El fiscal pide archivar el caso contra cuatro directivos de las tarjetas B de Caja Madrid

En concreto, el fiscal pide el «sobreseimiento provisional» de las actuaciones contra Morado, Vela y Astorqui -que gastaron 448.300, 249.200 y 293.000 euros respectivamente- al argumentar que estos directivos «recibieron estas tarjetas claramente como complemento retributivo», a diferencia de los antiguos consejeros de la caja, los que pertenecían al consejo de administración o a la comisión de control de la entidad. Para apoyar esta tesis, Luzón se basa en las declaraciones «de los usuarios y de quienes les entregaron» las llamadas tarjetas «black» y en el hecho de que estos directivos ya tenían otra tarjeta de empresa, «esta sí para gastos de representación, que justificaban debidamente» en cargos derivados del ejercicio de sus funciones en la caja.

Este argumento fue utilizado, precisamente, por muchos de los usuarios de las tarjeta opacas en sus interrogatorios ante el instructor del caso al explicar que ellos entendieron que la caja les entregaba las Visas para uso libre por ser parte de su salario.

En este escrito, fechado el pasado seis de abril y al que ha tenido acceso ABC, el fiscal también apoya que se archive la causa contra el exdirectivo José Caballero, quien gastó 19.800 euros, «al haber transcurrido más de diez años desde la última disposición conocida de la tarjeta», que se produjo el uno de octubre de 2003. Por esta razón el fiscal ya apoyó el archivo de la causa contra la exdirectiva Elena Gil . Además, en cualquier caso, el juez adoptará de oficio el archivo de la causa contra todos aquellos exdirectivos cuyos delitos hubieran prescrito. Muchos de los imputados que aún no han sido citados a declarar ante el juez se encuentran en esta situación.

Por otro lado, el ministerio públicho rechaza que proceda el sobreseimiento de las actuaciones contra Pablo Abejas, el que fuera presidente de la comisión de control de la caja y quien declaró que las Visas contaban «con todas las bendiciones». Abejas recurrió su imputación y acusó al juez de «forzar el Código Penal» y de basar sus decisiones en «reproches mediáticos».

El juez Andreu, que continúa estudiando los recursos del caso Bankia y de esta pieza separada, ha incorporado las solicitudes del fiscal a las actuaciones en una providencia, a la que ha accedido ABC, para que se resuelva con «la resolución procedente».