El 70% de las pymes denuncian las trabas para abrir una empresa

Una dificultad de la que las pymes lamentan que les obligue a acudir a servicios de gestoría desde la fase inicial de la puesta en marcha de su negocio. En concreto, el 64% de los autónomos, el 70% de las microempresas y el 57% de las pymes reconocen esta desventaja. Por lo que, entre otras reformas, el 90% de las pequeñas y medianas empresas están a favor de unificar el doble control de legalidad notario-registrador y habilitar un registro mercantil centralizado (70%) en lugar de los registros provinciales que existen ahora.

Por otro lado, pero en el mismo sentido, pymes y autónomos creen que el cambio de algunas de las actuales leyes impositivas y de cuestiones referidas a la morosidad de las empresas ayudarían al desarrollo de sus negocios. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procedimientos de acceso a los aplazamientos de pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social para aquellas pequeñas y medianas firmas que acrediten la existencia de necesidades financieras. Creen fundamental este cambio el 95% de las pymes, el 91% de las microempresas y el 87% de los autónomos.

De la misma forma, la gran mayoría del 99% del tejido empresarial que representan estos tres grupos, creen que también fomentaría la actividad empresarial el establecimiento de una exención en el Impuesto de Actividades Económicas (además de para personas físicas) para aquellas pequeñas y medianas empresas con una cifra de negocios inferior a diez millones de euros. Mientras que el 77% estima que es importante establecer un sistema de graduación impositiva del Impuesto de Sociedades en función del tamaño de la empresa.

En lo que se refiere a la morosidad , las pymes proponen una serie de reformas para paliar los efectos del incumplimiento de los plazos de pago de las empresas, que sigue siendo una de las principales trabas para los negocios españoles. En concreto, para el 72% de los autónomos, el 65% de las microempresas y el 61% de las pymes.

En este sentido, ocho de cada diez de las 650 firmas encuestadas propone que, cuando exista morosidad entre dos empresas, sea la Administración directamente la que sancione al deudor. Y en la misma línea, piden la creación de un régimen sancionador que castigue a las empresas que sobrepasen el periodo de 60 días para hacer frente a las facturas, como así estipula el plazo legal.

Porque la morosidad no solo incide en la capacidad de pago entre empresas, sino que también las condiciona a la hora de afrontar sus cuentas pendientes con la Agencia Tributaria . Por lo que según este estudio, al 64% de los autónomos, al 69% de las microempresas y al 58% de las pymes les generan incovenientes adelantar el pago del IVA en facturas pendientes de ser cobradas.

El sector público añade más barreras al desarrollo empresarial español. También en lo que incumbe al reparto de recursos estatales que tienen este objetivo. Así lo señalan los empresarios encuestados, que lamentan la cantidad de trabas administrativas que encuentran a la hora de pedir subvenciones para iniciar proyectos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Un laberinto de exigencias «que dificultan, e incluso disuaden las peticiones». Misma sensación tienen con la contratación con la Administración Pública, que en algunos casos «llevan a no acudir a las licitaciones».