Del 80% de las solicitudes al IMV que ha tramitado la Seguridad Social, el 50% han sido denegadas

Durante una interpelación en la sesión de control del Congreso, Escrivá ha explicado que la nómina de diciembre -que se pagará en los próximos días- incorpora por primera vez a beneficiarios de la renta mínima de Aragón, a quienes se ha reconocido el IMV sin necesidad de solicitud a través de la pasarela puesta en marcha por la Seguridad Social.

Se trata de una prueba piloto que se espera extender a otras comunidades autónomas para facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el IMV.

La nómina de diciembre es la séptima que abona la Seguridad Social y ascenderá a 110 millones de euros . En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.

Desde que se puso en marcha se han recibido casi 1,1 millones de expedientes válidos y la Seguridad Social ha tramitado cerca del 80 %, de las cuales a 181.000 se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Sin embargo, aproximadamente el 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas , en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio, según datos del ministerio.

Escrivá ha indicado que «en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria», fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales.

Entre los cambios que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia en casos de convivencia en hogares colectivos como albergues o centros de acogida.

Al margen de estas modificaciones, Escrivá se ha comprometido a realizar una completa evaluación del alcance que ha tenido la prestación en estos meses y a estudiar cuantas modificaciones sea necesarias «para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad que identificamos antes del desarrollo de la norma».