Un inspector del Banco de España sugirió a un exdirectivo de las cajas gallegas «ser egoísta» y prejubilarse a tiempo

Seis días después de aquella conversación, el 13 de septiembre de 2011, un día antes de que Novacaixagalicia —la entidad resultante de la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia— se convirtiera en banco, Pego abandonó la entidad. El exdirectivo ha explicado que lo hizo contra su voluntad porque el nuevo presidente del banco, José María Castellano, le comunicó que el fondo americano Elliot puso como condición su salida para participar en el capital de la entidad. «Las cajas tienen mala imagen internacional», se justificó Castellano, siempre según la versión de Pego en la Audiencia.

Con esta tesis el exdirectivo ha querido expresar que él no tuvo intención de marcharse y que no hubo ningún plan para preparar una salida de los cuatro exdirectivos prejubilados que les asegurase un jugoso retiro millonario. Con un tono vehemente, altivo por momentos, Pego ha insistido en que si hubiera abandonado la entidad antes, en mayo de 2010, se hubiera prejubilado cobrando cifras superiores a las de septiembre de 2011. «Decir que yo estaba preparando una salida, como sostiene la Fiscalía, es erróneo. Con una calculadora se puede ver que las cantidades hubieran sido mayores si me prejubilo en mayo de 2010».

El exdirectivo ha defendido, como ya hiciera el expresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso , que el Banco de España estuvo al corriente en todo momento de las prejubilaciones. Y ha puesto en contexto unos documentos de julio de 2011 que esgrime la Fiscalía para mostrar que los exdirectivos ya tenían intención de marcharse en aquel verano. Según Pego, esas supuestas cartas de desistimiento son solo borradores que se enviaron al Banco de España, quien exigió entonces a NCG que dotara 28 millones para cubrir una posible salida de los directivos, para contemplar los diferentes planteamientos. «No son cartas de desistimiento, no están firmadas. Es un planteamiento al Banco de España en el que se le dice que los altos cargos pueden desistir, pueden continuar y que preferíamos sustituir las dotaciones por unos avales».

En cualquier caso, ha argumentado que la «adaptación» de los contratos al escenario de la fusión —las mejoras económicas planificadas, según las fiscales — no tenía que ver «en absoluto» con una previsible intervención del FROB en las entidades.

El otro directivo que ha declarado hoy ha sido Gregorio Gorriarán, el que fuera director general adjunto de la división comercial de Caixanova, quien cobró 4,8 millones de euros al prejubilarse. En un tono bastante soberbio que mereció el reproche del magistrado Alfonso Guevara, el presidente del tribunal, Gorriarán ha asegurado que el tratamiento de los contratos en el consejo fue por pura transparencia, dado que no había necesidad de presentarlos allí.

Además, Gorriarán ha afirmado que, según su interpretación de lo que sucedió, la petición del Banco de España a la entidad de que provisionara el impacto económico de la salida de los exdirectivos en junio de 2011 le hace sospechar que el supervisor conocía que el nuevo equipo de NCG no iba a contar con ellos, como así sucedió. «Detrás de esto había una tomadura de pelo».

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión para la antigua cúpula por ocultar las mejoras en sus contratos a los órganos de control con la intención de asegurarse un importante beneficio patrimonial a costa de una entidad que necesitó ser rescatada con 9.000 millones de dinero público.