Los acusados niegan haber falseado las cuentas de la CAM

Durante la segunda sesión de vista oral dedicada a la exposición de informes , los letrados del expresidente Modesto Crespo, el exdirector Roberto López Abad, la exdirectora adjunta Dolores Amorós y el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb han pedido la absolución para todos ellos, que se enfrentan a una pena de prisión de la Fiscalía de siete años y medio de cárcel.

En el caso del que fuera presidente de la CAM Modesto Crespo, su letrada ha insistido en que éste "no tuvo margen de decisión" en la elaboración de los estados financieros de dichos ejercicios, que según el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol, reflejaban unos beneficios inexistentes valiéndose de mecanismos como la rehabilitación de créditos dudosos y fallidos y de operaciones ficticias de titulizaciones.

La defensa del expresidente –a quien ayer le retiró la acusación el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD)– ha recordado que este nunca ejerció el voto de calidad en las decisiones acordadas en el consejo de administración de la entidad y por tanto no se le puede incriminar en los hechos que se juzgan.

Por su parte, el letrado del exdirector general Roberto López Abad ha precisado que su cliente cesó como director en 2010, un año antes de que la Caja de Ahorros recibiera una inyección de 5.249 millones de euros por parte del FDG y acabara siendo intervenida por el Banco de España ante sus problemas de liquidez y solvencia. "Todo se hizo bien hasta el momento en el que estuvo como director. No pudo engañar", ha expuesto Javier Boix.

Además ha mostrado su sorpresa porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ( FROB) reformulara las cuentas retrotrayendo las operaciones que habrían dado un beneficio ficticio, como es el caso de las titulizaciones, pero no hiciera lo propio en lo relativo a los créditos.

Igualmente, ha arremetido contra la auditora KPMG , que analizó los estados financieros de esos años y ha dicho que dieron el visto bueno , ratificado por el Banco de España, en contraposición a la versión del responsable que auditó dichas cuentas y que expuso en calidad de testigo en el juicio que se les ocultó información relativa a titulizaciones.

Por su parte, el abogado de la exdirectora adjunta Dolores Amorós (que sustituyó a López Abad al frente de la caja siete meses hasta 2011) ha recordado sobre este punto que los inspectores del supervisor "estaban en primera fila " cuando se produjeron los hechos y que los criterios de exigencia del aplicados a la CAM fueron mayores que para el resto del sector. "Se anticiparon dos años las exigencias legales en cuanto a la valoración de los créditos", ha dicho su abogado.

Además ha insistido en que la participación de la acusada en la formulación de las cuentas fue "absolutamente nula " porque no tenía competencias para ello ni en lo relativo a la decisión sobre retribuciones de empelados, ni en la gestión de riesgos. "Se le ha criminalizado sin motivo", ha denunciado la representación procesal de la exdirectiva ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo.

Cuando "para su desgracia" fue designada directora de la caja, su función pasó a ser la de contribuir en la integración del Sistema de Protección Institucional (SIP) junto con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Se trataba del paso previo a la creación del Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro.