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Ruz abre juicio oral al presidente de Damm por delitos fiscales y blanqueo

El juez le impone una fianza de 236,4 millones, que deberá abonar en 10 días, para asegurar su posible responsabilidad civil

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Último paso para el enjuiciamiento de los gestores de Damm. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó ayer la apertura de juicio oral contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce; contra su padre, Demetrio Carceller Coll; y contra dos imputados más, José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Pretus Labayen. El magistrado les atribuye trece supuestos delitos contra la Hacienda Pública y un supuesto delito de blanqueo de capitales.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión para Carceller hijo y padre. Solicita 14 años de cárcel para Carceller Arce -hijo- como cooperador necesario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de blanqueo de capitales; y 48 años de prisión para Carceller Coll -padre- como autor de trece delitos contra la Hacienda Pública y del blanqueo. Además, el Ministerio Fiscal pide penas de 19 años de cárcel para Serrano Flórez y de 42 años de cárcel para Pretus Labayen.

La investigación que llevó a cabo Ruz concluyó que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a los cuatro. Según el auto con el que cerró la investigación, los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), al impuesto de Patrimonio y al de Sucesiones. El cierre de la instrucción llegó después de que el Tribunal Supremo anulara un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la causa.

El auto del magistrado explicó que, al menos desde 1990, el imputado Carceller Coll ocultó su domicilio real en España para esconder sus rentas y patrimonio de la fiscalización de la Hacienda Pública. Lo hizo mediante estructuras fiduciarias ubicadas la mayoría en paraísos fiscales, «reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española».

Los implicados tendrán que hacer frente ahora, en un plazo de diez días, a diferentes fianzas que pretenden asegurar las posibles responsabilidades civiles y multas que solicitan las acusaciones. En concreto, Ruz impone fianzas de 236,4 millones a Carceller Arce; de 476,4 millones a su padre Carceller Coll; de 365,4 millones a Pretus Labayen; y de 244,3 millones a Serrano Flórez.

Fuentes cercanas a la cervecera aseguraron a Ep que la apertura del juicio oral es precipitada y que responde al «posible cambio de destino inminente» del magistrado Ruz, cuya plaza en el juzgado central de Instrucción número 5 ha sido sacada a concurso. Las mismas fuentes afirmaron que las últimas diligencias practicadas por Ruz se practicaron con una sorprendente celeridad.