La economía sumergida que no ve la luz

Los puentes con estos países se construyen a base de ceros. Zucman ha cruzado datos de la Banca Nacional Suiza y estimaciones sobre la economía en jurisdicciones «offshore» (es decir, de baja tributación) en el mundo. Según sus cálculos, los ciudadanos españoles tienen 80.000 millones de euros en Suiza. Esta cantidad se dispara a 160.000 millones si se engloban los patrimonios en todos los territorios de baja tributación.

En todo el mundo hay unos 5,8 billones de euros en jurisdicciones «offshore», de los que 4,69 están sin declarar. En España, de 160.000 millones se habían regularizado unos 16.000 millones hasta 2013 según Zucman.

¿Dónde están los patrimonios extranjeros en todo el mundo? Un informe de Boston Consulting Group con datos de 2013 calcula que el 26% descansan en Suiza, el 15% en Hong-Kong, el 13% veranean en el Caribe y el 7% están en Luxemburgo. Según un informe de Intermón-Oxfam con datos del Ministerio de Economía, la inversión española hacia paraísos fiscales creció un 205% entre 2013 y 2014.

«Uno de cada diez euros de inversión que sale de España regresa a nuestro país después de haber pasado por algún paraíso fiscal con jugosas ventajas. Así es que, paradójicamente, España es el segundo inversor extranjero en España», reseña el documento.

El informe recogía una mención especial a las empresas del Ibex 35 que tenían presencia en territorios «offshore». La presencia de las grandes empresas del selectivo en paraísos fiscales pasó de 561 filiales en 2012 a 810 sucursales en 2013, un aumento del 44%. Todas, salvo Indra, tienen filiales en algún país de baja tributación. La definición que hace Oxfam de paraíso fiscal en este caso incluye los territorios que habían sido catalogados como tal por España desde 1991 a los que añade los del Parlamento Europeo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la ONG, Tax Justice Network.

«Hay direcciones en Delaware (EE.UU.) en las que residen cientos de filiales según los libros», asegura Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.

Frente a esta situación, desde el año que viene, la OCDE obligará a las multinacionales a informar de sus ingresos, beneficios e impuestos país por país siempre que sus ventas superen los 750 millones de euros. España lo legislará en el próximo reglamento del Impuesto de Sociedades , que se aprobará antes del mes de julio.

«A la hora de luchar contra la optimización fiscal, la OCDE y la UE han avanzado en los últimos años. Sin embargo, estos progresos no se están dando al mismo nivel para acabar con el secreto bancario o la evasión de patrimonios», añade Ruiz.

Porque la lucha contra la ocultación de patrimonios avanza a ritmo de «blues». Hace unas semanas salieron a la luz las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario francés «Le Monde» sobre la lista de clientes de la filial suiza del HSBC que filtró el informático Hervé Falciani. Su publicación reveló que había 1.800 millones de euros de españoles en 3.237 cuentas de esta entidad hasta 2007 . En varios casos, eran cuentas declaradas y legales, pero en otros se trataba de patrimonio sin regularizar.

«La lista Falciani es una buena foto de la situación del pasado. Afortunadamente hemos hecho grandes avances para que estas prácticas no se repitan», asegura por teléfono desde París, Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.

El organismo ha adoptado un modelo estándar de intercambio de información individual que han firmado países como Suiza. Ahora avanza al intercambio automático de información, que se aplicará de forma efectiva desde 2017 y 2018 en más de 50 países. Acceso instantáneo frente a la petición caso por caso de antaño.

Algunos progresan más rápido. Estados Unidos ha sido el gran motor contra el secreto bancario en los últimos años. Así se volvió a demostrar hace unos días, cuando el Banco de España intervino Banco de Madrid . La decisión del supervisor se produjo después de que EE.UU. acusara a la matriz de la entidad, Banca Privada de Andorra, de blanquear dinero. Entre los clientes del banco estaban el cabecilla de varias organizaciones criminales rusas, Andrei Petrov , o el mafioso chino, Gao Ping . Ambos fueron detenidos en España hace años.

«A raíz de los atentados del 11 de septiembre, EE.UU. comenzó a aplicar medidas muy efectivas contra los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero», describe José María Peláez, expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda.

El papel de Washington ha sido determinante para combatir el anonimato de los poseedores de cuentas bancarias. EE.UU. ha puesto en marcha la Ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) que obliga a todas las entidades bancarias a proporcionar información sobre los ciudadanos norteamericanos que posean cuentas bancarias en el extranjero.

En caso contrario, el país aplica un 30% de retención sobre determinados pagos realizados a entidades e individuos que no cumplan con esta ley. Además, EE.UU. ha tomado medidas penales contra bancos y directivos que incitaban al fraude y ha pagado a delatores.

Desde el prisma de la OCDE no existen sanciones para los estados o entidades que no colaboren con el organismo, subraya Peláez como gran diferencia. En la UE la división ha sido protagonista. Finalmente habrá intercambio automático entre países en 2017 salvo para Austria y Luxemburgo, grandes oponentes a la medida que se incorporarán en 2018.

En los últimos años, España ha aligerado su lista de paraísos fiscales al firmar con muchos de ellos convenios para evitar la doble imposición y acuerdos de intercambio de información. En la actualidad, el listado de 48 países ha adelgazado a 33, según un informe de la Dirección General de Tributos. Entre los estados que han salido de la lista están Andorra, Luxemburgo o Panamá. Saint-Amans reseña el caso de este último estado, uno de los pocos que no se ha comprometido con el intercambio automático de información de la OCDE.

En la práctica las diferencias persisten hasta dentro de varios años. «En el caso de países como Andorra o Suiza con los que hay acuerdos, la petición de información debe ser justificando muy mucho las razones», advierte Peláez. Hace unos meses, de hecho, la Justicia andorrana condicionó la entrega de datos de cuentas bancarias de la familia Pujol a que las autoridades españolas la utilizasen sólo si se investigaba un delito de blanqueo vinculado a corrupción o apropiación indebida. Si las pesquisas estaban relacionadas con delitos fiscales, no era suficiente para obtener la información.

A pesar de las apariencias, los avances llegan poco a poco. En tres años Andorra también adoptará el intercambio automático de datos de la OCDE con España. Y para entonces, las multinacionales deberían haberse «desnudado fiscalmente» país por país.

«La Gran Recesión ha provocado la reacción de los estados contra la evasión fiscal», valora Saint-g-20Amans al recordar cómo en 2009 los países reunidos en el G-20 de Londres proclamaron la agonía del secreto bancario y los paraísos fiscales. Sin embargo, los seis años de crisis que han transcurrido desde entonces han demostrado que ambos conceptos siguen muy vivos.