El proceso concursal tiene por objeto salvar las empresas que son viables

Así lo ha expresado en una entrevista con Ep, en la que defiende que la reestructuración de empresas y el proceso concursal no deben tener como objetivo salvar puestos de trabajo, sino hacer que las compañías que realmente son viables y solventes sobrevivan.

Algo que conlleva la necesidad de «reducir la oferta, el número de empresas y su capacidad de producción» para adecuar la situación actual de España a la caída del consumo que ha provocado la crisis económica. «Para crecer hay que destruir. Si no, tendremos una situación de ociosidad», advierte Martín, recordando además que también la liquidación genera empleo y riqueza.

Con todo ello, al final «la ley Concursal es tan buena o tan mala como cualquier otra», dice el presidente de Aspac, para quien lo realmente fundamental es «cómo se prepara» cada expediente de concurso, cómo se gestiona la insolvencia y, sobre todo, cuándo se declara la suspensión de pagos.

«No nos podemos permitir situaciones en las que, por no acudir a la protección que la propia ley da a las empresas, se acabe en un auténtico desastre. No podemos acabar en situaciones de concursos como el de Viajes Marsans por culpa de que no se acudió a la protección de la legislación concursal a tiempo y la pérdida fue mucho mayor para todos: los directivos, los acreedores y los trabajadores», explica.

Y continúa señalando que «si un empresario no prevé con el tiempo suficiente qué tiene que hacer para asegurar su permanencia en el tiempo con resultados positivos se acabará viendo arrastrado y las consecuencias son mucho peores».

Estas reticencias a la hora de acudir al concurso son algo propio de España, cree Martín, que señala que mientras en Francia se presentan de media unos 40.000 concursos anuales, en España apenas se llegó a los 7.200 en 2012, uno de los años más duros de la crisis. «El problema es nuestra falta de cultura de utilizar a tiempo una ley que protege a la empresa para salvarse o reestructurarse y reciclarse adecuadamente. Nuestra economía ha disminuido, hay empresas que tendrán que liquidarse para reducir la oferta, y habrá que ver cuáles son y cuáles no. Pero no por mucho modificar la ley se van a salvar más empresas. Se liquidarán más fácilmente o más dolorosamente, pero seguirá habiendo concursos de acreedores», avisa.

No obstante, el presidente de Aspac reconoce que hay algunas mejoras en el sistema que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo resolver la falta de medios en los juzgados y mejorar el procedimiento de sustitución de los funcionarios para que no se acumulen retrasos en los expedientes cuando cambia el responsable y tiene que ponerse al día de decenas de casos complicados a la vez.

Luis Martín tampoco es partidario de eliminar la figura del experto independiente que hasta ahora supervisa las cuentas antes del concurso, ni de mantener el carácter privilegiado de los créditos laborales, de Hacienda y de la Seguridad Social, porque van «en detrimento del resto de acreedores» y también perjudican la llegada de inversión. Una llegada de recursos que actualmente están protagonizando los llamados «hedge funds» o «fondos buitre», cuyo papel defiende el presidente de los administradores concursales, alegando que no es nuevo y que además aportan inversiones de expertos, muy especializadas y diversificadas sin arriesgar el dinero de los minoristas y ahorradores como sucede cuando son las entidades financieras tradicionales las que ocupan este espacio.

En este sentido, Martín rechaza que se juzgue el papel de los «hedge funds» por el número de puestos de trabajo que conservan o destruyen, ya que la función de estos fondos en el sistema económico actual es conseguir beneficios, aunque eso signifique liquidar una compañía, algo que puede ser necesario desde su punto de vista. En cualquier caso, el presidente de Aspac cree que lo fundamental es «no estar moviendo la portería cuando se va a tirar a gol» y permitir que la regulación se asiente, y mejorar la supervisión de los agentes económicos más que incrementar la normativa.