Fomento bajará los cánones del AVE a Levante para facilitar la liberalización

Estos incentivos, a los que también optará el operador público (Renfe), estarán dirigidos exclusivamente a aquellos tramos de la red que se abran a la competencia y decrecerán en los sucesivos ejercicios, según detallaron a ABC fuentes conocedoras del proyecto.

El Ministerio de Fomento estudia dos alternativas: O fijar una bonificación que iría disminuyendo a medida que avancen los años, y que aumenten los pasajeros, o fijar una bonificación constante a lo largo de los 7 años que dure el contrato.

El proyecto de liberalización, que se puso en marcha el pasado mes de junio, recoge que el primero en abrise a la competencia durante un plazo de siete años será el «corredor del Levante» (tanto convencional como alta velocidad), que comprende entre otros los servicios de AVE entre Madrid y Valencia, Alicante y Cartagena.

Asimismo, solo se permitirá la entrada de una compañía privada, que competirá directamente con Renfe mediante la concesión de un «título habilitante», autorización que saldrá a concurso público una vez que los pliegos de licitación cuenten con el visto bueno del Consejo de Estado.

Las compañías interesadas en participar en el proceso -una larga nómina de empresas entre las que se encuentran ACS, Ferrovial, Planeta, Globalia (Air Europa), Acciona, Comsa y Alsa- habían pedido de manera insistente un recorte de los cánones. Tras haberse disparado durante los últimos ejercicios, esta partida de gasto amenazaba con convertir en inviable el negocio, a juicio de los empresarios, que solicitaban al Gobierno una rebaja de entre el 30% y el 40%.

De hecho, para la propia Renfe se había convertido en un fuerte lastre en su cuenta de resultados: durante los últimos cinco años, en correspondencia con el drástico recorte presupuestario, estas tasas se elevaron en 250 millones, hasta alcanzar 577 millones durante el año 2014. De haber mantenido esta tendencia al alza, el Gobierno se arriesgaba a encontrarse con una pobre presencia empresarial -se mencionaba, incluso, la posibilidad de un concurso desierto- en la licitación, que se llevará a cabo previsiblemente antes del próximo mes de julio.

Unas jornadas sobre el sector ferroviario celebradas por KPMG el pasado jueves marcaron el punto de inflexión para las compañías. Fuentes empresariales indican que, de manera, informal el Ejecutivo les trasladó su intención de incorporar una bajada de los cánones -información que, entonces, fue avanzada por el confidencial «Hispanidad»-, aunque no concretó ni la forma ni el contenido de dicha rebaja. Las bonificaciones ligadas al tráfico se añadirán al sistema de incentivos y penalizaciones por puntualidad, aprobado la semana pasada mediante una orden ministerial.

ADIF será el encargado de determinar la cuantía de estas bonificaciones, que deberán recibir posteriormente el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno y del Ministerio de Hacienda. El administrador de las infraestructuras ferroviarias se había mostrado hasta ahora renuente a aceptar esta medida. El presidente de la sociedad, Gonzalo Ferre, se opuso públicamente a la rebaja argumentando que un descenso de esta tasa supondría «subvencionar con dinero del contribuyente actividades de terceros». Admitió con resignación, sin embargo, que la última palabra le correspondía al Ejecutivo. «Si el Gobierno lo decide lo haremos pero, en principio, no parecería razonable», zanjó.

Si finalmente el Ejecutivo aprueba la propuesta de Fomento, ADIF deberá transigir y tomar las riendas de una medida que reducirá su cuenta de resultados. Para ello, se estudia dotar de rango normativo a dichos incentivos, que la compañía pública deberá especificar antes de que se den a conocer las condiciones de los pliegos de licitación y los precios que exigirá Renfe por el alquiler de los trenes. Además, con el fin de dotar de mayor transparencia al proceso -y, de paso, responder a otra de las reclamaciones de las firmas privadas- Renfe Operadora dispondrá de una «contabilidad separada» para el corredor ferroviario de Levante, cláusula presente en el borrador de la orden ministerial.