España, suspendida en formación de trabajadores y empleados

Tras abandonar las aulas, la brecha entre lo que necesitan las empresas y lo que ofrecen los trabajadores tampoco se reduce. Hasta tal punto tenemos deberes que hacer en esta materia que esta misma semana la OCDE ha advertido a España, en boca del director de su departamento de Educación, Andreas Schleicher , de la necesidad de «mejorar el nivel de competencias de los españoles y optimizar su formación en el puesto de trabajo para fomentar el crecimiento inclusivo y la innovación». Un informe de la mencionada organización multilateral concluye que España debe duplicar sus esfuerzos con objeto de asegurarse que los jóvenes españoles adquieren y gozan de las competencias necesarias para tener éxito en el ámbito socioeconómico , por no mencionar los 10 millones de adultos escasamente cualificados que aún hay en nuestro país.

El reto está claro y la pregunta es qué se ha hecho en España en los últimos años en materia de formación, tanto de trabajadores como de parados. El Gobierno aprobó en marzo un real decreto para cambiar la normativa sobre la formación para el empleo , entre otras cosas como reacción a los escándalos de desvío de fondos de la formación sucedidos en Andalucía. Las valoraciones sobre la eficacia de estos cambios son dispares entre los agentes sociales y el Gobierno.

Entre las novedades figura un cambio en el modelo de formación subvencionada de los trabajadores, que se gestionaba hasta ahora a través de la Fundación Tripartita en la que están presentes a partes iguales sindicatos, patronales mayoritarias y la Administración, pero que cambiará su composición y su nombre, con mayoría estatal, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa. Además, en el nuevo sistema los agentes sociales perderán la mayoría en el órgano de gobierno, no recibirán ningún fondo destinado a cursos de formación y dejarán de formar parte del órgano colegiado que supervisa la concesión de las subvenciones que, otro de los cambios, se adjudicarán por método de libre concurrencia directamente entre los centros de formación, sin intermediación de sindicatos ni patronales.

Desde la patronal CEOE su director de formación, Juan Carlos Tejeda, asegura que «en la formación de los desempleados en España hay mucha distancia entre la oferta de los cursos y lo que de verdad necesitan las empresas de sus empleados». Respecto a la valoración del nuevo sistema considera que «el modelo anterior no era perfecto, y además se han dado varios escándalos graves en ese tiempo pero no hay que perder de vista que todos se han producido en las comunidades autónomas y no en el ámbito estatal, pero se ha sustituido por otro muy intervencionista, hasta el punto que ha habido recientemente una oferta para dar formación por importe de 60 millones de euros, en su mayoría procedentes de la Unión Europea con cargo a los fondos de la garantía juvenil, y no hay apenas solicitudes por la cantidad de requisitos que se piden».

En cuanto a la libre concurrencia, lo que viene a ser competencia al fin y al cabo, entre las distintas ofertas para los cursos de formación, cosa que a priori es buena los afectados tienen matices. Desde la patronal se sostiene que « la competencia es buena pero si es ordenada, de modo que impartan la formación los mejores y no los más baratos, ya que una formación de bajo coste no es lo que necesitan las empresas».

Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo , por su parte, niega que la libre concurrencia vaya a conllevar una formación «low cost», sino que, «al contrario, contribuirá sin ninguna duda a hacer más eficaz y eficiente el nuevo modelo de formación profesional para el empleo ya que los centros de formación acreditados serán los beneficiarios directos de la gestión de las convocatoria públicas de la oferta formativa»

En cuanto al hecho de que el Gobierno haya dejado fuera de la formación a los agentes sociales de manera más o menos expresa, Tejeda considera que «no ha sido la mejor idea» ya que, según él, «son los agentes sociales los que mejor conocen las necesidades de formación, tanto de trabajadores como de parados».

La visión desde Comisiones Obreras, y aunque parezca sorprendente, no dista mucho de la de CEOE. Javier López, responsable de formación del sindicato, cree que «tiene que haber mayor conexión entre los Ministerios de Empleo y de Educación para que aumente la eficacia de la formación, para lo que es importante que en el trámite final de la ley se incluya que haya partidas específicas para que las universidades y los centros de formación profesional hagan también formación para los trabajadores, al igual que pasa en Alemania». López subraya que precisamente la OCDE ha puesto el acento en la necesidad de que haya cooperación entre administraciones , empresas y sindicatos para mejorar la eficacia, cosa que ahora no seguirá siendo así con los cambios introducidos que alejan a los agentes sociales de la formación. En relación con la libre concurrencia el representante de Comisiones Obreras se muestra de acuerdo porque está en línea con el método de funcionamiento de las contrataciones en la Unión Europea y, siempre y cuando, todo el procedimiento sea transparente. López concluye que «el objetivo primordial es que sean los mejores los que hagan la formación».

Sobre la corrupción que ha salpicado este sector, y que está en cierto modo en el origen de la reforma de la formación, el representante de Comisiones se muestra tajante al asegurar que «tiene que haber los controles que sean necesarios para evitar que se vuelvan a dar casos de corrupción como los que hemos conocido».

Por parte de UGT Teresa Muñoz, secretaria de formación, asegura que «la nueva ley mejora, tras las enmiendas introducidas, aspectos que quedaban indefinidos, como el papel de los interlocutores sociales en el sistema de formación, la reanualización de los fondos o el papel de la representación legal de los trabajadores o de las comisiones paritarias sectoriales». Al mismo tiempo Muñoz explica en relación con el aumento de la competencia que «al margen de que ya existía y en 2014 alcanzó al 50% de los fondos de formación, no es garantía ninguna de una mejora en la eficacia y eficiencia del sistema, y por los datos que tenemos está habiendo problemas con la ejecución de algunos fondos para formación».

Sobre el «gap» entre oferta de formación y necesidades de las empresas, la representante de UGT cree que «dependerá en gran medida del desarrollo reglamentario de la ley así como de que el Gobierno garantice los medios necesarios para que las estructuras paritarias puedan cumplir sus funciones de detección de necesidades formativas».

La valoración del secretario de Estado, en conjunto, es que «la nueva ley, aprobada por el 90% de los grupos parlamentarios, es altamente positiva y acomete una reforma integral y garantiza el interés general, la estabilidad y la coherencia que precisa el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral». Al mismo tiempo añade que «la nueva ley coadyuvará al ajuste entre la oferta y la demanda de empleo y ofrecerá un aprendizaje permanente de competencias profesionales».