El escándalo fiscal amenaza con acorralar a la Comisión Juncker

Después de la tensión en las audiencias de varios comisarios, en las que ha perdido a uno de sus vicepresidentes, Juncker se ha topado con un escándalo en su primera semana de gestión. Las peticiones de que comparezca ante el Parlamento Europeo se acumulan y no hace falta tener dotes proféticas para adivinar que los grupos de izquierda no dejarán de intentarlo hasta que lo consigan.

El Partido Socialista Español , que se desmarcó del voto a favor de la Comisión que propugnó su grupo parlamentario europeo, está ahora en primera fila exigiendo que Juncker acuda a la Eurocámara a dar explicaciones sobre una práctica que según un miembro del Ecofin es «muy difícil de explicar políticamente» a los ciudadanos, a los que se les han pedido esfuerzos terribles para aguantar los recortes presupuestarios de la crisis. El portavoz del grupo socialista, Gianni Pittella, ha dicho que «la credibilidad de Juncker está en juego» y que este debe demostrar «de qué lado está, si el de los ciudadanos o el de los defraudadores».

Según su portavoz, Margaritis Schinas, Juncker, «mantiene su compromiso» de luchar contra el fraude y la evasión fiscal desde su puesto de presidente de la Comisión y de promover desde allí reglas comunes para regular la tributación de las compañías que se aprovechan de las ventajas del mercado único europeo.

Schinas ha recordado varias declaraciones de Juncker en las que este ha hecho expresa su voluntad de « combatir la evasión fiscal y el fraude» antes incluso de «ser votado masivamente en el Parlamento Europeo» para ocupar este puesto. También ha reiterado que el jefe del Ejecutivo comunitario ha dado instrucciones a la nueva comisaria de Competencia, la danesa Margarethe Vestager, para que continúe investigando las posibles ayudas públicas ilegales a empresas a través de este régimen de privilegios fiscales en Luxemburgo, manteniendo, por supuesto, el compromiso de no intervenir en estas investigaciones.

El problema es que será muy difícil que la averiguación no se tope con el propio Juncker, que fue presidente del Gobierno luxemburgués y ministro de Economía entre 1995 y 2013, período en el que este país se convirtió en la base para que cientos de las empresas más grandes del mundo se beneficiasen de un tratamiento fiscal privilegiado y eludiesen así el pago de impuestos en otros países.

Para uno de los ministros más relevantes del Eurogrupo, «el verdadero problema no ha sido tanto este trato de favor hacia las empresas, sino el hecho de que haya sido a través de acuerdos secretos». En efecto, Irlanda o Malta han ofrecido a ciertas compañías un tratamiento favorable, esperando a cambio inversiones en puestos de trabajo, por ejemplo, pero siempre se trató de reglas aprobadas de forma pública y legal. En el caso de Luxemburgo, lo que acaba de desvelarse son un paquete de 360 acuerdos con empresas multinacionales que no habían pasado ninguna jurisdicción, sino que eran sencillamente fruto de un pacto entre la compañía y el Gobierno para pagar una cantidad insignificante.

El portavoz de Juncker ha indicado que si los eurodiputados «adoptan una posición que exprese la de la mayoría» para reclamar su presencia en la Cámara, es decir, si los grandes partidos que le apoyaron lo deciden, entonces el presidente de la Comisión está dispuesto a ofrecer «las explicaciones necesarias» a través de las instancias «adecuadas»..