El Tribunal de Cuentas acusa al Fogasa de dar prestaciones indebidas

El informe destaca la carencia de medios humanos del Fogasa para tramitar las prestaciones, situación que ha provocado sobrecostes, falta de oposición y control en los juicios, el posible abono de «prestaciones fraudulentas» y de pagos duplicados en el sistema de protección salarial, así como un bajo índice de cobro de deudas de empresarios y personas físicas.

Así, el Tribunal de Cuentas desvela que los letrados del Fogasa «son insuficientes», lo que provoca que solo asistieran a un 30% de los juicios en 2012 y 2013. De las vistas a las que asistieron, el 56% concluyeron con sentencias favorables a este organismo, «lo que denota que la asistencia a los juicios de los letrados es un instrumento eficaz para una más eficiente gestión de los recursos públicos».

El informe detalla varios casos en los que han podido existir pagos de «prestaciones fraudulentas». Como cuando una sentencia judicial reconoce la relación laboral entre el trabajador y la empresa a pesar de que aquel no está dado de alta en la Seguridad Social. «La asistencia de letrados del Fogasa al juicio en estos supuestos, aportando las vidas laborales de los trabajadores, podría impedir la sentencia favorable de estos y el consecuente reconocimiento de las prestaciones de garantía salarial». El número de trabajadores que en 2013 percibieron prestaciones de garantía salarial sin figurar en situación de alta en la Seguridad Social ascendió a 1.117, que percibieron 5,552 millones de euros.

También afirma que «la incomparecencia del organismo en un juicio puede suponer, sin más, la aceptación de las pretensiones del trabajador por parte del juez, lo que implica la existencia de un riesgo en la gestión de los fondos públicos».

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas critica la «encomienda de gestión» realizada por el Fogasa en agosto de 2013 a la sociedad Tragsatec para desatascar los miles de expedientes acumulados en ese organismo durante los últimos años. Sin embargo, el coste medio por expediente (181.000 casos) tramitado por Tragsatec fue de casi 22 euros, frente a los 1,85 euros brutos que abonó el Fogasa a los funcionarios que voluntariamente se prestaron para instruir expedientes fuera del horario laboral. «Si la ejecución de esa encomienda la hubieran realizado los propios funcionarios el coste habría sido de 274.281 euros, frente a los 3,267 millones» adjudicados a Tragsatec.

Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social subrayan que en 2014 se ha duplicado el ritmo de resolución de expedientes y que se ha resuelto el atasco de casos, abonando salarios e indemnizaciones atrasados a 158.181 trabajadores. En 2014 ha destinado al pago de prestaciones de garantía salarial 2.288 millones de euros, casi 1.000 millones más que en 2013. Al acabar ese año, había 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% más que en 2012.

Otra de las irregularidades que denuncia el Tribunal de Cuentas se refiere al «riesgo que existe de que el Fogasa no comunique al Servicio Público de Empleo Estatal la totalidad de los salarios de tramitación pagados a los trabajadores, por lo que se estaría produciendo el pago duplicado de prestaciones públicas por ambos organismos». Asimismo, el informe dice que de los 118.863 expedientes ordinarios de prestaciones de garantía salarial resueltos en 2013, el 75% se hizo con posterioridad al plazo de tres meses que marca la ley.