Andreu aplaza su decisión sobre si imputa a Goirigolzarri hasta oír a los peritos

Así ha respondido el magistrado de la Audiencia Nacional en una providencia a una de las acusaciones del "caso Bankia" que le pidió que llamara a declarar como imputados a los consejeros actuales de Bankia por falsificación de las cuentas anuales y de documentos mercantiles. El despacho Yvancos Abogados hizo esta petición a pesar de que las cuentas reformuladas no fueron avaladas por el actual equipo de la entidad, a excepción de Goirigolzarri, sino por los anteriores consejeros, que ya están imputados en el caso.

No obstante, Andreu ha acordado que no tomará una decisión al respecto hasta que no escuche a los dos técnicos designados por el Banco de España que elaboraron la pericial, a los que ha citado para ratificar sus conclusiones entre el 12 y el 16 de enero. Según su informe, l as cuentas de Bankia y de su matriz BFA del 2011 formuladas por Rodrigo Rato en marzo y las reformuladas por su sucesor no expresaban "la imagen fiel de estas entidades" debido, en ambos casos, "a la existencia de ajustes de importancia material no contabilizados".

En el caso concreto de las reformuladas, vieron "incorrecto el ajuste de los activos fiscales de BFA, 2.744 millones", así como los deterioros contabilizados, en concreto los referidos a saneamientos por 20.807 millones descontados 3.100 millones atribuibles al traspaso de activos al banco malo, Sareb. A juicio de los peritos, "es evidente que parte de estos deterioros eran anteriores a 2012", año en el que el nuevo equipo de Bankia reformuló las cuentas del ejercicio previo.

Las cuentas reformuladas de Bankia tampoco cumplieron la normativa del Banco de España debido a la existencia de errores contables al no considerar como morosos determinadas carteras y riesgo de promotores inmobiliarios. En los números de la matriz del grupo sucedió lo mismo y los peritos detectaron errores porque algunas carteras de créditos debían estar clasificadas ya como morosas, al igual que los motivos alegados para ajustar el valor de determinados activos inmobiliarios.

Por todo ello pusieron en tela de juicio que estas cuentas se aprobaran sin salvedades por Deloitte y el auditor Francisco Celma, quien dijo que cumplían con la normativa del Banco de España, "cuando la situación financiera consolidada y los resultados consolidados no se adecúan a las citadas normas".