Competencia podría revisar las exigencias a Telefónica para compartir su fibra

Competencia sacó a consulta pública el pasado diciembre una propuesta de regulación del acceso mayorista de banda ancha fija en la que plantea, entre otras cosas, que el «operador incumbente» deba alquilar su red de fibra al resto de operadores, como Vodafone y Orange, a un precio regulado y en todo el territorio nacional salvo en nueve ciudades (Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Málaga, Móstoles, Sevilla y Valencia) en las que estima que las otras compañías ya han hecho también un despliegue suficiente y la competencia está garantizada .

Fuentes del sector creen que los populares han errado en las formas. Primero, por haber actuado precipitadamente, pues la propuesta está aún en fase de consulta y no ha sido refrendada. De hecho, y según fuentes del sector, la Comisión tendrá que ir actualizando sus datos disponibles, como los de consumo y ritmo de despliegue de las «telecos», y modificar el texto final, de forma que previsiblemente tendrá que elevar por ejemplo ese número de ciudades ya liberalizadas a más de nueve.

Tampoco habría sido acertada, según esas fuentes, la vía elegida por el PP, al usar una moción en lugar de presentar alegaciones en esa consulta pública o promover una legislación al respecto que sea de obligado cumplimiento para la CNMC. Es más, el PP argumenta que la regulación debe ir en línea con los objetivos de la nueva ley general de telecomunicaciones, que son fomentar la inversión y el desarrollo de las redes de nueva generación, tanto móviles (4G) como fijas (fibra).

«Una desproporcionada intervención regulatoria», esgrimen los populares en su iniciativa recurriendo al argumentario de la compañía presidida por César Alierta, podría suponer un desincentivo a la inversión de compañías como Vodafone, Orange y Jazztel porque optarían por prestar sus servicios a través de Telefónica. Y argumenta también que el antiguo monopolio, por su parte, dejaría de invertir este año 800 millones, lo que pondría en peligro los 10.000 puestos indirectos que a través de subcontratas está generando la instalación de esa red ultrarrápida de acceso a intenet. De hecho, el operador ya ha reducido el ritmo de despliegue actual, bajando de 5,5 a 3,6 millones los hogares a los que prevé dar cobertura con esa tecnología al cierre de este año.

La moción se ha interpretado en los ámbitos político y empresarial como una injerencia del PP, y por extensión del Ejecutivo popular, en el organismo supervisor y regulador, independiente y autónomo. Y es que la ley que crea la CNMC dice en sus artículos 2 y 3 que esta debe actuar con «autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las administraciones públicas y de los agentes del mercado» y «no podrá solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada».