El agujero inmobiliario de autonomías y ayuntamientos: 20.000 millones en 10 años

Fue una forma de cuadrar artificialmente los presupuestos para que, sobre el papel, los ingresos casaran con los gastos. Pero esa forma de encajarlos ha sido totalmente irreal. A final del ejercicio, el descuadre llegó a ser de órdago en los peores momentos de la crisis. Así, en ese mismo decenio, de 2008 a 2017, los gobiernos autonómicos acumularon un déficit de unos 220.000 millones de euros .

Basta ver la envergadura del déficit total para comprobar que no se debió solo a ese «maquillaje» en las ventas inmobiliarias . Pero sí que fue una de las maniobras que sumó miles de millones de euros al agujero del sector público.

Que esas previsiones de ingresos estaban infladas es algo que quedó de manifiesto con claridad en el año 2008, en cuanto asomó la crisis económica. Pero, lejos de remediarlo, ese «maquillaje» presupuestario se fue repitiendo en los años siguientes. Los gobiernos autonómicos siguieron utilizando esa partida de las ventas de propiedades para dar artificial lustre a sus presupuestos. A la vista de los hechos consumados, tampoco hubo control estatal que pusiera freno a esas reiteradas maniobras de los gobiernos regionales.

Según los datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda recopilados por ABC, en el decenio 2008-2017 las autonomías cuadraron sus presupuestos diciendo que iban a ingresar por venta de propiedades un total de 12.500 millones de euros en números redondos. Sin embargo, en realidad, las ventas ni siquiera llegaron a los 3.160 millones de euros . El resultado: un agujero acumulado, en diez años, de -9.341 millones de euros.

La Generalitat catalana fue la que más méritos acumuló en este fiasco. Fue la que más abusó de inflar sus previsiones de ingresos en este apartado de la venta de propiedades: año tras año incumplió estrepitosamente lo que prometía en sus presupuestos. Si hubiera cumplido lo que anotaba sobre el papel, habría ingresado en diez años 3.140 millones de euros mediante la venta de propiedades. Sin embargo, apenas recaudó 589 millones. Incumplió estas previsiones presupuestarias en un 81%, lo que le provocó un descuadre de -2.551 millones de euros en el acumulado del periodo 2008-2017.

Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía también pincharon estrepitosamente en este apartado. Madrid acumuló un descuadre de -2.643 millones de euros -cumplió sus previsiones de ingresos por venta de patrimonio en un 21,9%-; la Comunidad Valenciana dijo que en ese decenio iba a ingresar por esta vía 1.020 millones de euros, pero solo recaudó 76; y Andalucía acumuló un descuadre de unos -1.300 millones de euros por lo mismo, por inflar el presupuesto con irreales previsiones de venta de propiedades.

Este «maquillaje» presupuestario no fue aislado en el tiempo, sino muy prolongado. Y no solo lo pusieron en práctica las autonomías, sino que también echaron mano de él las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares-. Eso sí, en el caso de las entidades locales el impacto de esas maniobras fue mucho más limitado y ha pasado desapercibido porque llevan años en superávit . El descuadre entre lo presupuestado y lo real en venta de propiedades fue enorme también en las entidades locales, pero desde 2012 dejó de notarse, debido a que el Estado les forzó a equilibrar sus cuentas, recortaron drásticamente sus gastos y eso les hizo abandonar los números rojos en el agregado de ingresos y gastos anuales. Pero eso no significa que no inflaran también sus presupuestos con irreales previsiones de venta de propiedades.

Entre 2008 y 2017, las entidades locales ingresaron por esta vía 5.461 millones de euros. Pero, si se hubiera cumplido lo que prometieron en sus presupuestos, debían haber obtenido 16.515 millones. El pinchazo fue monumental, de -11.000 millones de euros fallidos.

Solo la Administración del Estado mostró realismo y prudencia a la hora de presupuestar ingresos por venta de propiedades. De hecho, el cómputo global del decenio 2008-2017 demuestra que no solo ingresó lo previsto en ese apartado, sino un poco más .

A la vista de la reincidencia con la que autonomías y entidades locales inflaron los presupuestos en este apartado, parece evidente que hubo persistente premeditación. Un fiasco presupuestario tan sostenido en el tiempo «solo puede ser fruto de la mala fe o de la incompetencia», explica Jorge Bielsa, profesor de Macroeconomía en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. «Al calor de la burbuja inmobiliaria, autonomías y ayuntamientos disfrutaron de unos ingresos extraordinarios por impuestos ligados a ese sector y por las ventas de inmuebles públicos», explica. Era un flujo de dinero inusualmente abultado , que llegaba a las arcas públicas de forma muy coyuntural. «Pero quisieron hacer ver que eran unos ingresos ordinarios que iban a mantenerse de forma sostenida en el tiempo», explica el profesor Bielsa. «Considerar ingresos extraordinarios como si fueran ordinarios, y reiterarse en esa consideración año tras año, solo puede ser fruto de la mala fe o de la incompetencia», remarca.

Recuerda que, entre los años 2003 y 2007, autonomías y ayuntamientos vivieron en la abundancia gracias, en gran parte, a la «burbuja» inmobiliaria. Fundamentalmente -explica- por dos grandes fuentes de ingresos: una tributaria, con claro protagonismo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; la otra porque también participaban en aquel desenfrenado mercado inmobiliario, en el que las administraciones públicas operaron poniendo a la venta terrenos y edificios de su propiedad.

Luego llegó la crisis y, con ella, esas dos grandes fuentes de ingresos públicos ligados al negocio inmobiliario se hundieron estrepitosamente.

Pero autonomías y ayuntamientos ignoraron esa realidad y siguieron anotando en sus presupuestos unos ingresos que ya no se iban a repetir. Lo hicieron en 2008, y fallaron. Lejos de rectificar, volvieron a hacerlo en 2009. Y tampoco aprendieron la lección: en los años siguientes siguieron haciendo presupuestos inflados con irreales previsiones de venta de propiedades. Basten un par de datos para evidenciar esa pertinaz reincidencia: en 2009, esas irreales previsiones dejaron un agujero en las arcas autonómicas de 393 millones de euros, porque pensaron que iban a ingresar por las ventas 633 millones, pero solo recaudaron 240. Pero eso no fue nada con lo que ocurrió cuatro años después, en 2013, porque la práctica de inflar los presupuestos siguió, y de forma multiplicada: ese 2013, el agujero superó los 2.000 millones, porque las autonomías obtuvieron con las ventas de propiedades 574 millones, pero en los presupuestos habían anotado que iban a ser 2.589 millones.

«Inflar los presupuestos de ingresos es una tentación muy fuerte en términos político-electorales», indica el profesor Jorge Bielsa. Una «tentación» interesadamente partidista que se topa con pocos impedimentos porque, según destaca este economista, «nadie controla con rigor el realismo en los presupuestos de ingresos» . Los controles -apunta- no son eficaces en ese nivel de detalle entre lo que se presupuesta y lo que se logra realmente.