El juez impone una fianza de 800 millones por la salida a Bolsa de Bankia

El magistrado les otorga a los imputados el plazo de un mes para que «depositen el dinero de cualquiera de las formas que permite el derecho». El objetivo de esta medida cautelar es asegurar «las eventuales responsabilidades que se puedan acordar en sentencia» si la Justicia acaba por considerar fraudulenta la salida a Bolsa de la entidad, que fue cuestionada por el informe de los peritos del Banco de España que trabajaron a las órdenes del magistrado.

El juez considera que, según la investigación llevada a cabo hasta el momento, existen indicios de que se ha podido cometer un delito de falseamiento de cuentas, tipificado en el artículos 282 bis del Código Penal, según el que son responsables aquellos administradores de una sociedad que falsearan la información contenida en el folleto de emisión de cualquier instrumento financiero, para captar inversores o depositantes.

Los estados financieros de Bankia y BFA «no expresaban la imagen fiel de dichas entidades» desde el momento de su constitución, lo que supone una falsedad, «al tratarse de un relato incompatible con la verdad», explica el juez en su auto. Con su saltó al parqué, Bankia captó más de 3.000 millones de euros entre pequeños minoristas e inversores institucionales, en un operación que fue calificada de «cuestión de Estado».

La cantidad de 800 millones ha sido elegida, precisamente, para asegurar las posibles indemnizaciones que puedan recaer en los pequeños inversores. El magistrado alega que el folleto informativo supuestamente falso estaba dirigido a los inversores minoristas, «pues las negociaciones con los inversores del tramo institucional tienen otro recorrido», ya que estos tienen más información de la inversión y de los riesgos debido a sus conocimientos más amplios.

Por ello, la fianza de 800 millones -sin perjuicio de salvaguardar los intereses de los inversores institucionales- pretende «asegurar las legítimas expectativas de los citados accionistas minoritarios». La cantidad es, así, «proporcionada, adecuada y justificada», pues se trata de una tercera parte del dinero que invirtieron los pequeños accionistas -unos 1.800 millones de euros- más el tercio que permite sumar la ley.

La inclusión de los exconsejeros Rato, Verdú, Norniella y Olivas se debe a que el magistrado les considera responsables del acuerdo que se adoptó en la reunión del consejo de administración de Bankia del 15 de junio de 2011, en el que se aprobaron los estados financieros que se incluyeron en el folleto informativo de la OPS, «cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios».