Accionistas del Popular se querellan contra Saracho y Del Valle

«Han generado una auténtica manipulaión pra alterar el precio de la acción y creemos que ha sido una administración temeraria, sobre todo, desde la última junta general», explica el secretario general de Aemec y presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, quien se ha referido a la intervención y venta del Popular como una incuatación y expropiación.

Cabe recordar que el supervisor europeo, al comprobar que el Popular era inviable porque ningún otro banco estaba dispuesto a pagar dinero por absorberlo y no podía antender a sus depositantes por falta de liquidez, decidió intervenirlo el pasado martes e iniciar su resolución. Para ello, y para evitar el uso de ayudas públicas, impuso pérdidas a todos los accionistas y a bonistas de la entidad, con cuyo dinero se ha cubierto el agujero que sufría el banco. Posteriormente se adjudicó por un euro al Santander

«Se han lanzado mensajes al mercado que no eran los adecuados y todo esto ha conducido a cierto pánico a los clientes del banco, que se han llevado los depósitos. La falta de liquidez ha sido consecuencia de una mala gestión», ha añadido el tambioén sopcio del citado bufete Ignacio Aragón.

En concreto, la denuncia centra parte de sus argumentos en que desde la entrada de la familia mexicana Del Valle en el accionariado y el consejo de administración del Popular, esta, siempre según los denunciantes, habría filtrado informaciones para manipular el precio de las acciones y hacer caer su cotización «movido por un evidente ánimo de lucro», y recuerdan operaciones similares de este inversor en otros países con otras compañías.

Esta primera y temprana denuncia de los accionistas hace pensar que en los próximos días otros inversores presentarán también sus querellas. Varios despeachos de abogados entienden que hay motivo para ello al considerar que compraron acciones y bonos de la entidad en base a una información contable irreal . Banco Popular cerró 2016, solo medio año después de ampliar capital, con casi 3.500 millones de euros de pérdidas .

El Santander ha tenido en cuenta a la hora de valorar la compra del Popular este riesgo de litigios. De hecho, ya la valoración independiente que cifró el valor del banco en hasta 8.200 millones de euros negativos incluiría la factura de esas demandas. Sin embargo, autoridades y Santander despejan entre sí la responsabilidad ante posibles indemnizaciones. La entidad presidida por Ana Botín insiste en que es el Banco Central Europeo (BCE) el que debe responder ante los accionistas por ser el que ordena la intervención del banco, mientras que fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), encargado de ejecutar la resolución de Banco Popular, aclaran que es algo que debe solucionarse en el ámbito privado, entre Santander y particulares.