CSIF denuncia que las agresiones a funcionarios en las oficinas de empleo se triplican

La situación se ha agravado, denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), durante el primer trimestre de 2015 con un total de 121 comunicaciones de incidentes (el triple que en el mismo periodo del año anterior). La Administración atribuye este repunte a la implementación de la nueva prestación por desempleo (Programa de Activación para el Empleo PAE) y la frustración que genera en muchas personas la denegación de la misma.

El sindicato autor del informe atribuye el repunte de las agresiones contra el personal de las oficinas de empleo, a la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios; al desacuerdo con la información suministrada por el empleado público, a la petición de documentación, la solicitud de certificados o al carecer de cita previa o presentarse fuera de hora.

El tipo de violencia que más padecen los empleados públicos es la verbal (insultos, amenazas, gritos), seguida por la «verbal-física» (la agresión comienza con gritos y termina con golpes al mobiliario o en el peor de los casos con un ataque físico) y, en tercer lugar, directamente un ataque físico.

El número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido por la creencia de que la denuncia «no sirve para nada» o por el miedo a las represalias de los usuarios, recalcan desde el sindicato de funcionarios. Por eso, instan a denunciar y constatan que las comunicaciones no reflejan toda la realidad, «teniendo en cuenta que se llevan a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público, y que en las oficinas de empleo se producen llamadas a la policía prácticamente a diario».

Por sexo las agresiones recaen más sobre mujeres (un 52% frente al 36,5%), ya que son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad. Además, desde este mismo informe se ha alertado contra «nuevas situaciones» como la grabación por el móvil a los trabajadores y la amenaza de su difusión o la recepción de estas a través de las redes sociales.

Desde el CSIF se añade que como consecuencia de estas situaciones los empleados públicos sufren de ansiedad, nervios, angustia, tensión arterial, «temor o miedo a represalias» , además de indefensión, menosprecio por el trabajo que hacen diariamente o desprotección por no haber agentes de seguridad en sus instalaciones.

En esta línea, el sindicato de funcionarios sostiene que desde el comienzo de la crisis los empleados públicos han venido sufriendo una «campaña de desprestigio», de tal forma que se les ha culpado de las causas de recesión, «poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social».

Además han arremetido contra la «congelación» de la oferta de empleo público y la «destrucción de puestos de trabajo» que, en su opinión, han mermado el personal disponible incrementando la carga de trabajo y afectado de forma negativa a los servicios que se prestan a los ciudadanos.