Agricultores y regantes exigen al Gobierno más ambición en las políticas antisequía

Barato ha considerado que la rebaja en los módulos incide en medidas similares de otros años y «que las exenciones del IBI son las de siempre y con requisitos de muy difícil aplicación posterior». El máximo responsable de Asaja también ha reconocido que medidas como la reducción de las peonadas de los trabajadores eventuales agrarios andaluces y extremeños de 35 a 20 jornadas, necesarias para beneficiarse del subsidio de desempleo y de la renta agraria, «beneficia al trabajador».

Sin embargo, el representante de Asaja critica que «las moratorias en las cuotas a la Seguridad Social son cortas en el tiempo» y echa de menos la existencia de bonificaciones a la contratación. «E stas medidas no arreglan las consecuencias de las subidas del Salario Mínimo y las cotizaciones . En resumen, tienen que hacer un último esfuerzo porque se queda todo muy corto«, ha apuntado.

Para COAG , el decreto es «positivo y absolutamente insuficiente» . Su secretario general Miguel Padilla ha instado a adoptar medidas más contundentes y a intervenir en el mercado energético . «Es poco razonable que esta escalda de precios de la energía esté beneficiando a muy pocos y arrasado actividades como la agraria», ha explicado. Padilla ha recordado que a la sequía se une la escalada de los costes de producción con el gasóleo agrícola como principal exponente: «En 2021 su precio medio era 0,70 euros por litro mientras que en marzo de este año ya se encontraba en los 1,50 euros /litro , luego l os fertilizantes han subido por encima del 150% respecto al año pasado y los piensos un 35%« , ha apuntado el máximo responsable de esta organización agraria cuyos servicios de estudio también ven «muy limitada» la línea de ayudas de 10 millones de euros.

Padilla también ha recordado que las cotizaciones a la Seguridad Social aplazadas «antes o después tienes que acabar pagando la deuda acumulada y los intereses de la misma«.

Desde UPA , su vicesecretaria general Montse Cortiñas cree que el decreto es «un paso muy importante» pero advierte que muchas explotaciones ganaderas necesitan ayudas directas para poder continuar su actividad. «Esperamos que las gestiones del Ministerio ante la Unión Europea tengan éxito y estas granjas puedan ser compensadas para poder seguir adelante«, ha sostenido.

Por su parte, el presidente de Fenacore Andrés del Campo, ha considerado que el precio establecido para el uso de agua de las desaladoras de titularidad pública - 0,45 euros por metro cúbico en toma de riego - es «excesivo» y apostado, como COAG, por que el mismo se reduzca hasta 0,30 euros. En su opinión, a ese precio «no se puede hacer» y pide tener en cuenta que este agua debe de transportarse hasta las zonas de cultivo. Del Campo también ha insistido en la necesidad de «obras de regulación» así como en que se «agilice» la autorización para construir pozos de sequía y pequeñas balsas bien para el riego, e incluso, en zonas con la sequía más severa, pueden servir para el abastecimiento de animales.

El representante de los regantes también ha pedido que se abra la puerta a utilizar los cauces ecológicos para salvar algunas cosechas, ante la severa situación de sequía en algunas cuencas. Del Campo ha criticado que la fijación de los cauces ecológicos «se han fijado con criterios que no son técnicos ni objetivos» . En este sentido, ha recordado que esta posibilidad ya lo prevé la Ley y ha puesto como ejemplo el caso del Guadalquivir , donde la dotación prevista este año es de 1.000 metros cúbicos por hectárea y «con la que no se salva casi ningún cultivo». En su opinión, con 1.500 o 2.000 metros cúbicos se puede salvar la cosecha. «Los cauces ecológicos pueden ser la salvación de la mayor parteo de los riegos de una cuenca y salvar la cosecha», ha concluido.