NIETO
Recursos «a fondo perdido»

La Airef alerta del descontrol y la opacidad de 14.000 millones de euros en subvenciones

El organismo advierte de que las administraciones tienen como único objetivo en muchos casos gastar todo el dinero presupuestado y avisa que no se puede rastrear el dinero abonado

MadridActualizado:

La Autoridad Fiscal ha presentado esta mañana el primero de varios estudios para evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público en ámbitos tan diversos como los medicamentos o las becas universitarias. Las subvenciones públicas han sido la primera partida en pasar el examen, y la institución ha detectado «deficiencias de los procedimientos de control, reintegro y (régimen) sancionador». El descontrol no es legal sino en cuanto que estas ayudas no cumplen los objetivos de políticas públicas que deberían perseguir.

La Airef cree que existen hasta 30.000 millones de euros destinados en convocatorias de subvenciones, aunque admite que «no es posible determinar el volumen de gasto total». Así, su análisis se centra en unos 14.000 millones de euros concedidos finalmente por Estado (3.000 millones), comunidades autónomas (donde se concentran 9.700 millones) y entidades locales (1.600), de acuerdo a las ayudas que recoge la Base de Datos Nacional de Subvenciones (no todas, pero sí de las que se dispone de más información y han sido objeto de un marcaje más estrecho). Bajo los tres prismas que ha utilizado (planificación estratégica, mecanismos de coordinación y análisis de procedimiento), la Airef constata que «falta transparencia» en todos los procesos.

En concreto, el Estado es la administración que suspende con claridad en la planificación estratégica ya que hasta 2017 no empezó a hacerla –en la actualidad todos los ministerios menos dos elaboran planes estratégicos–, mientras que las CC.AA. y los entes locales sí la realizaban.

En este sentido, hay mucha heterogeneidad, con administraciones que lo hacen mal y otras bien. Murcia, Navarra y Cataluña destacan por su buen hacer mientras que en la Administración del Estado, la Airef valora el trabajo del Ministerio de I+D+i y tira de las orejas a Justicia, que aún es de los escasos dos ministerios que no cuenta ni con planes estratégicos.

Pero las reprimendas de la Airef también salpican a las administraciones que elaboran planes estratégicos para las subvenciones, ya que en la mayor parte de los casos los entes públicos ven cumplidos sus objetivos simplemente si se gasta todo el dinero presupuestado o si se beneficia a un número fijado de personas, sin hacer un seguimiento de las subvenciones que la Airef constata «van a fondo perdido». En algunos casos no se puede ni saber si hay solapamientos y duplicidades por la opacidad de los procedimientos.

Las administraciones también suspenden en cuanto a la coordinación de las subvenciones. Pese a que se celebran cuarenta conferencias sectoriales, la Airef detecta «un enfoque centralista», de forma que solo la mitad tienen grupos de trabajo por lo que, a su entender, son reuniones políticas donde no se evalúan los criterios de reparto, que datan del momento en que se creó la conferencia en cuestión bajo enfoques arbitrarios y discrecionales.

Ahora es el ministro en cuestión el que preside cada una de estas mesas y fija el orden del día, por lo que la Airef detecta una profusión de «negociaciones bilaterales». Como ejemplo, los 300 millones de euros anuales de subvenciones en vivienda se reparten en base a criterios arbitrarios que datan de 1992 y que desde entonces no se han actualizado. La Airef reclama que sea la intervención general la que realice un control interno y el Tribunal de Cuentas, un control externo.

Evaluación independiente

Para evaluar los resultados y hacen un marcaje más intenso, proponen la creación de una institución independiente de evaluación de políticas públicas. Y que haya grupos de trabajo, fijación de estrategias comunes, conferencias multisectoriales y un secretariado técnico de estos órganos para hilar la relación entre Estado y comunidades, en el que deberían participar también los grandes ayuntamientos, según la Airef.

También reclama la Airef reformar la ley del ramo, en primer lugar, para clarificar qué es una subvención: esta cuestión es importante, ya que de acuerdo a la metodología de contabilidad nacional, hay 12.000 millones de euros en subvenciones (si se consideran solo las concedidas a empresas), mientras que bajo el enfoque de la Autoridad Fiscal, ascienden a 27.791 millones las convocatorias de las que, finalmente, se conceden 14.299 si se atiende al registro de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Esta clarificación es especialmente urgente para las subvenciones sociales y las directas (es decir, aquellas que no precisan un concurso acreditando requisitos sino que se abonan automáticamente). Asimismo, la Airef pide reformar la Ley de Subvenciones para adaptarla a la Ley de Concursos Públicos y la Ley Genera Tributaria, que han tenido cambios de calado en los últimos años.

Perseguir a los subvencionados indebidamente

Otra de las peticiones de la Airef es que se fomente un régimen sancionador como ocurre con el sistema tributario: ahora mismo, si alguno del millón de beneficiarios de estos 14.000 millones anuales de subvenciones ha recibido esta ayuda sin cumplir los requisitos o sin desarrollar los resultados que perseguía, no hay sanción y, en muchos casos, tampoco hay reembolso.

La Airef urge a penalizar a los que reciben subvenciones de forma indebida, algo que ahora no ocurre. Fuentes del organismo señalan que hay patrones de beneficiarios que cobran varias subvenciones de varios niveles administrativos, para las que el seguimiento es insuficiente. También urge la institución a seguir el dinero concedido y evaluarlo, ya que en un 8% de los casos ni siquiera hay consignación financiera.

Hasta un 10% se pierde en cargas administrativas

Otro «debe» del sistema es que tiene una gestión ineficiente, que absorbe entre un 5 y un 10% del dinero consignado a las subvenciones, que en vez de ayudar a más beneficiarios potenciales se pierde en cargas administrativas. «Las subvenciones suponen una elevada carga administrativa tanto para los gestores como para los beneficiarios, sin que las iniciativas de simplificación hayan dado los frutos esperados», concluye el informe.