Así afectará al empleo la nueva subida del salario mínimo

Según un estudio realizado por Randstad Research con la colaboración de la patronal de las pymes, un incremento del SMI hasta los 1.000 euros en catorce pagas (1.166,67 euros/mes) en 2022 (lo que supondría un alza del 5,3%), y un aumento intermedio del 2% (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros/mes) tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023, incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial.

El peligro se concentra además en los sectores más afectados por la pandemia, en hostelería y comercio , concluye el informe, que recuerda que el aumento del 5,3% del SMI para 2022 supondría un incremento acumulado de más del 52,6% desde 2016. Cepyme y Randstad avisan además de que «las consecuencias de este alza incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen».

El documento llama la atención también sobre el hecho de que una parte importante de las comunidades autónomas ya cumplen el objetivo que se supone persigue el Gobierno al elevar el SMI: que el salario mínimo suponga el 60% del salario medio del territorio. En concreto, un incremento del SMI del 2% para este año (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros al mes) dejaría en una proporción superior al 65% del salario medio en al menos 9 comunidades autónomas y superaría el 60% en 12 de las 17 comunidades y estaría por encima del 73% en dos de ellas.

España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo– entre 2016 y 2021 (47,7%), tras Rumania y Lituania, y multiplica por cinco y por 10 los aumentos promedio de Alemania o Francia. Y es que en 2019, el Gobierno aprobó un alza de esta renta del 22%, subida que, según cálculos del Banco de España, restó entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales a la creación de empleo ese año, una tendencia que se cebó con especial virulencia con los jóvenes y los mayores de 45 años.

Y si hay dos colectivos en los que la subida del salario mínimo también puede afectar con más fuerza esos son el de las empleadas del hogar y el campo, tal y como avanzó ABC. Ambos dependen estrechamente de este indicador y acusan ya subidas de casi un 30% en dos años , una escalada muy difícil de digerir por ejemplo por pensionistas o trabajadores con bajos sueldos que necesitan contratar los trabajos de una cuidadora. Y el nuevo incremento se tomará, además, en un momento en el que se destruye empleo en ambos colectivos. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el régimen de empleadas de hogar contaba en agosto con 386.489 afiliadas, la cifra más baja desde 2012.

En el caso de los trabajadores del campo el alza de hasta 19 euros llegará tras una caída del empleo de casi 4.600 puestos de trabajo en un año y de 15.406 en agosto, según los últimos datos de la Seguridad Social. Fuentes del sector alertan a este diario del daño que tendrá el nuevo alza especialmente en cultivos permanentes como el olivar o los de frutos y hortalizas que generan miles de puestos de trabajo. Explican que esta situación lo que puede provocar es un abandono de los cultivos o un cambio hacia cultivos que requieren menos mano de obra, aunque en este caso con menos rentabilidad o negativa.

La situación política que ha generado el debate sobre la conveniencia o no de subir el salario mínimo es muy compleja. Tras meses de tensiones internas, de un pulso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, el presidente cambió radicalmente de opinión y a finales de julio abrió la puerta a un alza, que también asumió la vicepresidenta económica después de meses negándolo. Pero cuando parecía que había consenso las tensiones volvieron a hacerse públicas hace una semana, después de que la titular de Trabajo comunicara a los agentes sociales que el alza de hasta 19 euros sería retroactivo al 1 de septiembre . Pocas horas después Calviño tiraba por tierra la idea tras asegurar que el incremento sería muy limitado y aplicaría desde octubre. La decisión está en manos de Pedro Sánchez.