Adif impondrá multas de hasta el 50% del contrato a las adjudicatarias fraudulentas

En concreto, las compañías interesadas en las licitaciones de Adif tendrán que comprometerse a respetar los principios de libre mercado y concurrencia competitiva, además de cumplir el código ético de la compañía e informar del mismo a los empleados de la compañía en cuestión. De igual forma, las empresas no podrán influir en la adjudicación del contrato, ni ofrecerán ventajas personales o materiales a trabajadores del gestor ferroviario o sus familiares.

«Los adjudicatarios colaborarán con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para la evaluación del cumplimiento del contrato, que ejecutarán con criterios de equidad y transparencia fiscal», ha señalado la compañía pública en un comunicado. En el caso de que las licitadoras no cumplan estas reglas, Adif se reserva la opción de revocar el contrato, prohibir que se presenten a futuras adjudicaciones o, incluso, imponer multas a estas compañías. Esta última opción, deberá aplicarse «según los principios de graduación de la sanción, contradicción y proporcionalidad».

La compañía, que asegura que la legislación le permite incluir este tipo de penalizaciones, planea imponer una sanción de hasta el 10% del precio del contrato (IVA no incluido ) por cada incumplimiento, sin que el total pueda superar el 50% del precio del contrato.

Tal y como ha reconocido la empresa, esta medida se toma a raíz de la reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los cárteles de electrificación y electromecánicas ferroviarias. En concreto, el organismo dirigido por José María Marín Quemada multó con 118 millones de euros a 15 empresas por repartirse contratos de Adif valorados en más de 1.000 millones de euros.

Las empresas sancionadas fueron: Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Semi (ACS), Inabensa, Alstom, Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Citracc, y el organismo supervisor ha activado, por primera vez, el procedimiento para prohibirles contratar con la Administración.