Más de 90.000 trabajadores sin valorar por el colapso de bajas

El número es elevado, aunque lo más preocupante es que esos procesos de bajas sin resolución final han aumentado un 50% en los dos últimos años, tal y como apuntan desde el colectivo laboral de la Seguridad Social, en huelga parcial desde el pasado mes de marzo. «Estos datos demuestran que más allá de que la incidencia de la incapacidad temporal se ha disparado, la falta de control de los procesos es un hecho evidente», señalan desde ese movimiento laboral formado por secretarios y subdirectores provinciales del organismo.

Desde el inicio de sus protestas, en el mes de marzo, el número de expedientes embalsados a la espera de una resolución sobre su situación laboral se ha incrementado en alrededor de 30.000. La espiral se debe a una confluencia de circunstancias que han ido tensionando el sistema y que van enquistando la parálisis administrativa que ya sufrían 133.000 trabajadores con bajas médicas de más de un año de duración. Más de 7.000 llevan más de dos años en esa situación. Son trabajadores de baja que llevan meses esperando para ver resuelta su realidad, tanto con un sí como con un no de los equipos evaluadores.

Los directivos de Seguridad Social mantienen un conflicto con el ministerio dirigido por Elma Saiz desde antes de Semana Santa. A este grupo de trabajadores, que realiza paros parciales un día a la semana, le «alarma profundamente» el proyecto de Seguridad Social para intentar agilizar un problema, el de las bajas, que tiene un fuerte impacto laboral y que en lo que se refiere a las incapacidades temporales solo en el primer trimestre ha experimentado un crecimiento del 10%, alcanzado de esa manera la cifra de 1,8 millones de bajas.

Las bajas por incapacidad temporal no paran de crecer desde 2018, pero su evolución se ha acelerado tras la pandemia hasta el punto de convertirse en un problema económico de primera magnitud, con un coste asociado a estos procesos que se elevó hasta los 16.000 millones de euros en 2024.

Los más de 30.000 casos adicionales pendientes de resolución acumulados en el último trimestre ha agravado la compleja situación que ya se vivía por la dificultad para tramitar las bajas registradas. La media de espera para estos nuevos expedientes se ha ensanchado hasta los tres meses, según fuentes de la organización de los directivos de la Seguridad Social. Su impacto, no obstante, es diferente según la provincia de la que se trate y de los casos en vigor.

Este colectivo de profesionales públicos insiste en el «fracaso de las políticas actuales de control de la incapacidad temporal» que se han impulsado desde el Ministerio de Inclusión. Consideran que algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos para desatascar el problema son «innecesarias». Se refieren a la centralización de los equipos de valoración de incapacidades (EVI), un grupo de médicos responsables que determinan si se tiene derecho a prestaciones, al existir los equipos provinciales que –insisten– que realizaban correcta y profesionalmente su trabajo.

La proliferación de casos de incapacidad temporal se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza de Elma Saiz en los últimos meses, que puso en marcha una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para intentar solucionar el problema con propuestas como las altas progresivas: incorporaciones parciales a los puestos de trabajo bajo autorización médica a media jornada o durante un mes hasta el momento definitivo.

También destaca el papel que se les da a las mutuas, que podrán «formular la propuesta de alta» por incapacidad permanente a la inspección, aunque la decisión final seguirá estando en manos de la Seguridad Social.