Cuenta atrás para declarar las pensiones del extranjero a Hacienda

Como esta, unas 650.000 cartas han salido del departamento dirigido por Cristóbal Montoro hacia emigrantes españoles o extranjeros residentes en nuestro país en las que les instaba a declarar su pensión del exterior para hacer frente a la cuota de IRPF correspondiente, con intereses del 5% y sanción incluida de un 20% . El Fisco contempla los últimos cuatro ejercicios no prescritos.

Ahora la reforma fiscal ha abierto un periodo extraordinario de condonación de las multas –que no de la obligación de tributar las pensiones en el IRPF– entre el 1 de enero y el 30 de junio para los que regularizaron su pensión fuera de plazo . Aquellos que declaren ahora la prestación se ahorrarán sanciones e intereses de demora mientras que a los que la presentaron en su momento fuera de plazo, Hacienda les devolverá las multas. El periodo que finaliza en nueve días. A partir de entonces, las sanciones por no declarar las pensiones del exterior volverán a estar vigentes.

Hasta marzo, 10.500 pensionistas declararon su pensión del exterior por primera vez aprovechando este periodo de gracia fiscal. Unos 10.097 jubilados pidieron que el Fisco les devolviera los recargos e intereses cobrados en el pasado.

Si bien declarar todo rendimiento del exterior ya era obligatorio, Hacienda ha obtenido una mayor información del extranjero gracias a la firma de convenios de intercambio de información con otros países en los últimos años. Ello explica la catarata de cartas y liquidaciones a pensionistas que no habían declarado sus prestaciones del exterior. Hasta mayo del año pasado, Hacienda abrió 27.696 inspecciones por este capítulo. Las movilizaciones de asociaciones de retornados, especialmente importantes en regiones como Galicia o Asturias , finalmente provocaron que el Fisco abriera un periodo de gracia. Desde el ministerio estiman que este periodo temporal tendrá un coste de 20 millones de euros

La mayor parte de los afectados son emigrantes retornados de Suiza , Alemania y Francia o jubilados de esos países que han decidido establecerse en nuestro país. Se estima que hay 1,8 millones residentes que perciben pensión del extranjero.

«Las 700.000 cartas crearon un estado de alarma social entre personas mayores. Además, no se dotó de más medios a las delegaciones de la Agencia Tributaria. Nos han llegado denuncias de afectados que señalan que al dirigirse a funcionarios para declarar hace años, estos desconocían la obligación de informar sobre la pensión del extranjero por lo que muchos han tenido que recurrir a asesorías privadas», señala la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer), Eva Foncubierta.

La declaración de estas pensiones tiene algunos flecos sueltos. Uno de ellos afecta a los receptores de pensiones de Alemania . El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, eximió de tributar a los receptores de pensiones alemanas hasta el año 2013. Ello se debe a un Convenio Hispano-Alemán firmado en 1966 que, según el tribunal, podía inducir al contribuyente a pensar que las pensiones del país germano estaban libres de impuestos en nuestro país.

Este convenio se sustituyó por otro acuerdo desde 2013, por lo que hasta dicho ejercicio el tribunal entiende que estos pensionistas quedan libres de pagar impuestos y condena a Hacienda a pagar las costas del litigio.

Otras sentencias, no obstante, han fallado en favor del Fisco y un consulta de la Dirección General de Tributos estipula que estas pensiones sí pagan impuestos hasta 2013.

Otro de los puntos que denuncia Foncubierta es el de las pensiones por incapacidad absoluta . «Las prestaciones recibidas del Estado español de este tipo de ayudas están exentas de impuestos, pero las que proceden del exterior requieren una homologación para que te lo reconozca España. Hasta que te la conceden debes tributar en el IRPF a diferencia de los receptores nacionales», incide.

Los pensionistas están obligados a declarar las prestaciones por jubilación del extranjero, tanto si reciben la pensión de un país como de dos, a partir de los 11.200 euros anuales, describe el abogado y asesor de DMS Consulting Alejandro del Campo, quien relata que en esta fase final del plazo, se disparan las declaraciones para entrar dentro del plazo. La cuenta atrás llega a su fin.