría entre 50 y 100 euros más al mes que si desistiera.

5.500 millones de euros de costes

En este caso, el coste sería de 5.500 millones de euros que, al eliminar del 70 al 80% de otras prestaciones similares o que se pueden duplicar (como rentas mínimas autonómicas, rentas activas de inserción, el plan Prepara o subsidios al paro agrario), bajaría a 3.500 millones. Un esfuerzo que, ante la actual situación de déficit estructural, el organismo recomienda implantarlo a varios años para que el esfuerzo fiscal sea de unos 1.200 millones al año. La ILP no contemplaba, en cambio, sustituir ninguna de las prestaciones y subsidios ya existentes.

Junto a ello, la Airef propone que la Agencia Tributaria persiga las situaciones de fraude entre los beneficiarios (que se deberían registrar en Hacienda para así agilizar trámites y que el Fisco vigile su situación) y que sean las entidades locales las que atiendan las solicitudes a través de un sistema de ventanilla única que derive a otras administraciones.

Si bien no se ha pronunciado sobre la financiación, hace unos años el presidente del organismo José Luis Escrivá ya abrió la puerta a que fueran los ayuntamientos, utilizando su superávit, los que pudieran prestarlo. Junto a ello, la recomendación de la institución es que este marco esté conectado al Sistema de Información de Empleo (SISPE).

La Airef calcula que la propuesta de los sindicatos llevaría a que, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y de Trabajo, unas 500.000 personas que están en situación de desempleo de larga duración pero no están inscritos en los registros para buscar empleo pudieran cobrar la prestación. En el caso de sus propuestas, la Airef no encuentra que se vaya a producir este posible «efecto llamada» en el mercado laboral para cobrar la ayuda sin buscar trabajo, aunque el organismo no ha calculado si puede haber un efecto llamada migratorio ya que «con los datos actuales, no es posible saberlo».

Otra de las «debilidades» que la Airef encuentra en la propuesta de los sindicatos es que no se centran en hogares sino en individuos. El organismo simula en sus hipótesis tramos de renta para cobrar la prestación: si los ingresos anuales por hogar son inferiores al 20% de la renta mediana (unos 3.000 euros al año), percibirían una prestación de 426 eur9s mensuales (80% del IPREM) y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año con un máximo de tres hijos. Si los ingresos van entre esos 3.000 euros al año y unos 8.900 (del 20% de la mediana al 60%), los beneficiarios solo cobrarían la prestación por hijo a cargo.

Propuesta de la Airef

La otra propuesta de la Airef, con un coste fiscal similar, introduciría más tramos para evitar saltos entre unas rentas y otras: los hogares que cobren menos de 4.500 euros al año (30% de la mediana) percibirían una ayuda decreciente del 80% al 10% del IPREM y un complemento por hijo a cargo de 1.680 euros al año. Los hogares que cobren entre el 30% de la mediana y el 60%, tendrían una asignación por vástago de 1.200 euros. En este último caso, la tasa de pobreza severa caería un 46%.

Esta propuesta beneficiaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de renta un 4% y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%. Es decir, si en la propuesta de los sindicatos España seguiría teniendo una tasa de pobreza severa por encima de la UE (caería del 7% al 5%, por encima del 3,5% de media de la UE), con las de la Airef bajaría del 2,7%.

Lucha contra la pobreza

El Consejo Europeo ha pedido a España en repetidas ocasiones medidas para reducir su tasa de pobreza. En los casos planteados, beneficiaría a hogares con empleos esporádicos. El problema, ha alertado la Airef, es que esta renta elevaría su coste en las épocas de vacas flacas. Por ejemplo, en el caso de la propuesta de los sindicatos, el coste ascendería a 11.228 millones de euros en 2014, cuando el número de parados de larga duración era mucho mayor.

Otro de los problemas que plantea son competenciales: las rentas mínimas dependen de las comunidades, aunque estas podrían complementar la propuesta estatal. La Airef ha criticado duramente las profundas difrencias entre las rentas actuales, muy elevadas en País Vasco y Navarra frente a otras autonomías como Castilla-La Mancha donde son casi anecdóticas.