Partidos, sindicatos y patronal deberán publicitar sus contratos de obras y sacarlos a concurso

El nuevo marco establece varios objetivos de cara al futuro, desde asegurar la competencia entre empresas que se presenten a concursos o eliminar trabas burocráticas hasta combatir la morosidad. Por este último motivo, la nueva ley asegurará que las empresas que compitan por contratos de las administraciones o de organizaciones de financiación pública, cumplan con los plazos medios de pago a proveedores que fija la ley.

En un encuentro con la prensa la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Platero, explicó que los pliegos de los contratos públicos podrán excluir a una empresa de un proceso de contratación pública en el caso de que sobrepase en una determinada cuantía el periodo medio de pago de treinta días fijado en la legislación vigente. De esta forma, el ministerio pretende poner coto a la morosidad que algunos proveedores del sector público tienen a su vez con subcontratas.

La norma luchará contra las adjudicaciones «a dedo» de la Administración y fomentará la competitividad entre empresas al imponer para las licitaciones públicas la obligación de publicitarlas. Para ello suprimirá en los contratos superiores a 18.000 euros la figura del procedimiento negociado, es decir, sin publicidad.

El pasado año, hasta un 42% de los contratos de la Administración Central se adjudicaban sin publicidad alguna, un porcentaje que, como ha admitido el director general de Patrimonio del Estado, Juan Antonio Martínez, es más elevado en el caso de administraciones locales con contratos de importe más reducido.

Con el objetivo de reducir las trabas burocráticas, las empresas podrán inscribirse en un registro de licitaciones en el que presentarán toda la documentación necesaria a través de medios electrónicos.

De esta forma, cada vez que una compañía participe en un concurso público no deberá presentar de nuevo toda la información requerida. Una plataforma «online» informará de los concursos que vaya convocando la administración, facilitando su seguimiento. «Esto rebajará el trabajo sobre todo para las pymes», ha señalado Martínez.

El otro guiño para las pequeñas y medianas empresas será la promoción del contrato en lotes. Por ejemplo, si un ministerio convoca un concurso para reposición de mobiliario, este se dividirá en varios contratos según zonas geográficas, ámbitos, etc. Así se pretende fomentar la competitividad entre empresas.

Hasta ahora esto era excepcional y la administración debía justificar por qué elegía esta opción. A partir de ahora será al contrario: se deberá explicar por qué se convoca un concurso con un solo contrato.

La nueva regulación traspone tres directivas europeas y, según el límite fijado por Bruselas, deberá aprobarse antes de abril de 2016. Para ello se tramitarán dos leyes, una para los contratos de la administración con correos, energía, transporte y agua y otra para el resto. Por el momento el texto está en periodo de información pública.