Fomento flexibiliza el canon ferroviario para fomentar la entrada de empresas privadas

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el objetivo del nuevo sistema de cánones es incrementar el uso de la red de ferrocarriles española (que cuenta con 15.215 kilómetros de longitud, de los cuales unos 3.000 son de alta velocidad), tanto en el ámbito de viajeros como en el de mercancías.

Según Pastor, la nueva ley consolida el rigor en la planificación y construcción de nuevas infraestructuras y propicia la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad mediante la mejora de la calidad y el aumento de la oferta. De esta forma, Fomento pretende que«cada vez más españoles puedan disfrutar de los beneficios que lleva aparejada la alta velocidad».

La nueva ley adapta, además, la normativa a la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria -organismo independiente que iniciará su actividad el próximo 1 de abril-, reforzando todos los mecanismos relativos a la seguridad.

También refuerza los mecanismos para una planificación «rigurosa» de las infraestructuras ferroviarias, exigiendo que existan las fuentes de financiación suficientes, para lo que se establecen tres instrumentos. Fomento desarrollará la «Estrategia Indicativa» como instrumento de planificación de la infraestructura (desarrollo, mantenimiento y renovación), a partir de la cual los administradores de infraestructuras (Adif, Adif-AV) elaborarán un «Programa de Actividad», que deberá recoger la previsión de actuaciones a realizar y una previsión orientativa de sus cánones para los próximos cinco años.

Asimismo, Fomento y Adif suscribirán un convenio que establecerá los objetivos a alcanzar por el administrador de infraestructuras ferroviarias y las aportaciones económicas del Estado.

La nueva ley busca también mejorar la competitividad del transporte ferroviario de mercancías, liberalizando los servicios que se prestan en las terminales ferroviarias públicas, lo que supondrá una reducción de costes y simplificando el régimen tarifario y de las autorizaciones necesarias, entre otras medidas.

En materia de transporte de viajeros, se imponen a los operadores condiciones para garantizar un funcionamiento transparente del mercado, como son la obligación de aportar a Fomento información estadística y contable.

A ello se suma la obligación de llevar cuentas separadas entre las actividades de mercancías y viajeros, y dentro de estos últimos, entre los servicios comerciales y los declarados de obligaciones de servicio público. Además, se establece que las empresas deben contar con un plan de asistencia a víctimas y se recogen los derechos de las víctimas de accidentes.

Por último, se plantea un régimen sancionador más proporcional, reforzando las sanciones sobre derechos de los pasajeros y aspectos relacionados con la seguridad. A partir de ahora, se abre un trámite de audiencia pública con todos los actores del sector y, tras el análisis de todas la alegaciones recibidas, se elaborará un nuevo texto que se remitirá en abril al Consejo de Estado y, posteriormente, de nuevo a la mesa del Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de los Diputados.