Ábalos se lava las manos en la crisis del taxi

Despúes de un inicio de verano caliente entorno a este conflicto, con manifestaciones y huelgas incluidas , el ministro prometió abrió la puerta en julio a transferir a las comunidades autónomas la competencia para otorgar licencias a vehículos de alquiler con conductor (VTC) a empresas como Uber o Cabify. Ábalos argumentaba que esto requeriría de un «amplio consenso» ya que supondría la reforma de una ley orgánica. El titular de Fomento manifestó su disponibilidad a «garantizar un marco equitativo y de convivencia ordenada» entre ambos medios de transporte.

La idea de pasarle la competencia sobre las VTC a las autonomías no cosechó muchas simpatías - con la oposición abierta de Madrid y Galicia-, y apenas unos días después, Ábalos retrocedía y aseguraba que, en lugar de transferir esta capacidad a los gobiernos autonómicos, se procedería a « habilitar a la Comunidad, que así lo requiera de forma voluntaria de la regulación necesaria, para que gestione y regule este sector en el ámbito de su territorio». Es decir, informaba EFE, «dará a los gobiernos autonómicos que así lo deseen capacidad regulatora en la materia». Era principios de agosto y el conflicto se tomó unas merecidas vacaciones.

A la vuelta del estío, en una comparecencia ante el Congreso , el titular de Fomento anunciaba una nueva ronda de contactos con actores del sector del taxi y asociaciones relacionadas con las VTC. De igual modo, el ministro insistía en su idea de permitir normativamente que las autonomías que lo desearan regularan las VTC en su territorio: «No se trata de pasar un problema, se trata de asumirlo, porque se quiera ver o no, el problema lo tienen en cada uno de sus territorios», apunto Ábalos refiriéndose a los recelos de varias regiones a asumir la gestión de esta materia.

¿El resultado? Finalmente, el Consejo de Ministros concretó las promesas de Ábalos no a través de un proyecto de ley ni similares sino vía Real Decreto en el que prohibía a los vehículos con licencia VTC prestar servicios dentro de la ciudad sin una segunda licencia gestionada por comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, el Ejecutivo establecía un periodo de moratoria de cuatro años - que en la convalidación del Real Decreto se daba la posibilidad de ampliarlo a seis años- para su aplicación « en concepto de compensación» con lo que la situación quedaba igual durante este periodo.

De esta forma se ahorraba mucho dinero el Gobierno, al no tener que indemnizar a quienes se les habían concedido licencias VTC en base a leyes anteriores. Como informaba Guillermo Ginés en ABC, las empresas estimaban en casi 4.000 millones de euros en compensaciones si se aplicaba la norma .

El Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto con 179 votos a favor y 166 en contra con el «sí» de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias. Por otra parte, PP y Ciudadanos votaban en contra. Sin embargo, lo hacía tramitándola como proyecto de ley y abriendo la puerta a mayores cambios, a través de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT). Por lo que la situación, adquiría cierta precariedad pero la regulación de las VTC terminaba en manos de las comunidades autónomas. Ahora, los conflictos abiertos en Madrid y Barcelona vuelven a poner en el candelero al sector.