El 23J complica la continuidad del 'escudo social' de Sánchez

Un pacto «in extremis» entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz permitió que el último Consejo de Ministros de diciembre diera luz verde a un tercer paquete anticrisis valorado en 10.000 millones. Ahora, la disolución de las Cortes deja algunas normas en el aire, como este decreto social que fue tramitado como proyecto de ley.

Esta vía se cierra para el Ejecutivo de coalición, pero tendrá la opción de aprobar esas medidas como decreto, y que la norma reciba el visto bueno de la Comisión Permanente, aunque el principal partido de la oposición ya avisa: «Estaremos muy atentos por si tiene que actuar la Junta Electoral».

Desde el Ministerio de Hacienda dejan la puerta abierta a la aprobación o prórroga de las medidas sociales, sin dar más detalles. «El Gobierno está en funciones hasta el 23 de julio», insisten a ABC. De hecho no es la primera vez que el presidente se enfrenta a un periodo electoral cargado de buenas noticias para el bolsillo.

Los 'viernes sociales' del Gobierno fueron un serial de capítulos protagonizados por el Consejo de Ministros meses antes de las elecciones de abril de 2019. Un goteo de ayudas de todo tipo precedió a los comicios. Para parados, para pensionistas, aumentos del salario mínimo. Y la mayor oferta de empleo público en más de una década en plena campaña electoral.

Los 'martes sociales' tomaron el relevo a los 'viernes sociales' y lo hicieron a las puertas del 28M. Durante un mitin en Zaragoza Sánchez anunció la distribución a las autonomías de una partida de más de 2.500 millones para becas. Unas semanas después, vendría la ley de paridad en las empresas, la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb y destinarlas a alquiler asequible, una línea ICO de 4.000 millones para la promoción de viviendas con alquileres asequibles y la compra de terrenos de Defensa por valor de 500 millones para el mismo fin.

Entre medias, una partida de 1.300 millones para crear 45.000 nuevas plazas de FP bilingüe, la rebaja de 1.807 millones en el IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos, el aumento de la partida para los viajes del Imserso hasta 300 millones e inversiones en diferentes infraestructuras por diferentes puntos de España.

Así, la convocatoria de elecciones y disolución de Cortes deja un escenario plagado de obstáculos para la labor legislativa del Gobierno, pero no implica un embridaje de pies y manos para Sánchez, sólo que deberá sortear obstáculos para poder lanzar sus últimas leyes.

El Ejecutivo cuenta con tres escenarios. En primer lugar están las medidas que han sido tramitadas como proyecto de ley en el Congreso. Estos procesos decaen de facto con la disolución de las Cortes, con independencia de la fase en la que se encontrasen.

Es el caso de la ley que regula la Autoridad del Cliente Financiero, por la que se crea una nueva agencia de supervisión para unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. Y en el mismo punto se encuentra la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública, en la que se pretendían negociar la mejora de condiciones laborales de los funcionarios, además de renovar la relación de puestos laborales, o también la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos.

En un segundo nivel se encuentran las leyes ya aprobadas en el Consejo de Ministros como real decreto y que ya han pasado el trámite parlamentario de convalidación -en un plazo máximo de treinta días-. En estos casos, pese a que la ley entra en vigor, el Gobierno puede conceder la prerrogativa de tramitar la norma como proyecto de ley en el Congreso, lo que emplaza al periodo de enmiendas. Es el caso de normas como la segunda pata de la reforma de pensiones, la ley que regula el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos o la ley para la gestión de los fondos europeos

En estos casos, estando la ley ya aprobada y convalidada, por lo tanto, en vigor, aún podrían tener modificaciones si el Gobierno acepta dichas enmiendas. Sin embargo, con la disolución de la Cámara esta fase legislativa decae. También en esta situación se encuentra la norma que mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar.

En tercer lugar, estarían esas medidas que se encontraban en fase de negociación con los agentes sociales y actores afectados que se habían anunciado de forma inminente, que no han entrado por lo tanto en el Congreso y que quedan ahora en punto muerto. Es quizá aquí donde el Gobierno tenga algo más de margen de maniobra gracias al real decreto ley. El gabinete del presidente puede seguir emitiendo decretos que podrían ser convalidados por la comisión permanente del Parlamento.

Sin embargo, en este caso el mayor obstáculo es el propio 'timing'. Queda solo mes y medio para arrancar la campaña electoral y algunos aspectos, incluso estando ya avanzados, necesitarían más tiempo para congregar un consenso en los próximos días que permita elaborar un decreto urgente.

En esta situación están leyes que los diferentes gabinetes habían anunciado que comenzarían a negociar o incluso algunos en el que las conversaciones llevan ya un año produciéndose, como el Estatuto del Becario. Esta norma, estando pactada entre el Gobierno y los sindicatos, parece que finalmente caerá en saco roto, habiendo sido la limitación de las prácticas extracurriculares el principal obstáculo para su aprobación.

Otros temas que el Gobierno quería llevar al diálogo social es el de la reforma de los cursos formación en las empresas o la modificación de los contratos enfocada a transitar del empleo a la jubilación, como el contrato de relevo o la jubilación parcial.