Aagesen abre un nuevo cisma con las eléctricas por la retirada selectiva de algunos impuestos

Aagesen anunció que no tiene intención de tramitar la reforma sobre el régimen de emisiones de carbono con las enmiendas que se introdujeron. Entre ellas, hay una que afecta a nivel impositivo a las empresas eléctricas. Se trata del gravamen del 7% por la producción de energía. El denominado Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).

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Raúl Masa

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En su momento, y debido a un problema de gestión, el grupo socialista no fue capaz de bloquear esta situación y, en principio, el resto de grupos parlamentarios consiguió una eventual victoria. De esta forma decaería este impuesto. Finalmente, y como el PSOE tiene la mayoría en la mesa de la Comisión, logró suspender la sesión. Ahora la intención sería que nada salga adelante.

Sin embargo, la ministra dio un nuevo giro y explicó que se debería «analizar y ver» la posibilidad de que este impuesto no se aplique a las compañías que producen electricidad mediante fuentes renovables.

Una de las grandes quejas de las compañías energéticas durante el periodo en que Teresa Ribera fue ministra tenía que ver con la neutralidad tecnológica. En concreto, siempre se ha visto un agravio del segmento renovable frente a todo lo demás. Una situación que se vuelve a repetir.

En cuanto al impuesto de la generación, diversas fuentes del ámbito energético señalan que, de entrada, tiene poco sentido que este gravamen siga en pie, puesto que se introdujo para generar una estabilidad dentro del sector que ahora, tiempo después, ya no es necesaria.

Y lo peor, añaden las fuentes consultadas, es que se vuelve a crear una distinción muy evidente entre tecnologías —unas tendrán que pagar impuestos y otras no, por hacer lo mismo—. Esta propuesta de la ministra para valorar qué hacer con el impuesto a la generación deja fuera, por completo, a los ciclos combinados de gas y la energía nuclear que deberían seguir pagando.

Junto a la discriminación, una vez más a ciertas tecnologías, una de las fuentes consultadas añade que esta medida tendría un efecto nulo, puesto que se recaudaría menos, pero en realidad no se impactaría sobre los precios, que es una de las cuestiones que podría buscar el Gobierno.

Además, en esta medida que tiene en mente el Gobierno, al menos por ahora, vuelve a existir cierta contradicción en la consideración de la energía nuclear. Según ha podido saber ABC en fuentes del ministerio, esta tecnología seguiría gravada porque, conceptualmente, no se considera renovable. Sin embargo, las centrales nucleares no tienen ningún tipo de emisiones de carbono. Y precisamente es la cuestión fiscal el motivo por el cual los propietarios de las centrales no se plantean pedir un aumento en la vida útil de las centrales.

Sobre el futuro de esta tecnología, Aagesen dejó claro que «la apuesta por las renovables de España lo ha cambiado todo» y reiteró su disposición a cumplir el calendario de cierre de las centrales nucleares, que según recordó fue pactado por las empresas propietarias y Enresa —organismo que gestiona los residuos nucleares—.

De esta forma, el Gobierno vuelve a poner el foco en las dueñas de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), y les hace responsables del cierre. Cabe recordar que la estrategia energética nacional la marca el Ejecutivo y que, por tanto, el cierre de los reactores está dentro de los planes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Muestra de ello es que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), cuya versión definitiva ya se remitió a Bruselas, recoge que a partir de 2027 se empezarán a cerrar las nucleares. Así, se pasará de una potencia instalada de 7 GW a poco más de 3 GW para 2030.