Los agujeros ocultos que perpetúan la evasión hacia los paraísos fiscales

La acción de la UE y la OCDE ha puesto el listón más alto para los defraudadores, pero la intermediación financiera ha perfeccionado sus instrumentos para eludir el cerco

MadridActualizado:

Paraísos fiscales. Dos palabras tan en boga como fraude, corrupción o evasión fiscal. Y es que su trascendencia no es baladí: el investigador James S. Henry -de la asociación Tax Justice Network (TJN)- estimó en 2010 que, en plena crisis, la economía offshore ascendía a entre 21 y 32 billones de dólares. Dicho de otra manera, es como si el PIB de Estados Unidos estuviera oculto. Desde entonces han transcurrido ocho años, la recuperación económica, el «sí» al Brexit, el auge de los populismos... y una cruzada de Europa contra los paraísos fiscales. El problema: que navegando en un barco sin timonel se torna complicado llegar a buen puerto.

La Unión Europea publicó en diciembre de 2017 una lista negra de 17 países y territorios no cooperadores a efectos fiscales; menos de un año después, quedan cinco. «No se puede confiar en esa lista porque no se basa en indicadores estadísticos claros. Además, no incluye ningún país de la UE pese a que empresas e individuos utilizan al menos cinco países comunitarios (Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre) para evadir impuestos», dice Gabriel Zucman, profesor de Economía de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos). Más allá va el investigador de la asociación TJN Lucas Narotzky al asegurar que este directorio es vulnerable «a sesgos políticos» ya que el Ecofin, órgano que incluye o excluye países del listado, sufre «presiones de unos pocos Estados miembros clave» que han provocado que se haya evitado por sistema analizar la fiscalidad de «aliados geopolíticos poderosos» y ciertos territorios pertenecientes a la UE ( Gibraltar, por ejemplo).

Esta lista surgió como resultado del análisis de 92 jurisdicciones para comprobar si cumplían los criterios comunitarios sobre transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro. Entonces, se fijó como sanción para los integrantes de la lista negra el no poder acceder a fondos de desarrollo europeos y un control férreo de los contribuyentes que provengan de esos países. Unas medidas que ningún territorio quiere soportar, para lo que se estableció en un escalón inferior: la lista gris de paraísos fiscales, es decir, aquellos que han adquirido ciertos compromisos a futuro. En ella están, por ejemplo, Panamá y Suiza. Sin embargo, las críticas a este segundo escalafón son continuas: «Se excluyen países después de aceptar cambios estéticos», afirma Narotzky, quien afirma que «algunos Estados miembros juegan un papel geoestratéico para proteger a los paraísos fiscales».

Fuera de la UE, la marejada también es importante. Más de 100 países han hecho suyo el protocolo de intercambio automático de información financiera de la OCDE, incluídas regiones opacas. Prueba de ello es Suiza, que en septiembre puso punto y final -teóricamente- al secreto bancario al enviar datos de más de dos millones de cuentas a decenas de países. Aun así, hay quien no se fía de que la teoría se cumpla en la práctica: «Es sencillo sortear ese acuerdo a través de intermediarios o sociedades pantalla», comenta José María Mollinedo, secretario general de Gestha. Lo que sí reconoce el portavoz de los técnicos de Hacienda es que se ha terminado que una persona tenga a su nombre una cuenta en Suiza. Ahora, este asegura que «complicando un poco el entramado» se logra el mismo efecto.

Narotzky recalca que el protocolo de la OCDE deja fuera a la mayoría de países en desarrollo y que «está plagado de lagunas». Como ejemplo, el caso Suizo: entre cantones no intercambian información, lo que abre la puerta a un nuevo tipo de opacidad pero dentro de su propio territorio, con efectos sobre el exterior. Asimismo, el investigador destaca que la figura del intermediador -entendido como gestor y/o testaferro- en Suiza no está sujeta a regulación.

El fin del secreto bancario a nivel mundial, sin embargo, aún es una utopía. De hecho, la posibilidad de superarlo varía en función de cada Estado. En este caso, según un informe de TJN, España es el país que más campo abarca de los protegidos por el secreto bancario al que se enfrenta: un 92%. Es decir, que nuestro país ya obtiene información financiera de nueve de cada diez paraísos fiscales con los que se relaciona, mientras que Luxemburgo, por ejemplo, se queda en un 79%. El acuerdo de la OCDE ha sido uno de los impulsores de la transparencia a nivel mundial, aunque Mollinedo estima que «todavía queda mucho por hacer».

El investigador Gabriel Zucman calcula que el 8% de la riqueza familiar permanece en paraísos fiscales

Las fuentes consultadas hablan de pasos coordinados en la lucha contra la opacidad fiscal, sin efectos todavía reales sobre la evasión. Zucman, así, reseña que, según sus cálculos, el 8% de la riqueza familiar mundial permanece en los paraísos fiscales. «Hay que ver si las instituciones financieras ocultarán a sus clientes tras sociedades fantasma para evitar el envío de información», dice el investigador de la Universidad de California en Berkeley.

Precisamente, a esa capacidad para saltarse las nuevas reglas de transparencia asumidas incluso por ciertos paraísos fiscales se refiere Hervé Falciani, extrabajador de HSBC Private Bank y filtrador de la llamada «lista Falciani». Este, en conversación con ABC, asegura que la pregunta no debe ser tanto luchar sin sentido contra estas jurisdicciones como entender qué hay que combatir. Defiende, además, que debe plantearse un debate a nivel jurídico y estudiar, por ejemplo, de dónde proviene cierta riqueza. En otras palabras, no centrarse en la evasión como mal en sí mismo -que también- sino en el origen del dinero que da lugar a esa práctica. Todo este asunto, de hecho, ha llevado a Falciani a crear una asociación para reflexionar sobre este tema y, desde ahí, asesorar a las administraciones públicas, como ocurre en el caso de España con el proyecto de ley contra la evasión fiscal que ultima el Gobierno. Además, pone el foco sobre las criptomonedas, de las que dice que «sabemos las barbaridades que pueden hacerse» con ellas.

Bondades de la UE

Críticos aparte, también hay defensores de los mecanismos europeos y de la OCDE contra la evasión. Carolina del Campo, profesora del Máster de Fiscalidad Internacional de Esade, reconoce que la lista comunitaria es «orientativa» pero también que se trata de centrar el foco sobre ciertos países. «Mantiene a todos alerta», asegura, en relación a que una de las principales virtudes de este directorio es que «está vivo», refiriéndose a que el Ecofin puede excluir -la tendencia habitual- territorios de la lista pero también incluir a otros. Como advertencia tácita se creó la lista gris, para que quien incumpla sus compromisos sepa que en cualquier momento pueden degradarle a la negra.

En definitiva, Del Campo estima que hasta que no esté todo el globo conectado bajo el acuerdo de la OCDE seguirán existiendo «agujeros» por los que se colarán los evasores. Pero la respuesta -no solo la profesora de Esade- es unánime: el camino es tortuoso, aunque la voluntad de remar todos en un mismo barco va tomando forma. Solo falta saber si lo están haciendo en la dirección correcta.