Las agencias de viajes, en pie de guerra con el Gobierno por la competencia que hace Correos

El malestar de las agencias con Correos se remonta a 2019. En ese año, la compañía de envíos postales decidió empezar a vender viajes, billetes de Renfe y otros productos turísticos a través de la agencia ‘Viajes Trenpy’ , que fue adjudicada ‘a dedo’ sin llevar a cabo ningún tipo de concurso. «Para cubrir el tema legal lo hacen a través de una agencia de viajes. Pero es una agencia de viajes que está más enfocada a la venta de entradas que a la venta de servicios turísticos», explica a ABC Mercedes Tejero, gerente de la patronal Ceav.

Esta misma semana hubo una reunión entre Correos y Ceav, donde la confederación expuso su malestar por la competencia que hacía la compañía pública a un sector que en la pandemia vio cómo sus ingresos se desplomaban un 90%. Hay que recordar que la falta de ingresos provocó que muchas empresas cerraran y se destruyeran más de 10.000 empleos , lo que supone una caída de 15,86% de la afiliación en comparación con los meses anteriores a la pandemia. Además, los trabajadores han sido de los más afectados por los ERTE, y hoy todavía hay 18.501 personas en uno, según los datos de Seguridad Social.

Ante esta situación, Ceav considera «inadecuado que el Gobierno haga la competencia al sector a través de una empresa pública, cuya función debería limitarse a la prestación de servicios postales». Desde Correos, sin embargo, su director de productos y servicios, Manuel Zapatero, mantuvo durante la reunión que la compañía no iba a dejar de comercializar los viajes. «Que una empresa pública esté en contra de nosotros de esa forma no es muy ético», comenta a este diario el presidente de la patronal Fetave, César Gutiérrez.

Otra queja de las agencias de viajes es la «falta de transparencia» que realiza Correos a la hora de comercializar los productos turísticos desde su portal web. «Parece que es Correos en todo momento quien lo gestiona cuando ellos se quitan toda la responsabilidad legal », espeta Mercedes Tejero. La gerente de Ceav confirma que la confederación estudia acometer acciones legales para que se subsane ese error: «Estamos estudiando jurídicamente cómo lo están haciendo y vemos fallos en la manera de comercializarlo».

ABC se puso en contacto con Correos para que diera su versión de los hechos. Desde la empresa pública explican que «lleva ofreciendo este servicio a la ciudadanía desde hace tiempo» y añade que «en ningún caso la compañía comercializa productos turísticos por sí misma».

El otro caballo de batalla de las agencias de viajes con el Gobierno tiene que ver con los requisitos para acceder al reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas. Desde el sector están muy molestos por las condiciones generales interpuestas y avisan de que muchas empresas necesitadas no podrán lograr ni un euro. «Las ayudas te complican más que otra cosa», denuncia a este periódico el presidente de la patronal Acave, Martí Sarrate.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó a bombo y platillo un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas que más tarde sería repartido por las comunidades autónomas a las empresas más afectadas. Sin embargo, la letra pequeña de las ayudas imposibilita que muchas empresas puedan acogerse a ellas. Desde las agencias de viajes avisan de que «quedará dinero sin repartir» a la vez que denuncian que «la situación no podía estar peor regulada».

Una de las condiciones más severos es que las empresas que tuvieran pérdidas en 2019 no podrán acceder a las ayudas. Sí podrían aquellas que se vieran afectadas por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook si las comunidades autónomas lo consideran. «No lo consideramos justo porque podría haber empresas que tuvieran un poco de pérdidas pero muchos fondos propios», explica Mercedes Tejero, de Ceav.

Además, para poder acogerse a las ayudas Hacienda puso una instrucción a las regiones donde decía que para poder acceder a estas ayudas las empresas solo justificar deuda de créditos ICO del Covid y aquellas facturas pendientes de pago. «Es algo incoherente e injusto. La propia ley de morosidad exige 30 días para pagar a tus proveedores. Todos los empresarios y autónomos que han hecho esfuerzos para estar al corriente no pueden pedir estas ayudas», denuncia César Gutiérrez, de Fetave, que puntualiza que lo que necesitan las empresas ahora es liquidez después de tantos meses. «Empezamos a sospechar que esto es lo que quería el Gobierno, dar la imagen de que reparten ayudas pero en realidad serán menos», sentencia.

En ese sentido, las agencias quieren que las regiones incluyan como gastos no pagados los bonos de los viajes cancelados por Covid. Como informó ABC, todavía hay unos 150 millones de euros pendientes de devolución. «Algunas autonomías consideran como deuda estos bonos, como Cataluña. Del resto estamos esperando respuesta», explica Martí Sarrate.