El 28M desactiva los topes al alquiler de la ley de vivienda y tiñe la norma de incertidumbre

Ningún candidato autonómico del Partido Popular se ha mostrado a favor de utilizar las medidas a criterio de las regiones que habilita la Ley por el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor la semana pasada. Han servido, más bien, como arma arrojadiza contra los ejecutivos en manos del PSOE y sus socios de extrema izquierda, que veían en la nueva norma un filón para intervenir el mercado del alquiler en las principales capitales españolas.

En Baleares, la presidenta socialista Francina Armengol, incluso llegó a celebrar la entrada de los límites a los arrendamientos en la ley de Vivienda, tras el chasco consumado en el Congreso en su intento de topar los alquileres a través de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Palma de Mallorca, algunos municipios periféricos e Ibiza eran grandes candidatos a ser declarados como áreas tensionadas, pero la más que probable coalición PP-Vox en el archipiélago finiquita esta posibilidad.

En la Comunidad Valenciana ocurre lo mismo. El Botànic de Ximo Puig era otro de los grandes postulantes a declarar varias de sus capitales y municipios más importantes como zonas donde el precio del alquiler es desproporcionado. El candidato socialista no se pronunció en claro durante la campaña acerca de cómo iba a aplicar en la región la ley de Vivienda, pero sí sus socios de Compromís y Podemos, que abogaban por establecer los límites de precios. Pero el vuelco del PP en esta región promete dejar en agua de borrajas esa posibilidad. Al igual que en Aragón, con Zaragoza como pupilo, que también quedaría fuera de esa ecuación tras la victoria del PP (tendrá que pactar con Vox) y la previsible salida del socialista Javier Lambán.

Por lo que tan solo Cataluña resta como la comunidad que mayor efecto puede propiciar si declara a Barcelona y a su periferia como área tensionada. Algo que ya se da por hecho, pues los límites al alquiler estuvieron vigentes en la región durante año y medio (hasta que el Tribunal Constitucional los tumbó) y la norma se ha cerrado en el Congreso con la participación en la elaboración del texto y el apoyo de ERC, partido que gobierna en la región.

Descartada queda, en cambio, la Comunidad de Madrid, la otra gran plaza donde los alquileres están por las nubes. La mayoría absoluta lograda por Isabel Díaz Ayuso disipa esa posibilidad, después de que la popular incluso haya llegado a retar a Sánchez con llevar la norma a los tribunales. «Es un atropello contra la propiedad», llegó a decir sobre la norma tras ser acordada por el Gobierno y sus socios.

La Ley por el Derecho a la Vivienda habilita a las comunidades la posibilidad de declarar un mercado tensionado siempre y cuando las administraciones regionales con competencia en vivienda puedan demostrar que el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler) supone un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años.

Todo ese peso recaerá en las comunidades y no en otras administraciones. La propia redacción de la norma imposibilita que puedan ser los municipios los que decidan si se declara una zona como tensionada. Por lo que la voluntad de los ayuntamientos no servirá para aplicar la medida que pretende contener los precios del alquiler. Y en todo caso, la mayoría de los consistorios de las principales capitales españolas han caído en manos del PP. Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza o Palma, entre ellos.

Estas capitales también podrían dejar sin efecto los recargos del IBI a las casas vacías, que la nueva ley de vivienda permite ampliar hasta el 150% con el fin de movilizar más inmuebles al parque de alquiler y aumentar así la oferta. Como ya contó este periódico, actualmente este castigo fiscal solo lo aplican 288 ayuntamientos de los 8.131 municipios que hay en España. Y el cambio de mapa político pone en entredicho el éxito de esta disposición.

Si será de obligado cumplimiento la aplicación de medidas estatales como el límite a la subida anual de las rentas (actualmente del 2%) que será del 3% el próximo año y luego estará regido por un índice que creará el INE en detrimento de la desaparición del IPC como referencia, además de otras modificaciones de la LAU como la que exige al casero hacerse cargo de los honorarios de la agencia inmobiliaria por la gestión y formalización del contrato de alquiler.

Noticia Relacionada

La polémica ley de vivienda nubla el horizonte del sector inmobiliario

Alicia Aragón

El Senado daba esta semana el sí definitivo a una nueva normativa tachada de populista y sobre la que muchos expertos subrayan que tendrá el efecto contrario al que pretende

Eso es lo que sucederá 'a priori', pero la ley también podría estar encaminada a su derogación si el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, gana las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio. Desde el PP ya avisaron el mes pasado de que la intención es la de tumbar la ley de Vivienda si llegan a La Moncloa, y que buscarán impulsar en paralelo un pacto de Estado en esta materia, además de un plan destinado a jóvenes en el que pretenden incluir avales para hipotecas y para el pago de la fianza del alquiler.

Con todo, el cambio de ciclo político resulta ya un alivio para propietarios y sector inmobiliario, de los que la incertidumbre se ha apoderado en las últimas semanas ante la importancia cobrada por estos comicios con vistas a la funcionalidad de la ley. «Lo que es inaudito, es que el mercado del alquiler en nuestro país, tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler», señala el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, que añade que «esta incertidumbre nos afecta a todos, inquilinos y propietarios, donde al final están trastocando gravemente un mercado de alquiler, destruyendo oferta, y por lo tanto dificultando enormemente el acceso a la vivienda».

Zurdo celebra que la ley sea ya «casi papel mojado», pero también advierte de que en aquellas comunidades donde si pueda aplicarse los topes al alquiler, «se producirá el efecto de desplazar la inversión de promotores e inversores hacía aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España de dos velocidades».