La nueva agenda financiera del Gobierno se aplaza a septiembre

El próximo 30 de junio era el tope en el calendario bancario del ministro. Era el día límite para que las entidades tuvieran ya claros todos sus planes. De recapitalización, de reajustes y de fusiones, integraciones o compras, como quiera llamarse. Tenía que haber sido el punto final de la reforma financiera de la era Guindos. A partir de ahí, tocaba consolidar.

Pero todo se ha torcido. La economía no acompaña, y Europa, y mucho menos los mercados, no perdonan. Junio se ha convertido en el mes negro para la banca . Los precipitados hechos de las últimas semanas han puesto patas arriba al sector. De tener una banca que iba a tener la autonomía, se creía, de poder capitalizarse con prácticamente lo puesto se ha pasado a una ayuda financiera, impensable hace un año, desde Europa.

Incluso al ministro de Economía, Luis de Guindos, no se le había pasado ni de lejos por la imaginacion la idea de pedir esa ayuda —que se decidió el sábado 9 de junio— hasta el sábado 23 del mismo mes. El calendario era otro. Por entonces, el fin de semana de las elecciones griegas estaba descartado por su propio peso y el último de junio, porque no hubiera dado margen al Gobierno para solicitar las ayudas al actual mecanismo del fondo de rescate , mucho más flexible que el que entrará en vigor el domingo 1 de julio, el que se llamará Mecanismo de Estabilidad (MEDE).

Pero una vez iniciada la maniobra de filtración de Bruselas, en la que se situaba el rescate, préstamo, o ayuda, para el sábado 9 de junio, ¿le quedaba otro remedio al Ejecutivo español que solicitar ya esa línea de crédito cifrada en los 100.000 millones de marras? Los mercados empezaron a descontar ese escenario el mismo viernes previo al anuncio oficial de la ayuda y de no haberse cumplido, el pasado lunes 11 podría haberse dado un cataclismo bursátil. A Bruselas y a Merkel, se les había agotado la paciencia y quisieron eliminar ya la presión sobre el sistema español, sin esperar a una posible catástrofe en Grecia.

Pero el cambio de rumbo en la agenda del ministro para terminar la reordenar el sector tenía su cénit a mediados de mayo, unos siete días después del anuncio de la nacionalización de Bankia. Y es que a raíz de este suceso se multiplicaban los rumores, con sus consecuentes desmentidos, sobre la falta de credibilidad para Europa del resto de los planes de las entidades financieras españolas. El Gobierno, presionado hasta la saciedad desde todos los frentes anunciaba el 21 de mayo los nombres de las dos consultoras que auditarían a la banca española. Orden directa de Merkel , ya que el anuncio, curiosamente, se concretaba justo después de que Rajoy se reuniera en Chicago con la canciller alemana con motivo de la cumbre de la OTAN celebrada en la localidad americana.

El trabajo de las dos consultoras consistiría, dijeron, en «una evaluación general de los balances bancarios en España y de su capacidad de resistencia ante un escenario adverso». Pero el comunicado del Ejecutivo español, sin embargo, venía con sorpresa: habría dos procesos de auditoría y en la segunda fase participarían tres consultoras. Que luego se amplió a cuatro: Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC.

Roland Berger y Oliver Wyman fueron los evaluadores independientes elegidos para realizar la valoración inicial de los balances del sistema bancario español. El resultado, se daría a conocer el 21 de junio, pero Rajoy tendría el informe tres días antes, el lunes 18 —mañana—, para su cita de México, en la reunión del G-20, momento clave para avanzar en la solución de la crisis europea y, por extensión, de la banca española.

Y es que el objetivo de esta iniciativa no era otro que incrementar la transparencia y despejar definitivamente las dudas acerca de la valoración de los activos bancarios en España. El proyecto, no obstante, consta de dos partes. Una primera, una evaluación general de los balances bancarios en España y de su capacidad de resistencia ante un escenario adverso. Y, una segunda, el contraste de los procedimientos de estimación y anotación del deterioro de los activos de cada grupo bancario. Para ello se contrataba después a las cuatro grandes empresas auditoras que operan en España.

Precisamente fue esta decisión tomada desde fuera la que ha dado al traste con los planes de De Guindos. En el camino, las fechas de tres procesos de subasta de las tres entidades nacionalizadas al margen de Bankia — Banco de Valencia, Novagalicia y CatalunyaCaixa — que, si bien ahora advierten de que siguen adelante con el calendario estipulado, y con las conversaciones con otros bancos españoles —si bien la gallega sigue en sus trece de seguir su camino en solitario—, saben a ciencia cierta que no podrá ser así.

Por esta razón, todos los ojos se volvían hacia esa fecha del 21 de junio, primero, y hacia la siguiente, más de un mes después, que se volvía clave. De hecho, todos los procesos abiertos o a expensas de las nuevas necesidades, se han pospuesto, a pesar de que las declaraciones de los implicados en las diferentes operaciones —ya sean de subasta, ya sean de fusión— digan que los planes sigan adelante. Lo que opinan los que están estudiando sus cuentas, prefieren esperar.

Pero cuando ya el Gobierno pensaba que nada podría enturbiar más los planes, llegaron los 100.000 millones de ayuda obligada. Y si bien, ya toda la agenda estaba aplazada prácticamente a septiembre, esto lo reafirmaba. Economía se apresuraba a decir que conservará la plena responsabilidad de esta asistencia financiera , de la que será avalista, y señalaba que la cantidad máxima fijada garantiza un margen suficiente para cubrir las necesidades de capital de las entidades financieras en el peor de los contextos posibles.

Ahora, en cuanto se hagan públicos los resultados de las auditorías el 31 de julio, se reactivará un nuevo calendario. Si bien habrá que esperar a que el ministro De Guindos decida si a través de un nuevo real decreto se obligará a que todas las entidades sigan las recomendaciones de las auditoras —igualmente revisadas por las auditoras propias de cada entidad— o si el Banco de España, a través de una circular, lo hace de obligado cumplimiento. Pasará al menos un mes, hasta volver a reiniciar el nuevo mapa bancario español, que deberá ser más pequeño —pero con entidades con más cuota de mercado—, más solvente, más líquido, y, sobre todo, más y mejor preparado para soportar cualquier test de estrés. En definitiva, creíble. La reválida, pues, en septiembre.